El Gobierno tiene previsto distribuir un total de 61.603 teléfonos móviles inteligentes en los colegios electorales del próximo 29 de noviembre para realizar la identificación de los votantes mediante el sistema DNI digital (MiDNI). Los dispositivos, contratados a Telefónica Defensa y Seguridad por más de siete millones de euros, cuentan con conexión a Internet, geolocalización y herramientas de control remoto.
La contratación de estos terminales ha generado interrogantes sobre sus garantías de seguridad, especialmente después de que el Tribunal Supremo solicitara al Ministerio del Interior documentación que demuestre que los equipos han superado las comprobaciones técnicas exigidas por la legislación vigente.
Según la documentación remitida a la Junta Electoral Central (JEC) y posteriormente al alto tribunal, los teléfonos deben disponer de sistema operativo Android, una capacidad mínima de almacenamiento de 128 GB y diferentes prestaciones técnicas para su utilización durante la jornada electoral.
El plazo concedido por el Supremo al Gobierno para acreditar el cumplimiento de estos requisitos vence este jueves. El requerimiento incluye tanto las garantías relacionadas con el sistema de verificación de códigos QR como las correspondientes a los propios dispositivos móviles.
Un contrato de siete millones de euros para 61.603 teléfonos móviles
El expediente de contratación recoge que Interior adjudicó el suministro de los terminales mediante un procedimiento de emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad.
Se trata del contrato ECG/21/2026, declarado de emergencia el 13 de octubre y formalizado el 21 de octubre. El importe total asciende a 7.000.455 euros, IVA incluido, y fue firmado por la directora general de Política Interior, Carmen López García.
Las condiciones técnicas establecen que los equipos deben ser teléfonos inteligentes Android preparados para un uso profesional intensivo.
Entre las características mínimas exigidas destacan:
- Procesador de ocho núcleos.
- Pantalla de 6,6 pulgadas.
- Cámara de 50 megapíxeles.
- Memoria RAM de 6 GB.
- Almacenamiento interno de, al menos, 128 GB.
- Sistema de seguridad con certificación EAL 5+ o superior.
- Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en categoría ALTA.
Sin embargo, el documento contractual no especifica la marca ni el modelo comercial de los dispositivos que recibirán las mesas electorales.
Estas especificaciones deberán estar respaldadas por la correspondiente documentación técnica que permita comprobar que los teléfonos suministrados cumplen efectivamente las condiciones establecidas en el contrato.
Teléfonos que verifican el DNI sin Internet, pero permiten el control remoto
Uno de los aspectos que centra la atención del expediente es la combinación de dos características aparentemente contradictorias: por un lado, la verificación de los códigos QR debe realizarse sin conexión a redes externas y, por otro, los terminales disponen de conexión móvil y herramientas de administración remota.
El apartado 7.5 del pliego de condiciones establece expresamente que la lectura y comprobación de los códigos QR se efectuará directamente en el teléfono, sin necesidad de utilizar datos móviles, redes Wi-Fi ni ninguna otra conexión externa.
No obstante, el contrato también contempla la instalación de líneas de voz y datos, así como una plataforma centralizada para gestionar los dispositivos a distancia.
Entre las funciones previstas figura la posibilidad de visualizar y controlar la pantalla de cada teléfono en tiempo real, incluso cuando se encuentre funcionando en modo kiosco.
Además, el sistema permite realizar diferentes operaciones de administración:
- Instalar y actualizar aplicaciones de manera remota.
- Ejecutar comandos sobre los dispositivos.
- Consultar la geolocalización de los terminales.
- Acceder a la pantalla del teléfono para prestar asistencia técnica.
Estas herramientas pueden facilitar la gestión de los equipos y la resolución de posibles incidencias durante el proceso electoral. Sin embargo, también plantean cuestiones relacionadas con la protección de la información y el acceso remoto a los dispositivos.
Que la comprobación del DNI digital se realice sin conexión a Internet no significa necesariamente que el teléfono no pueda almacenar información ni transmitirla posteriormente si dispone de conectividad.
