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García Castellón ordena localizar al diputado regional de ERC que se mudó a Suiza al ser imputado en la causa Tsunami

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Ruben Wagensberg, el presunto ‘Konan’ de Tsunami, huyó de España alegando ansiedad por su investigación como supuesto cabecilla terrorista

El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha emitido un auto en el que ordena, entre otras diligencias relacionadas con la causa Tsunami, que la Guardia Civil localice a uno de los investigados, Ruben Wagensberg, quien posiblemente se encuentre en Suiza.

Ruben Wagensberg, diputado regional catalán por ERC, acaparó recientemente el foco informativo tras su espantada a Suiza después de su vinculación con el caso Tsunami (ocupación de El Prat y financiación de la organización, entre otros hechos investigados).

El investigado, que residiendo fuera de España y sin trabajar seguirá cobrando su salario del Parlament, se encuentra de baja por sus problemas mentales que él mismo reconoció agravados por su imputación.

Además, el magistrado ha instruido recabar información de la Agencia Española de Seguridad Aérea sobre la ocupación del Aeropuerto del Prat el 14 de octubre de 2019. Esta información será compartida con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para verificar si se ha llevado a cabo alguna acción al respecto.

El juez considera necesario ampliar la comisión rogatoria a Suiza para incluir información de AENA y Enaire que respalde la existencia de hechos susceptibles de tipificarse según el Convenio de Montreal de 1971 y el Protocolo de 1988.

El juez continúa su instrucción a pesar de la criminalización del gobierno y sus cómplices

El magistrado sigue realizando su trabajo a pesar de la criminalización que sufre por parte del gobierno y sus cómplices, políticos y mediáticos, y el reciente “cambio de opinión” del fiscal de la Audiencia que, tras la reunirse con el Fiscal General del Estado, emitió un informe rectificando 180 grados su dictamen inicial, donde sí consideraba terrorismo los delitos encausados.

El auto del magistrado recuerda que la imputación de los hechos a Tsunami como delito de terrorismo se estableció poco después de la apertura del procedimiento en octubre de 2019, y días después apreció que los hechos perpetrados pueden considerarse alteración grave de la paz pública, según recoge para los delitos de terrorismo el artículo 573 del Código Penal.

Asimismo, según ha recogido Confilegal, se ordena ampliar la comisión rogatoria para incluir el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ratificado por España y Suiza en 1999. También añade que las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y Estados Unidos ya mencionaban expresamente el delito de terrorismo.

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