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Interior informa al juez del ‘caso PSOE’ que borró los emails del funcionario encargado del contrato con la empresa de las mordidas

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Interior argumenta que la obligación de conservar esos emails ‘termina después de doce meses computados desde la fecha en que se produjo la comunicación’

El ministerio del Interior ha respondido a un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, informando que ha eliminado todos los emails de la cuenta corporativa del funcionario Daniel Belmar, encargado de la contratación de la empresa investigada por la trama de mordidas del ‘caso PSOE’.

Interior informó al juez que Belmar “cesó en su cargo en marzo de 2023 y en esa fecha se desactivó la cuenta de correo electrónico utilizada por él, dbelmar@interior.es”.

Según, el ministerio, la obligación legal de conservar esos correos electrónicos “termina después de doce meses contados desde la fecha en que se produjo la comunicación” y “no hay contenido alguno en los buzones o carpetas del correo electrónico corporativo” de Belmar entre enero y julio de 2020″.

Daniel Belmar estuvo a cargo de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad durante el período investigado.

La UCO llamará a declarar al funcionario de los mails borrados

La respuesta a la petición del instructor del caso figura en una carta de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la tuvo acceso EP, la cual forma parte de un anexo en un informe de la UCO.

Esta comunicación está fechada el pasado 20 de febrero, un día después de que el juez solicitara a Interior una copia de los emails del funcionario Daniel Belmar, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020.

Tras esta respuesta, la UCO ha convocado a Belmar a declarar como testigo en sus instalaciones en el marco de la investigación. La empresa de las adjudicaciones del ‘caso PSOE’, Soluciones de Gestión, suscribió un contrato de suministro de mascarillas con Interior por un valor de 3,4 millones de euros.

Este es el siguiente episodio de las dificultades que plantea el ministerio a la investigación de una presunta trama millonaria de corrupción. Un precedente, ya conocido, que entra en el terreno de la burla al juzgado de instrucción, consistió en la entrega a los investigadores de documentos ilegibles.

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