El Gobierno explica cómo cancelar los antecedentes penales y sexuales para nacionalizarse

El Ministerio de Justicia lanzó un tutorial para que los antecedentes penales y sexuales de un extranjero no le impidan pedir la nacionalidad

La Ley española contempla la cancelación de los antecedentes penales y sexuales. Que el propio Gobierno genere una avalancha de solicitudes de nacionalización y lance tutoriales para explicar a delincuentes condenados extranjeros cómo cancelar los antecedentes para pedirla, genera cuanto menos inquietud sobre el perfil de “nuevos españoles” a quienes dirige sus medidas.

La inminente excarcelación de un asesino en serie para el que no existen medidas de vigilancia y la avalancha de solicitudes de nacionalización generada por los cambios de la Ley de Memoria Democrática del gobierno antes de las elecciones, plantean un debate sobre la instrumentalización política del borrado de antecedentes penales, o los peligros que implica para la sociedad la reinserción de criminales peligrosos una vez excarcelados.

Campaña de cancelación de antecedentes penales y sexuales para solicitar la nacionalidad española

El ministerio encabezado por Pilar LLop animó el pasado año a los extranjeros mayores de edad, condenados por sentencia firme por cometer delitos, a que cancelen sus antecedentes penales y sexuales con el fin de despejar de obstáculos legales su nacionalización.

Para fomentar las nacionalizaciones y no generar más alarma social, el Gobierno eludió completar la frase “antecedentes penales y sexuales” en su campaña de Twitter. No obstante, en el videotutorial que enlaza se menciona explícitamente que también se incluye la cancelación de los antecedentes por delitos sexuales.

Cancelación automática de antecedentes penales y sexuales

Cancela tus penas sin que tengas que solicitarlo”, anima el tutorial en alusión a que, en 2021, el ministerio creó un sistema informático automatizado para la cancelación de oficio de “la mayoría de las penas que cumplen los requisitos marcados”.

​​​​​​De acuerdo con el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, “Todos los particulares condenados por sentencia firme que hayan extinguido su responsabilidad penal, tienen el derecho de obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes, que consten en el Registro Central de Penados, en los plazos que marca la Ley”.

Según la legislación vigente, los antecedentes penales no son vitalicios. El artículo 136 del Código Penal establece que, cuando un delincuente termina de cumplir su condena, si pasa un plazo de tiempo determinado sin la comisión de un nuevo delito, los antecedentes se eliminan de forma automática o por solicitud de parte.

Para dicha eliminación deben cumplirse una serie de plazos y requisitos, según la gravedad del delito y el tipo de pena impuesta por el tribunal.

De un modo similar, los condenados en sentencia firme por delitos sexuales que hayan cumplido su pena también tienen derecho a la cancelación de sus antecedentes. En estos casos, los requisitos específicos varían dependiendo de las edades, tanto de los agresores sexuales, como de sus víctimas.

La no cancelación de antecedentes causa un efecto negativo, según el Gobierno, porque los jueces pueden considerar en una sentencia la aplicación del agravante por reincidencia. Del mismo modo, el Ejecutivo considera que los antecedentes afectan de forma negativa a la reinserción en el ámbito laboral.

Hipocresía izquierdista con los antecedentes cancelados

Desde el Ministerio de Justicia, insistieron que “de no existir la cancelación de antecedentes penales, se marcaría a una persona con el estigma perpetuo de delincuente, pese a haber cumplido su condena”.

No obstante, durante esta legislatura ha quedado más patente que nunca la eterna hipocresía de la izquierda política y mediática ante personas con sus antecedentes cancelados. En esencia, estigmatizar o no al condenado de un delito depende para la izquierda de la filiación política de la persona y no de la existencia o no de antecedentes.

Un candidato conservador en Valencia, condenado hace 20 años por insultar a su ex mujer durante su divorcio, debe cargar con un estigma de por vida (a juicio de la izquierda) que lo inhabilita para la función pública. En cambio, un alto cargo socialista condenado por pegar a su ex mujer ha detentado importantes funciones en el PSOE vasco.

Del mismo modo, socios del gobierno como Bildu presentan a esos mismos comicios pistoleros terroristas condenados por asesinato, y los mismos inquisidores laicos han competido en su defensa de la reinserción de quienes “pagaron” su deuda.

Respecto a la extrema izquierda de Podemos y confluencias, estos han contado en su entramado o en sus listas con sujetos condenados por delitos que van desde asesinato, violación y pederastia, hasta atraco de bancos o agresiones, entro otros crímenes ignorados por la misma izquierda hiperventilada.