Andalucía está creciendo en población, pero detrás de ese incremento se esconde una realidad demográfica que refleja hasta qué punto la comunidad depende de la inmigración para compensar el desplome de la natalidad.
Nueve de cada diez nuevos habitantes incorporados a la población andaluza durante la última década son extranjeros. Así lo revela una información publicada por ABC, que analiza la evolución demográfica de la comunidad a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
Entre enero de 2016 y octubre de 2026, Andalucía ha ganado 403.477 habitantes, un crecimiento del 4,81%. Sin embargo, de ese incremento, 374.873 corresponden a población de nacionalidad extranjera, un aumento del 60,5%. Es decir, prácticamente todo el crecimiento demográfico de la comunidad durante estos diez años procede de la llegada de ciudadanos de otros países.
La evolución resulta especialmente significativa porque Andalucía mantiene un saldo vegetativo negativo: cada año se registran más fallecimientos que nacimientos. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población han convertido los movimientos migratorios en el principal mecanismo para evitar una pérdida de habitantes.
Según los datos recogidos por ABC, cerca de un millón de residentes en Andalucía no tienen nacionalidad española. La comunidad continúa por debajo de la media nacional en porcentaje de población extranjera, con un 11,32% frente al 15,06% del conjunto de España, aunque está recortando distancias a medida que aumenta la llegada de población procedente del exterior.
Marruecos, principal país de origen
La distribución de la población extranjera tampoco es homogénea. Almería es la provincia donde tiene mayor peso relativo, con 189.925 residentes extranjeros, aproximadamente el 24% de su población. Málaga, por su parte, concentra el mayor número absoluto, con 363.711 personas, el 19,95% de sus habitantes. En el extremo contrario se encuentra Sevilla, donde la población extranjera representa el 6,55%.
En cuanto a las nacionalidades, Marruecos ocupa la primera posición con 182.112 residentes, el 20,21% del total de extranjeros en Andalucía. Le siguen Reino Unido, con 82.624 personas (9,17%); Rumanía, con 71.456 (7,93%), y Colombia, con 63.003 (6,99%).
La inmigración también desempeña un papel importante en sectores como la agricultura, la hostelería, el turismo, la construcción y los cuidados. La llegada de trabajadores extranjeros ha contribuido a sostener la actividad económica y a compensar parcialmente el envejecimiento de la población activa.
Más habitantes, pero no hay más servicios públicos
Sin embargo, este crecimiento también está generando importantes desafíos. ABC señala que el aumento de habitantes no ha ido acompañado de una ampliación proporcional de los servicios públicos, las infraestructuras, el transporte y la vivienda. La mayor demanda residencial, sin una oferta suficiente, ha contribuido al encarecimiento de los precios y ha incrementado la presión sobre determinados territorios.
El 23,2% de la población será extranjera en 2050
Las previsiones demográficas apuntan a una transformación todavía mayor. Según el escenario medio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la comunidad alcanzaría los 9,36 millones de habitantes en 2050. Para entonces, la población nacida en el extranjero pasaría del 13,1% registrado en 2025 al 23,2%.
El envejecimiento será otro de los grandes problemas. En 2050, los mayores de 65 años representarían el 30,2% de la población, frente al 19,1% de 2025. La relación entre personas potencialmente activas y mayores de 65 años pasaría de 3,5 adultos por cada jubilado a apenas 1,9.
Las proyecciones también anticipan importantes diferencias territoriales. Málaga y Almería concentrarían buena parte del crecimiento, mientras Córdoba y Jaén perderían población.
La conclusión de los datos publicados por ABC es que Andalucía está consiguiendo frenar temporalmente su retroceso demográfico gracias a la inmigración, pero sigue sin resolver el problema de fondo: la falta de nacimientos. Un modelo que permite aumentar las cifras de población y sostener parte de la actividad económica, pero que plantea interrogantes sobre la capacidad de las administraciones para garantizar vivienda, servicios públicos e integración ante una transformación demográfica de semejante magnitud.

























