La Asociación mayoritaria de fiscales avisa de la quiebra del Estado de Derecho si Sánchez negocia una amnistía a cambio de su investidura
La Asociación de Fiscales (AF) ha advertido a la UE sobre el peligro que corre el Estado de Derecho en España si Sánchez amnistía a los delincuentes de el ‘procés’ golpista catalán.
La AF, asociación mayoritaria en la carrera fiscal, remitió una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea, la polaca Vera Jourová, y al comisario de Justicia, el belga, Didier Reynders, donde pide que, si finalmente se aprueba una amnistía al ‘procés’, la UE intervenga para “garantizar el cumplimiento de los estándares europeos” en España.
En el documento, la asociación describió a los destinatarios el panorama político en España, contando que el expresidente de la Generalidad de Cataluña, el delincuente prófugo Carles Puigdemont, exige una amnistía de los delitos cometidos a cambio de los votos de Junts a la investidura de Sánchez.
“Esta condición ha sido expresamente descartada” por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no así por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la carta.
“A juicio de esta asociación, y al margen de consideraciones de carácter estrictamente político, la concesión de esta amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho en España y, por lo tanto, de los valores y principios que fundamentan la Unión Europea”, indica la misiva.
La AF urge a los comisarios de la UE a instar al gobierno en funciones de promover la amnistía a los golpistas
Con el fin de evitar un escenario de sanciones a una España con la legalidad en quiebra, la AF pide a los comisarios europeos que insten al gobierno socialista en funciones a que “se abstenga de promover una ley de amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la UE”.
La AF desgranó los motivos de tal conclusión: “la Constitución Española (CE) no menciona la amnistía en su articulado”, y esa circunstancia se usa “por los partidarios de esta medida como una habilitación para su aprobación”, aunque, en realidad, “no todo lo que no está prohibido expresamente en la CE está necesariamente permitido”.
Precisamente, recalcó la AF “las Cortes Constituyentes rechazaron expresamente dos enmiendas al borrador del texto constitucional en las que se pretendía introducir la amnistía como una potestad del Poder Legislativo en el ejercicio del derecho de gracia”.
Para la AF, “con la concesión de esta amnistía se desapodera a los jueces de la facultad para perseguir y enjuiciar delitos, y para ejecutar las penas impuestas”, por lo que “se trata, sin duda, de una injerencia de un poder del Estado (Legislativo) sobre las competencias de otro poder del Estado (Judicial), lo que requiere de una expresa habilitación constitucional”.
Deslegitimación por el gobierno de las decisiones judiciales
La carta añadió que, de aprobarse la maniobra de Sánchez, implica “la deslegitimación de la actuación del Poder Judicial“, pues “el Estado estaría reconociendo que las condenas ya impuestas, o los procedimientos en tramitación, no tendrían que haberse producido”.
El escenario es peor, si cabe, porque, tal como precisó la AF “la legitimación de las conductas ya enjuiciadas o pendientes de enjuiciamiento, fue expresamente descartada no solo por el Tribunal Supremo, sino también por el Tribunal Constitucional”.
Por otra parte, el TC se pronunció sobre la amnistía concedida en 1977, “que tenía por finalidad contribuir a la reconciliación nacional necesaria para superar la dictadura franquista y avanzar hacia un verdadero Estado social y democrático de Derecho”.
Leyes a medida, como precio de la investidura de Sánchez
“La amnistía de 1977, absolutamente decisiva para culminar la exitosa y admirada transición política española”, no guarda relación con la amnistía que ahora se plantea, advierte la asociación.
Lo que está negociando Sánchez, prosigue la carta, “no obedece a razones de Justicia, sino de pura conveniencia política, para obtener unos apoyos para una investidura, y sin que los posibles amnistiados se comprometan a no reiterar la conducta, que ahora se consideraría legítima”.
“El caso es particularmente grave por el hecho de que los votos de los beneficiados por la amnistía son absolutamente necesarios para que ésta se apruebe”. “Se trata, por tanto, de una ‘autoamnistía’, que beneficia no solo a los amnistiados, sino también a quien accede a su tramitación y aprobación, que se convierte así en presidente del Gobierno”, alertó la AF.
Por si no fuera suficientemente grave, la amnistía a la carta que se negocia “lanza un inequívoco mensaje discriminatorio, puesto que convierte a determinadas personas en inmunes a cualquier actuación judicial, en detrimento de otras que cometan los mismos hechos, que siguen siendo delictivos para el resto de los ciudadanos que no defiendan los postulados independentistas, con la consiguiente quiebra de los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica”.
En la misma línea, la AF alertó que “la amnistía puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquellas personas físicas y jurídicas que se hayan visto perjudicadas por estos delitos”.
“Lo cual es de una particular gravedad en el caso de los delitos de malversación de caudales públicos, tanto desde la perspectiva de los principios de prevención general y especial del Derecho Penal, como desde uno de los objetivos prioritarios de la UE como es la lucha decidida contra el fenómeno de la corrupción”, recalcó.
La amnistía de Sánchez cuestiona ‘toda la arquitectura jurídico institucional y el Estado de Derecho en España’
La carta, recogida por Confilegal, está fechada el 24 de septiembre y especifica que, “de concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España”.
Una circunstancia que exige “la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia”, resaltó la misiva, “sin descartar lo dispuesto en el artículo 7, en relación con el artículo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE)”, añadió.
El citado artículo 2 contempla la posibilidad de suspender “determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto”, cuando se constata “un riesgo claro de violación grave de los principios y valores comunitarios“, en alusión a la artimaña que pretende Sánchez con el único fin de comprar los votos separatistas para su investidura.
Se se produce la adulteración del marco legal español, la AF solicita que la UE considere aplicar “el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE, que alude a casos de “vulneración de los principios del Estado de Derecho de los estados miembros”.
