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El Gobierno culpa a los antidisturbios de las cargas y el uso del gas lacrimógeno en Ferraz

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Interior niega la existencia de órdenes políticas y afirma que los agentes valoraron ‘in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar’

El Gobierno se desentiende de las actuaciones de los antidisturbios que estuvieron involucrados en el operativo del pasado 6 de noviembre en la calle Ferraz de Madrid. Esa fecha, unas 3.800 personas, según cifras oficiales, se manifestaron contra de los acuerdos de Sánchez con sus socios golpistas, y fueron dispersados por la UIP con una contundencia que no han empleado ni contra las algaradas vandálicas de grupos antisistema.

El ministerio del Interior y la Delegación de Gobierno niegan haber dado estas órdenes operativas, desentendiéndose de las actuaciones de los policías.

Según la versión de Interior, fueron los propios agentes quienes evaluaron “in situ y en el momento” las acciones a seguir, responsabilizando a sus propios policías, como si hubieran optado por su cuenta por realizar de forma coordinadas semejantes intervenciones contra los ciudadanos congregados en Ferraz.

Esta información está respaldada por un documento exclusivo en posesión de El Debate, fechado el 4 de diciembre y firmado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de su Dirección General de la Administración General del Estado. El documento es la respuesta a la cuestión planteada al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los antidisturbios usaron ‘fumígenos inocuos’

El informe de la intervención policial del 6 de noviembre señala tres arrestos: dos por agresión a agentes de policía y una tercera detención de una mujer por desobediencia. Los agentes utilizaron botes de humo (llamados “fumígenos inocuos”).

Además, en las últimas cargas, los antidisturbios también emplearon gas lacrimógeno al detectar la presencia de alrededor de 200 infiltrados con “estética ultra”, camuflados entre los manifestantes pacíficos convocados por tercer día consecutivo, según se explicó.

El uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes para dispersar la concentración generó malestar en los sindicatos policiales, quienes demandaron la destitución del delegado debido a las supuestas órdenes impartidas.

La situación terminó en una polémica actuación policial, con acusaciones de uso excesivo de la fuerza y gases lacrimógenos contra unos concentrados que, ni de lejos, incurrían en la violencia habitual de manifestaciones de antisistema, separatistas y de extrema izquierda, contra quienes no se empleó jamás semejante contundencia.

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