Carlos Hernández Quero, diputado de VOX por Málaga y portavoz nacional de Vivienda y Agenda Urbana, ha lanzado un duro mensaje contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en una extensa entrevista concedida a The Objective, en la que ha situado la inmigración masiva, la intervención del mercado inmobiliario y la presión fiscal entre los principales factores que, a su juicio, explican el deterioro de las condiciones de vida de los españoles.
Una de sus declaraciones más contundentes se refiere a los grandes fondos inmobiliarios, a los que acusa de beneficiarse de las políticas impulsadas por el Ejecutivo socialista. «Los fondos votan al PSOE y a Sumar en este país», afirma Quero, que considera que las medidas presentadas como una defensa de los inquilinos han terminado favoreciendo a quienes disponen de mayor capacidad económica.
El diputado sostiene que las regulaciones sobre el alquiler han reducido la oferta de viviendas disponibles, han endurecido los requisitos exigidos a los candidatos y han dejado fuera precisamente a los colectivos con menos recursos. «Les traen clientes ilimitados y bloquean que otros puedan poner casas en el mercado», resume al referirse a las consecuencias que atribuye a las políticas de fronteras abiertas y a la legislación sobre vivienda.
La derogación íntegra de la Ley de Vivienda
Quero no deja margen a la ambigüedad sobre lo que haría VOX si tuviera capacidad para intervenir en una futura política de Gobierno. «La Ley de Vivienda será derogada de su primera letra a su último punto», asegura.
A su juicio, la normativa ha provocado una desaparición de buena parte de la oferta de alquiler de larga duración, al generar inseguridad entre los propietarios y empujarles hacia otras modalidades, como los alquileres de temporada, por habitaciones o la retirada de sus inmuebles del mercado.
El diputado pone el foco en los llamados «inalquilables», jóvenes y trabajadores que, pese a disponer de ingresos, no consiguen acceder a una vivienda porque no cumplen las exigencias económicas y laborales que imponen muchos propietarios.
Según la cifra del INE que menciona en la entrevista, 3,2 millones de personas buscaron vivienda sin éxito el año pasado. Quero describe las consecuencias sociales de esta situación: parejas que no pueden independizarse, jóvenes que continúan viviendo con sus padres, trabajadores obligados a compartir piso o personas que tienen que desplazarse a otras localidades para encontrar un alquiler asumible.
Frente a esta situación, VOX plantea recuperar la seguridad jurídica de los propietarios, garantizar el cobro de las rentas y facilitar la recuperación de la posesión de los inmuebles en caso de impago. Su argumento es que una mayor seguridad para los arrendadores permitiría aumentar la oferta disponible.
La inmigración, vivienda y servicios públicos
Uno de los aspectos más polémicos de la entrevista es la relación que establece Quero entre inmigración y deterioro de los servicios públicos. El portavoz de VOX considera que el debate político está dejando fuera una cuestión fundamental para comprender los problemas que afectan a los trabajadores españoles.
«La inmigración ha sido el gran recorte de lo público», afirma. En su opinión, la entrada de millones de personas en los últimos años ha incrementado la demanda de vivienda, transporte, sanidad y educación sin que la capacidad de estos servicios haya crecido al mismo ritmo.
También sostiene que la llegada de mano de obra barata ha contribuido al estancamiento salarial y acusa a los grandes empresarios de defender políticas migratorias que les permiten disponer de trabajadores con menores costes laborales.
«No se puede estar hablando de trabajo y salarios sin hablar de inmigración, porque precisamente es la importación masiva de mano de obra barata durante años y años lo que ha llevado al estancamiento salarial en España», señala.
Control de fronteras
Quero extiende sus críticas a la situación de la sanidad y la educación. Habla de profesionales sanitarios que no pueden atender a sus pacientes en las condiciones deseadas, de profesores que afrontan aulas con demasiados alumnos y de familias que recurren cada vez más a servicios privados ante las dificultades que encuentran en los públicos.
En este contexto, defiende un control mucho más estricto de las fronteras y un proceso de remigración para quienes se encuentren en situación irregular, cometan delitos o, según sus planteamientos, vivan de ayudas públicas sin trabajar. Se trata de una de las líneas centrales del programa migratorio de Vox.
Impuestos cero para la primera vivienda y más construcción
La propuesta económica de Quero incluye también una reducción drástica de los impuestos asociados a la compra de vivienda. El diputado considera que la carga fiscal supone una barrera especialmente difícil de superar para los jóvenes y las familias que intentan acceder a su primer inmueble. «La primera vivienda, seguramente la única que llega a tener una familia a lo largo de su vida en España, no puede tener impuestos», defiende.
El portavoz de Vox recuerda que las entidades financieras suelen financiar hasta el 80% del valor de una vivienda, por lo que el comprador debe reunir el 20% restante, además de afrontar el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales, según corresponda.
También reclama reformar la Ley del Suelo, simplificar las licencias urbanísticas y eliminar trabas burocráticas que, a su juicio, retrasan durante años la construcción de nuevos inmuebles. En este sentido, denuncia que desde que un terreno pasa de rústico a urbanizable hasta que se entregan las llaves de las viviendas pueden transcurrir más de diez años.
Vivienda protegida y crítica a la gestión pública
Otro de los puntos destacados es la recuperación de la vivienda protegida. Quero asegura que su producción ha caído un 95% respecto a los niveles de décadas anteriores y recuerda que durante los años sesenta se construían más de 200.000 viviendas protegidas anuales, frente a las poco más de 10.000 que, según sus datos, se levantan actualmente.
Además, reclama una auditoría del patrimonio inmobiliario público y critica la gestión de los inmuebles procedentes de la Sareb y de las administraciones públicas. «No se sabe ni dónde están ni cuántos son, ni en qué estado están, ni los que están alquilados», denuncia.
También cuestiona que determinadas viviendas sociales permanezcan adjudicadas durante décadas a las mismas familias, incluso cuando sus circunstancias económicas hayan cambiado. A su juicio, estas ayudas deberían tener carácter temporal y servir para facilitar que las personas con dificultades puedan recuperar su autonomía económica. «El mayor enemigo de lo público son aquellos que están todo el día reivindicando lo público», sentencia.
Una crítica a la política económica del Gobierno
En materia fiscal, Quero sostiene que las administraciones recaudan al menos 52.000 millones de euros anuales asociados a la vivienda, una cantidad que, según sus cálculos, multiplica por siete la inversión pública en este ámbito. Considera que el problema no es la falta de recursos, sino las prioridades de gasto del Ejecutivo.
También rechaza los controles de precios del alquiler y advierte de que pueden provocar que los propietarios retiren sus viviendas del mercado o eleven los requisitos de acceso para compensar la inseguridad que perciben.
La entrevista concluye con una reflexión sobre el modelo de desarrollo urbano. El diputado defiende recuperar una política de construcción que permita aumentar la oferta, pero advierte de que no basta con levantar edificios: también hacen falta transporte, infraestructuras y una red eléctrica capaz de soportar el crecimiento. «En tiempos de escasez hay que volver a apostar por lógicas de abundancia», resume.

























