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La Asociación Profesional Independiente de Fiscales reprocha el seguidismo al Gobierno del Fiscal General

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Según la APIF, los abusos de García Ortiz en su funciones lo alejan de la figura constitucional de un fiscal general del Estado

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha criticado con dureza la orden del fiscal general del Estado en funciones, García Ortiz, a la Fiscalía de Barcelona pidiendo que le remitan aquellos procedimientos penales a criminales que encajen en amnistía, tal como acordaron PSOE y Junts como precio por el voto separatista en la investidura de Sánchez.

“Es la primera vez que un Fiscal General del Estado en funciones emite una orden atendiendo a los pactos firmados por Junts y PSOE. No ejercita sus funciones de forma correcta ya que la orden remitida se refiere a una mera proposición de ley orgánica que, en este momento, se encuentra en tramitación parlamentaria”, ha indicado la APIF.

Según la Asociación, aunque García Ortiz tiene base legal en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, “utiliza sus facultades de forma abusiva“, porque “aún no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que establezca la amnistía y que, por tanto, fije cuáles son los procedimientos que se van a beneficiar de esta medida de gracia”.

En consecuencia, detalla el comunicado, existe precipitación por parte de García Ortiz por ordenar a otro órgano del Ministerio Fiscal que le remita “la relación de procedimientos penales que pudieran estar encuadrados en la proposición de Ley Orgánica, ahora en tramitación legislativa”.

Fiscal General del Gobierno, no del Estado

Según concluye la Asociación, cualquier instrucción emitida por un miembro del Ministerio Fiscal debe estar enfocada en la seguridad jurídica, la cual se subordina tanto a la unidad de acción como a la dependencia jerárquica, y García Ortiz utiliza sus facultades de manera abusiva a favor del gobierno, distanciándose de su papel constitucional.

Según ha recogido Confilegal, la APIF sostiene que el procedimiento correcto que debió seguir el FGE consistía en encargar a la Inspección Fiscal y a la Secretaría Técnica que elaborasen una instrucción genérica para que se envíen a la Fiscalía General los procedimientos penales afectados por la Ley Orgánica de amnistía.

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