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El voto discrepante conservador contra la ‘amnistía’ del TC a Magdalena Álvarez

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Los magistrados conservadores alertan que el fallo del TC suplanta al Supremo, consagra la irresponsabilidad de los miembros del Gobierno y los sitúa por encima de la ley

Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) favorable a Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación por el Supremo -anticipado por Sánchez en un mitin-, los magistrados discrepantes del tribunal de garantías advierten que “la sentencia ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley”.

Para los cuatro magistrados discrepantes con la mayoría izquierdista del Constitucional, rebajar las condenas en “el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España” (saqueo socialista institucionalizado durante décadas de dinero destinado a parados andaluces) rectifica por primera vez al Tribunal Supremo “en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva”.

Además, añaden, “ocasiona un daño institucional difícilmente reparable”, porque “supone invalidar lo sentenciado sobre la causa de corrupción más importante de la historia reciente de España. Al mismo tiempo, han advertido de que genera un riesgo sistémico de impunidad”.

Los magistrados conservadores consideran que el recurso de amparo de Magdalena Álvarez debió desestimarse porque la condena no vulneró su derecho a la legalidad penal.

El Constitucional, convertido en tribunal de casación del Supremo

Uno de los citados magistrados subrayó una circunstancia llamativa, que la sentencia favorable a Álvarez no dedique “ni una línea a recoger la impecable argumentación desarrollada en la sentencia del Tribunal Supremo por la que considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación“.

Según alerta el magistrado, la sentencia del TC “consagra un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución, y sitúa a los miembros del Gobierno por encima de la ley, lo que derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al generar un riesgo sistémico de impunidad”.

La sentencia, el citado magistrado “cae en una argumentación ilógica y extravagante, al confundir una consejera con el Gobierno, apelar a las funciones del Gobierno para exonerar de responsabilidad penal a sus miembros por los delitos cometidos y reconocer a los miembros de gobierno impunidad contra lo dispuesto en la Constitución“.

Por último, el magistrado conservador advierte que la sentencia “debilita los fundamentos del Estado de Derecho, introduce causas de irresponsabilidad no previstas en la Ley, incurre en un exceso de jurisdicción que socava la posición institucional que la Constitución reconoce al Tribunal Supremo, debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros y supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción”.

De ladrones, a víctimas de montajes mediáticos y de los jueces

‘Confilegal’ ha recogido la información relativa al voto particular contra la sentencia de los 4 magistrados conservadores del TC, entregado a Sánchez por el PP, que forman parte de la ya famosa aritmética de sentencias favorables a las pretensiones del socialista por 7 votos a 4.

La minoría conservadora del TC votó contra el fallo que ordena a la Audiencia de Sevilla rebajar a Álvarez su condena de nueve años de inhabilitación. El TC ha devuelto las actuaciones a la Audiencia para que dicte una nueva sentencia que excluya los hechos relacionados con los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y sus modificaciones entre 2002 y 2004.

En otros términos, un TC integrado por juristas, que no por jueces, que tampoco forma parte de la jurisdicción ordinaria, rectifica la interpretación del Supremo de lo que es una conducta delictiva.

Esta sentencia, como anticiparon las declaraciones de la misma Magdalena Álvarez, abre la puerta a la exoneración de altos cargos socialistas condenados por los ERE y a instaurar el argumentario de que, en vez de ladrones y prevaricadores, eran víctimas de montajes mediáticos y de los tribunales.

Argumentario esgrimido estos días por Sánchez para perpetrar el golpe autoritario contra la prensa libre y la independencia judicial.

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