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El Supremo anula el nombramiento de la socialista Valerio como presidenta del Consejo de Estado

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El Alto Tribunal considera que la exministra de Sánchez, Magdalena Valerio, incumple el requisito legal de ser ‘jurista de reconocido prestigio’

El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra de Trabajo socialista, Magdalena Valerio, como presidenta del máximo órgano consultivo de la nación, el Consejo de Estado, acordado en octubre de 2022. El Alto Tribunal considera que Valerio carece del requisito de “jurista de reconocido prestigio” exigido por la propia Ley Orgánica del Consejo de Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado un recurso de la Fundación ‘Hay Derecho’; los magistrados explican que Valerio reúne solo uno de los dos requisitos que fija la Ley para presidir el Consejo de Estado, contar con experiencia en asuntos de Estado, pero la ex ministra socialista carece de la condición de ser jurista de reconocido prestigio.

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El Alto Tribunal añade que el currículo de Magdalena Valerio “muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido. Desde luego, nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma”.

“Son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano”, señala el Supremo. “No hay excepción, ni matización y la razón de ser de ambas es asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación: prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado”.

Según subraya la sentencia, “la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se pronunció a favor del nombramiento de la Sra. Valerio Cordero”, apreciando su “idoneidad y la ausencia de conflicto de intereses“.

Sin embargo, añade: “ese juicio no es equivalente al que debe hacerse cuando es preciso determinar si quien comparece reúne o no la condición de jurista de reconocido prestigio”.

La Abogacía del Estado trató de deslegitimar a la Fundación ‘Hay Derecho’

Sobre la falta de legitimación de la Fundación recurrente, que alegó la Abogacía del Estado, el supremo considera que, primero, no se trata de una estructura vinculada a un partido, y que ” no son aplicables los criterios extensibles a organizaciones o entidades instrumentales, vinculadas formal o materialmente a los mismos”.

“En otras palabras, la Fundación ‘Hay Derecho’ no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social”, afirma la sentencia.

“Nos encontramos, por el contrario, con una fundación surgida autónomamente, que lleva constituida años durante los cuales viene desarrollando regularmente su actividad en pro del Estado de Derecho en diversos campos”, añaden los magistrados.

“Lo ha hecho, a menudo, en colaboración o con la ayuda de organismos públicos españoles e, incluso, con la Comisión Europea, la cual viene impulsando la profundización en el Estado de Derecho y la prevención de la regresión en sus principios esenciales mediante diversas iniciativas”, concluyen los jueces.

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