El Ministerio Público considera que el caso de David Sánchez por su polémico fichaje en la Diputación de Badajoz constituye un delito leve ya prescrito
En un nuevo giro en el caso que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, la Fiscalía del Sanchismo, como era de esperar, ha salido en su defensa solicitando su exclusión definitiva del banquillo. Según el Ministerio Público, los hechos por los que se le acusa —la aceptación de un nombramiento ilegal— constituyen un delito leve que ya habría prescrito.
El artículo 406 del Código Penal tipifica esta conducta con una pena de multa de tres a ocho meses, un plazo de prescripción de solo un año. La fiscal ha argumentado que no existe “conexidad material” ni “continuidad delictiva” que vincule la actuación de David Sánchez con los posibles delitos de prevaricación cometidos por altos cargos de la Diputación de Badajoz.
Delito instantáneo
“Es un delito instantáneo y netamente diferenciado”, subrayó la representante del Ministerio Público. De esta forma, la Fiscalía busca desgajar completamente la responsabilidad del hermano del presidente de las irregularidades que rodearon la creación de su puesto de trabajo.
Esta posición no solo beneficia a David Sánchez, sino que también alcanza al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La fiscal denunció que a Gallardo se le introdujeron hechos nuevos de forma sorpresiva en el auto de procedimiento abreviado sin haber sido previamente oído, lo que vulneraría su derecho fundamental a la defensa. “Nadie puede ser acusado sin que se le haya oído”, recalcó.
Indicios suficientes
La Audiencia Provincial de Badajoz ya había decidido abrir juicio oral al apreciar indicios suficientes. Sin embargo, este jueves se celebraron las cuestiones previas en las que las defensas solicitaron la nulidad de varias actuaciones, peticiones a las que ahora se ha sumado la Fiscalía.
Las acusaciones populares, como Manos Limpias, han rechazado estas pretensiones y han criticado que se ponga en duda la imparcialidad de los magistrados. “La sala ha sido impoluta en este procedimiento”, defendió su abogado.
Cloacas del PSOE
El caso ha estado rodeado de polémica desde sus inicios. Los autos judiciales han revelado supuestas maniobras desde las denominadas “cloacas” del PSOE para desestabilizar a la juez instructora, Beatriz Biedma, incluyendo intentos de obtener información comprometedora sobre ella a través de su exmarido.
Con esta intervención, la Fiscalía refuerza su papel de muro de contención en varios frentes judiciales que afectan al entorno del presidente Sánchez, generando un intenso debate sobre la independencia del Ministerio Público en causas de alto perfil político. La decisión final sobre las cuestiones previas se conocerá en los próximos días.