Por este motivo, resulta relevante conocer qué controles técnicos se han aplicado para garantizar la seguridad de los terminales y evitar accesos o comunicaciones no autorizadas.
El informe de la Policía se limita a verificar el funcionamiento del código QR
Otro de los elementos importantes del expediente es el informe elaborado por la Dirección General de la Policía el 26 de octubre, firmado por el comisario Juan Carlos González Carvajal.
Este documento fue remitido por Interior a la Junta Electoral Central para respaldar el funcionamiento del sistema de identificación mediante MiDNI.
Sin embargo, el alcance del informe está delimitado a una función concreta: la comprobación de los códigos QR a través de la aplicación oficial.
El propio documento señala que la valoración favorable presupone que el teléfono dispone del verificador oficial y que este funciona conforme al procedimiento facilitado.
También precisa que dicha valoración favorable queda circunscrita exclusivamente a esa función de verificación.
Por tanto, el informe policial no equivale a una certificación global de seguridad de los 61.603 teléfonos contratados por Interior.
En particular, no acredita por sí mismo las condiciones de seguridad relacionadas con el almacenamiento interno, las comunicaciones, la geolocalización o las herramientas de administración remota de los dispositivos.
Esta diferencia resulta fundamental para determinar si todos los componentes tecnológicos que se utilizarán durante las elecciones cumplen las exigencias establecidas por la normativa.
Interior entregó un teléfono de muestra a la Junta Electoral Central
El expediente también recoge que el 28 de octubre Carmen López García comunicó a la Junta Electoral Central el envío de un dispositivo de muestra para que pudiera comprobar sus características.
En la documentación se indicaba que se adjuntaban el contrato, el informe policial y un teléfono con las condiciones que recibirían posteriormente las mesas electorales.
Sin embargo, tampoco en esa comunicación se identificaba la marca o el modelo comercial del terminal.
Además, la documentación conocida no incluye un acta con los resultados de las pruebas que habría realizado la Junta Electoral Central sobre el dispositivo facilitado.
Posteriormente, el 5 de noviembre, la JEC acordó levantar la suspensión del sistema MiDNI después de recibir la confirmación del Ministerio del Interior de que las mesas electorales contarían con dispositivos capaces de verificar los códigos QR con todas las garantías necesarias.
El expediente completo fue remitido al Tribunal Supremo el 13 de noviembre.
El Tribunal Supremo exige al Gobierno que justifique la seguridad de los dispositivos
La controversia sobre los teléfonos móviles utilizados para identificar a los electores ha llegado al Tribunal Supremo a raíz del recurso judicial presentado por Iustitia Europa y de las cuestiones planteadas sobre la seguridad del sistema MiDNI.
El alto tribunal ha concedido al Ministerio del Interior un plazo de dos días para acreditar si los 61.603 terminales han superado los controles de seguridad posteriores a su contratación.
En concreto, el requerimiento hace referencia a las exigencias recogidas en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad.
El Supremo solicita que, en caso de haberse realizado dichas comprobaciones, el Ejecutivo aporte los informes y documentos técnicos que permitan acreditar su cumplimiento.
La petición afecta a un aspecto que va más allá del funcionamiento del lector de códigos QR: la seguridad del conjunto de los teléfonos que se distribuirán por los colegios electorales.
La seguridad del DNI digital, pendiente de la documentación técnica
A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno debe aportar al Tribunal Supremo las pruebas que respalden la seguridad de los dispositivos contratados para utilizar MiDNI en las mesas electorales.
La cuestión central es determinar si los teléfonos Android cumplen todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas, incluidas las relacionadas con su almacenamiento, conectividad y administración a distancia.
El informe policial favorable acredita únicamente el funcionamiento del verificador oficial de códigos QR bajo las condiciones descritas en el documento. La certificación de seguridad integral de los terminales constituye una cuestión diferente que deberá quedar respaldada por las pruebas técnicas correspondientes.
La documentación que presente Interior permitirá conocer si los 61.603 dispositivos destinados a la identificación digital de los votantes han superado los controles requeridos antes de su utilización en la jornada electoral.
























