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La Fiscalía pide 27 años para los CDR encausados por terrorismo en la ‘Operación Judas’

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Los acusados integraban, presuntamente, otro grupo terrorista paralelo al CDR que planeaba asaltar y ocupar el Parlamento de Cataluña

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de hasta 27 años de prisión para los 12 presuntos terroristas separatistas del CDR, encausados en la llamada “Operación Judas” , por delitos de pertenencia a organización terrorista, estragos y tenencia, depósito y fabricación de explosivos.

Los acusados integraban, presuntamente, un “Equipo de Respuesta Táctica (ERT)” formaba una organización terrorista paralela al CDR con el objetivo de perpetrar atentados con explosivos y sustancias incendiarias y otras acciones violentas.

Los encausados podrán acogerse a la amnistía de Sánchez a sus cómplices

El fiscal pide 27 años de cárcel para Eduardo Garzón Bravo, Esther García Yanet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomás Abueso, Alexis Codina Barberán, Jordi Ros Solá y Rafael Joaquín Delgado López.

El ministerio público también solicita 8 años de cárcel para Ferrán Jolis Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budria Altadill y Clara Borrero Espejo.

Los presuntos terroristas encausados podrán acogerse a la amnistía que negoció Sánchez con sus cómplices parlamentarios como precio de los siete votos que necesitaba para su investidura.

Un grupo terrorista paralelo dentro de los CDR

Según ha recogido este viernes Confilegal, el fiscal de la Audiencia Nacional sostiene que los individuos acusados se integraron el llamado “Equipo de Respuesta Táctica (ERT)” dentro de los CDR.

El representante del Ministerio Fiscal explica que el ERT “es una célula integrada por los acusados, un grupo reducido de individuos de diferentes CDR que evidencian una gran radicalidad“.

El objetivo de la célula desarticulada era lograr “la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España”.

El fiscal expone en su acusación que “como consecuencia del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, conocido como el 1-O”, se unió a las clásicas organizaciones independentistas una nueva, autodenominada CDR.

Pasados unos días tras el 1-O, añade el documento de la acusación, tras observar que no existía ninguna república catalana, el CDR organizó acciones diversas en la región, incluso de “carácter delictivo, existiendo abundantes diligencias penales contra militantes del CDR que habían participado en acciones y actividades ilegales”.

El texto precisa que, si bien “la razón de la creación de los CDR era asegurar la celebración del referéndum, en realidad dichos grupos o estructuras fueron concebidos con una finalidad que pretendía una existencia más allá de la citada fecha, lo que suponía adopción de la idea original de Poble Lliure”.

En otros términos, se trataba de “grupos compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional” al margen de “los cauces legalmente establecidos por el Estado de Derecho para las reivindicaciones políticas y sociales”.

Planeaban asaltar y ocupar el Parlamento de Cataluña

Entre la lista de delitos que recopila el texto de acusación, la fiscalía de la Audiencia Nacional señala que los acusados participaron en la creación de un centro de coordinación que asumía encargos del autodenominado CNI catalán.

La acusación sostiene que los acusados “conformaban una estructura jerarquizada, con reparto de roles y especializaciones, dotada de los medios adecuados y vocación de permanencia para la comisión de hechos delictivos como los que se describen”.

La principal tarea encomendada consistió de aportar la infraestructura necesaria para una acción terrorista consistente en ocupar y atrincherarse en el Parlamento catalán: “Como detalles acreditados del citado plan, la ocupación se realizaría por la puerta principal del ‘Parlament’ ya que, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior”.

Un grupo, en cooperación con el denominado CNI, proporcionaría seguridad e intendencia a los asaltantes “para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones”, resaltó la fiscalía de la Audiencia Nacional.

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