Recién llegados en patera y expulsados del centro de acogida, uno de los ilegales magrebíes ya tenía antecedentes por delitos similares
Visto para sentencia el juicio de los ilegales magrebíes acusados de violar en manada a una mujer irlandesa de 36 años en un parque de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, Gran Canaria.
La salvaje agresión sexual tuvo lugar el 26 de febrero de 2021, cuando la víctima paseaba por la zona del parque del barranco de Agua La Perra, una zona aledaña a uno de los complejos creados para alojar ilegales.
Según relató la mujer, el magrebí que responde a las iniciales A. L., se acercó a ella mientras en una zona cercana a su apartamento, donde volvía tras celebrar un cumpleaños. A.L. agarró del brazo a la víctima y la llevó hacia el resto del grupo.
Allí, la mujer se sintió intimidada y accedió a beber alcohol. Después, la tumbaron en unas mantas y, presuntamente, la violaron por turnos vaginal y analmente.
La víctima reside desde hace años en Canarias junto a su familia. Tras la violación, la víctima quedó en shock durante dos días. Cuando se recuperó, acudió a un hospital donde se le realizó el chequeo pertinente y luego fue a presentar la denuncia a la Guardia Civil.
Detenidos en 48 horas tras la violación
Gracias a la descripción de los ilegales, el Instituto Armado localizó y arrestó a los violadores marroquíes el domingo 28. Los agentes constataron que los magrebíes eran ilegales, acababan de llegar en patera a España y habían sido expulsados recientemente de los centros de acogida de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
Antes de pasar a disposición judicial, los ilegales magrebíes pasaron por una rueda de reconocimiento ante la víctima, que los identificó como los autores de, presuntamente, cinco agresiones sexuales. Se trata de R. E. nacido en 1997, A.L, nacido en 1999, H.E. nacido en 2000 y M.E. nacido en 1999.
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana decretó el ingreso en prisión sin fianza de los cuatro magrebíes acusados de la violación grupal. Además, uno de los ilegales ya tenía antecedentes por delitos similares por los que fue detenido y, posteriormente, puesto en libertad.
La defensa de los ilegales magrebíes intenta desacreditar a la víctima
En un desagradable pleno celebrado el pasado miércoles, las defensas de los ilegales magrebíes tratan de desacreditar a la víctima aludiendo presuntas contradicciones entre su relato y el informe médico, también pusieron en duda el propio informe y la credibilidad de la mujer, porque tardó dos días en ir al hospital y se mostró sumisa durante la agresión.
Según relata el Diario de Las Palmas, Las Provincias, la mujer corroboró que se mostró sumisa para evitar que se pusieran violentos, que la hicieran más daño y poder marcharse lo antes posible.
Aparte del informe médico, el Fiscal considera una prueba de cargo para los magrebíes que presumieron en WhtasApp, remitidos desde el móvil del acusado H. E., de haber “cazado” una “chica inglesa” a la que llamaban “conejita”. La defensa negó la prueba, porque el teléfono, presuntamente, “lo usaban todos”.
Por otra parte, la defensa de los ilegales también cuestionó la credibilidad del relato de la víctima porque había bebido en un cumpleaños y con los acusados, tratando de hacer girar el juicio sobre su presunto estado etílico. La víctima, por su parte, confirmó que había bebido, pero se encontraba bien y no ebria.
La defensa dijo que los moratones del interior de los muslos de la mujer pudo hacérselos ‘bailando’
Los ilegales magrebíes niegan que la violaran y uno de ellos, del que se encontró ADN en el lavado vaginal del a víctima, afirmó que las relaciones fueron consentidas. Las defensas también adujeron que los moratones en la cara interna de los muslos y antebrazos de la víctima se los pudo hacer “bailando” en el cumpleaños al que había asistido.
La jueza tuvo que llamar la atención a la defensa por el modo de interrogar a la víctima y el Fiscal también afeó esa estrategia. El Ministerio Público ha mantenido su petición de penas de entre 58 y 61 años de cárcel para los presuntos violadores magrebíes al considerar que existe prueba objetivada suficiente para condenarles.
