Pedro Sánchez ha sufrido este viernes una de las derrotas parlamentarias más relevantes de los últimos meses. El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley sobre vivienda aprobados esta misma semana por el Consejo de Ministros y vinculados políticamente a la respuesta del Ejecutivo a las protestas surgidas tras el desahucio de Maricarmen Abascal.
Ninguno de los dos textos ha conseguido superar la Cámara. El primero ha sido rechazado por 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que la segunda votación ha ampliado todavía más la diferencia: 166 diputados han votado a favor y 184 en contra.
Los 350 diputados han participado en ambas votaciones y no se han registrado abstenciones.
La derrota se ha producido pese al último intento del presidente del Gobierno por modificar el resultado. Pedro Sánchez ha intervenido por sorpresa en el Congreso antes de las votaciones para defender las medidas y dirigirse directamente a los partidos que habían anunciado su rechazo.
No ha conseguido convencerlos.
Junts hace caer el primer «decreto Maricarmen»
La votación más ajustada ha sido la del Real Decreto-ley 26/2026, que concentraba la mayor parte del paquete extraordinario de vivienda.
El Gobierno había conseguido reunir 172 votos, pero necesitaba que Junts modificara su posición para sacar adelante el texto. Los siete diputados de la formación independentista catalana mantuvieron finalmente su rechazo y elevaron el bloque contrario hasta los 178 votos.
La diferencia fue de apenas seis votos.
El texto incluía un amplio conjunto de medidas relacionadas con la vivienda, entre ellas un régimen temporal de suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, nuevas reglas relacionadas con los grandes tenedores, limitaciones temporales a determinadas adquisiciones inmobiliarias y modificaciones fiscales.
También incorporaba cambios en IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI y plusvalía municipal, además de actuaciones destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible.
El decreto establecía asimismo medidas de protección de determinados arrendatarios y pretendía mantener hasta 2030 algunas de las protecciones extraordinarias frente a desahucios.
Todo ese paquete ha quedado derogado al no superar la convalidación del Congreso.
Sánchez interviene por sorpresa para intentar salvarlo
El Gobierno llegó al pleno sabiendo que los números no eran suficientes, pero mantuvo los dos decretos y realizó un último intento para convencer a los grupos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió expresamente a Junts que reconsiderara su posición. Ofreció que el primer decreto fuese convalidado y posteriormente tramitado como proyecto de ley, lo que habría permitido a los grupos presentar enmiendas y modificar diferentes aspectos del texto.
El movimiento no fue suficiente.
La tensión política aumentó todavía más cuando Pedro Sánchez decidió intervenir personalmente antes de las votaciones, algo que inicialmente no estaba previsto.
El presidente apeló directamente a PP y Junts y defendió que las medidas beneficiarían a millones de ciudadanos. Sánchez sostuvo además que los diputados tendrían que responder políticamente por el sentido de su voto.
Pero Junts mantuvo el «no» anunciado la noche anterior.
El segundo decreto recibe un rechazo todavía mayor
Si la derrota del primer texto fue ajustada, la del segundo ha sido mucho más amplia.
El Real Decreto-ley 27/2026 ha recibido únicamente 166 votos a favor frente a 184 votos en contra.
En esta ocasión, al rechazo de PP, Vox y Junts se han sumado otras formaciones que sí estaban dispuestas a respaldar parte del primer paquete, entre ellas PNV y Coalición Canaria.
El segundo decreto estaba dedicado específicamente a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
Su elemento central era una modificación del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos destinada a cambiar el funcionamiento de las prórrogas una vez agotada la duración mínima del contrato.
Tras los primeros cinco años de alquiler —o siete cuando el propietario fuese una persona jurídica—, el contrato podría continuar mediante nuevas prórrogas salvo que alguna de las partes manifestara su intención de ponerle fin conforme a las condiciones establecidas.
La norma introducía además nuevas obligaciones para los propietarios que decidieran no continuar con determinados contratos.
Era precisamente este segundo decreto el que llegaba al Congreso con mayores dificultades para reunir una mayoría.
El resultado final lo ha confirmado: 184 diputados han rechazado la medida, frente a los 166 que la respaldaron.
El Gobierno pierde todo el paquete aprobado esta semana
La doble derrota adquiere especial relevancia por el escaso tiempo transcurrido desde que el Consejo de Ministros aprobó las medidas.
Los dos decretos fueron aprobados el martes 29 de septiembre. Apenas tres días después, ninguno ha conseguido sobrevivir a su paso por el Congreso.
