Denuncia ante Estrasburgo que el Tribunal Constitucional ha legitimado un sistema basado en la afinidad ideológica en lugar de los méritos y la capacidad
La Asociación de Fiscales ha presentado una demanda histórica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra las sentencias del Tribunal Constitucional que avalaron polémicos nombramientos en la cúpula de la Fiscalía General del Estado.
La organización mayoritaria en la carrera fiscal considera que estas decisiones consagran un sistema en el que “la afinidad ideológica prevalece sobre los méritos”, vulnerando los principios de imparcialidad y objetividad que deben regir la función pública, especialmente en el ámbito de la Justicia.
La demanda se centra en el caso de Eduardo Esteban, nombrado en dos ocasiones fiscal de Sala coordinador de Menores por la entonces fiscal general Dolores Delgado. El Tribunal Supremo anuló ambos nombramientos al considerar que existía una “enorme diferencia” de méritos a favor del otro candidato, José Miguel de la Rosa, un especialista contrastado en Derecho de Menores, frente a la nula experiencia de Esteban en esa materia.
Pese a ello, el Tribunal Constitucional (por seis votos a cuatro) revocó las sentencias del Supremo, defendiendo que se trata de una “actividad administrativa estrictamente discrecional” y que la fiscal general cuenta con un amplio margen para decidir según las “necesidades orgánicas y funcionales”.
La Asociación de Fiscales sostiene que esta doctrina del TC “desplaza los principios de mérito y capacidad” en favor de la discrecionalidad del poder político, vulnerando los artículos 6 (derecho a un proceso justo) y 14 (prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La acción de Conde-Pumpido
Además, cuestiona la imparcialidad del propio TC, al señalar la participación del presidente Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general y superior jerárquico de los implicados.
Esta iniciativa marca un hito: es la primera vez que la Asociación de Fiscales recurre directamente a la Justicia europea para denunciar lo que considera una politización sistemática de los altos cargos de la Fiscalía, una práctica que se habría mantenido con Delgado, García Ortiz y que continúa con la actual fiscal general, Teresa Peramato.
La demanda alerta de que esta dinámica no solo afecta a la carrera fiscal, sino que debilitan los estándares del Estado de Derecho al priorizar la lealtad ideológica sobre la especialización técnica y la independencia.
