Los agentes de la UDEF registraron las instalaciones en Madrid de la empresa venezolana en una investigación sobre su polémico rescate gubernamental
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención este jueves del propietario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y del director ejecutivo, Roberto Roselli. Esta acción, realizada hoy, marca un nuevo episodio en la extensa serie de polémicas que envuelven a la aerolínea.
Según fuentes informadas sobre la investigación, la intervención policial ocurrió al inicio de la jornada. Los profesionales de la UDEF se dirigieron al lugar para realizar los arrestos como parte de un proceso que sigue bajo secreto, y hasta ahora no se han revelado más detalles.
Los representantes legales de la empresa aún no han proporcionado una declaración pública sobre las razones detrás de las detenciones, añade The Objective.
Se investiga un presunto uso indebido de los 53 millones que le dio la SEPI
La Policía registró desde primera hora de este jueves la sede de Plus Ultra en Alcobendas como parte de la investigación de la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por la Fiscalía, relativa al presunto uso indebido de los 53 millones de euros que la SEPI otorgó a Plus Ultra en 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Según la denuncia, parte de ese dinero público sirvió para devolver préstamos a sociedades investigadas en Francia y Suiza por blanqueo de capitales relacionado con la narcodictadura socialista venezolana.
Plus Ultra, aerolínea con seis aviones, solicitó el rescate al Gobierno de Sánchez el 1 de septiembre de septiembre de 2020. La empresa alegó estar al corriente de sus obligaciones, pero auditorías posteriores detectaron riesgos fiscales por retenciones no practicadas, impuestos pendientes y deudas con la Seguridad Social que la compañía solo aplazó una vez iniciado el proceso.
El informe pericial que alerta sobre el rescate
Un informe pericial, elaborado por orden del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid, concluye que existen «dudas más que razonables» sobre si Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir la ayuda pública.
Los peritos destacan la falta de documentación de un préstamo participativo de 6,3 millones concedido en 2017 por la entidad panameña, Panacorp, la omisión en las cuentas de 2019 de provisiones por dos procedimientos judiciales abiertos y la cancelación posterior de una deuda de 8,9 millones con bonistas que podría haber ocultado insolvencia técnica.
Estos hallazgos ponen en duda la veracidad del balance que Plus Ultra presentó a la SEPI y, por tanto, la legitimidad de todo el rescate.
