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Los fiscales del Supremo consideran que se puede imputar por terrorismo a Tsunami Democràtic, Puigdemont y sus compinches

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Aunque tumbaron por mayoría aplastante el informe del ‘cambio de opinión’ de Redondo, la teniente fiscal de confianza de García Ortiz, previsiblemente lo validará

La Junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha tumbado el informe del fiscal Redondo y concluido por mayoría que existen de indicios para investigar por terrorismo a Tsunami Democràtic (12 fiscales a favor y 3 en contra).

También consideraron de forma igualmente aplastante (11 a favor y 4 en contra) que existen indicios que apuntan a que figuran entre los cabecillas de dicha organización el golpista fugitivo, Carles Puigdemont, y el diputado regional huido a Suiza, Ruben Wagensberg.

Se dio la circunstancia de que el fiscal Redondo, tras una reunión con el fiscal general elegido por Sánchez, cambió de criterio en 72 horas y elaboró un informe en sentido contrario a su dictamen inicial, pasando de considerar que existió terrorismo a descartarlo y negando que existan indicios suficientes para incriminar a Puigdemont.

Tras cuatro horas de reunión, la mayoría de la Junta de Fiscales se alineó con la exposición razonada del instructor del “caso Tsunami”, que insta al Supremo a investigar por terrorismo a los aforados Puigdemont y Wagensberg, así como a la fugitiva, Marta Rovira (ERC), por su relación con los disturbios en 2019 por la sentencia del “procés”.

A pesar del criterio demoledor de la Junta de fiscales, la teniente fiscal de confianza del FGE tiene la última palabra

Si bien el voto de la Junta de fiscales constituye otro revés a los planes de Sánchez, sigue decidido a pagar los siete votos de investidura con una amnistía a la carta que exonere los delitos de terrorismo, abriendo incluso la puerta a modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De nuevo, se usará una norma que rara vez se aplica para imponer el dictamen que tumbaron las votaciones de la Junta. Según recoge EP, el criterio mayoritario de la Junta votado hoy no es vinculante, porque los dos jefes de la sección mostraron posiciones enfrentadas.

En consecuencia, según el art. 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, será su superior jerárquico quien decida: la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde (persona de confianza del fiscal general).

Previsiblemente, Sánchez Conde fijará la posición sobre el asunto de la Fiscalía del Alto Tribunal siguiendo el informe de Redondo tumbado por aplastante mayoría en la Junta y después lo elevará a la Sala de lo Penal del Supremo.

Sin embargo, la decisión final de abrir una causa penal contra el prófugo queda en manos del magistrado Juan Ramón Berdugo.

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