El Ejecutivo había optado por dividir las medidas en dos normas precisamente para facilitar mayorías parlamentarias diferentes.
El primer decreto agrupaba el grueso de las actuaciones sobre desahucios, fiscalidad, grandes propietarios y oferta de vivienda. El segundo aislaba la regulación de la continuidad de los contratos de alquiler, una cuestión sobre la que existían mayores discrepancias entre los propios socios parlamentarios del Gobierno.
La estrategia tampoco ha funcionado.
El primero ha caído por seis votos de diferencia. El segundo, por 18 votos.
Junts presenta su propio decreto de vivienda
La posición de Junts se ha convertido nuevamente en uno de los elementos centrales de la jornada.
La Ejecutiva de la formación decidió por unanimidad rechazar los dos textos después de considerar insuficientes las medidas negociadas con el Gobierno.
Junts sostiene que algunas de las intervenciones planteadas podrían reducir la oferta de vivienda disponible y trasladar a propietarios particulares responsabilidades que, a su juicio, corresponden a las administraciones públicas.
El Gobierno rechaza ese planteamiento y considera que las normas reforzaban la protección de los inquilinos y establecían mecanismos para actuar sobre los grandes operadores inmobiliarios.
Pero Junts no se ha limitado a votar en contra.
La formación catalana ha elaborado su propia propuesta de real decreto-ley sobre vivienda, un documento de 59 páginas que pretende utilizar como punto de partida para reabrir las negociaciones con el PSOE.
Su propuesta incorpora medidas fiscales, actuaciones relacionadas con los desahucios y modificaciones sobre otras cuestiones del mercado inmobiliario.
La pelota vuelve ahora al tejado del Gobierno, que deberá decidir si negocia un nuevo texto o busca una vía diferente para recuperar algunas de las medidas que han decaído este viernes.
Las protestas por Maricarmen precipitaron las medidas
La tramitación de los decretos se produjo en un contexto marcado por las protestas que siguieron al desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid.
Su caso desencadenó movilizaciones por la vivienda y posteriormente una acampada en la Puerta del Sol.
La presión social llevó la vivienda nuevamente al centro de la agenda política y el Gobierno aprobó esta semana los dos decretos que este viernes ha llevado al Congreso.
La rapidez del procedimiento ha terminado provocando una situación poco habitual: algunas de las medidas entraron en vigor tras su publicación en el BOE y han quedado derogadas prácticamente de inmediato al no conseguir la preceptiva convalidación parlamentaria.
Los denominados políticamente «decretos Maricarmen» han durado así apenas unos días.
La mayoría de investidura vuelve a romperse
Más allá del contenido concreto de las normas, las votaciones vuelven a evidenciar las dificultades del Ejecutivo para reconstruir la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez.
El resultado del primer decreto es especialmente ilustrativo: 172 frente a 178.
Los siete diputados de Junts habrían sido suficientes para modificar completamente el resultado de esa votación si hubiesen respaldado el texto.
En el segundo decreto, sin embargo, el problema del Gobierno era mayor. El rechazo adicional de PNV y Coalición Canaria provocó que la distancia aumentara hasta los 18 votos.
La sesión extraordinaria termina así con dos resultados inequívocos:
Primer decreto: 172 síes y 178 noes.
Segundo decreto: 166 síes y 184 noes.
Ninguna abstención.
El adelanto electoral entra en el debate
La doble derrota llega además en un momento de creciente incertidumbre sobre la duración de la legislatura.
Durante las horas previas a la votación diferentes informaciones han apuntado a que sectores del PSOE consideran que la imposibilidad de sacar adelante los decretos debería abrir una reflexión sobre un eventual adelanto de las elecciones generales.
También se ha publicado que el Ejecutivo estudia escenarios electorales y que el 29 de noviembre figura entre las fechas que se han manejado.
Por ahora, sin embargo, Pedro Sánchez no ha anunciado la convocatoria de elecciones ni existe una decisión oficial de disolver las Cortes.
Ese matiz resulta fundamental.
Lo que sí ha quedado definitivamente confirmado este viernes es la magnitud de la derrota parlamentaria: Sánchez decidió mantener los dos decretos, intervino personalmente para defenderlos y pidió a los grupos que reconsideraran su posición, pero el Congreso terminó rechazando ambos.
El Gobierno deberá decidir ahora si vuelve a negociar desde cero sus medidas de vivienda, acepta discutir el texto alternativo presentado por Junts o busca otras mayorías para recuperar parte de un paquete legislativo que apenas ha sobrevivido unos días.

























