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Un error judicial tumba la causa de corrupción del marido de la exdirectora de la Guardia Civil

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Caducó el tiempo estipulado para investigar el caso sin haberse pedido una prórroga de la instrucción dentro del plazo establecido

Un error judicial en los plazos de la instrucción ha provocado la anulación de la causa de corrupción abierta contra Juan Carlos Martínez, esposo de la ex Directora General de la Guardia Civil, María Gámez. Esta causa provocó la dimisión de la socialista el pasado 22 de marzo.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado la imputación contra Bienvenido Martínez y su hermano, Juan Carlos Martínez, marido de Gámez. A los hermanos se les imputaban supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y lavado de dinero.

El instructor había encontrado indicios de que los hermanos Martínez se habían beneficiado desviando fondos públicos destinados a empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía durante la era del PSOE. Sin embargo, en una resolución del 24 de octubre pasado, el tribunal aceptó la petición de Bienvenido Martínez, cuñado de Gámez de ser excluido del caso porque el plazo de instrucción expiró antes de su imputación.

La investigación debía haberse cerrado el 29 de julio de 2022, según ha admitido la Audiencia. Sin embargo, la citación de los dos hermanos en este proceso se realizó el 22 de febrero de 2023 y, como consecuencia, todas las decisiones y pesquisas realizadas después de la fecha inicial quedan anuladas.

En otros términos, la causa no se anuló por falta de indicios, sino porque no se había dictado la preceptiva ampliación del plazo de la investigación principal de la que surge esta causa.

Qué ccausa archivada por un error judicial

La Justicia inició una investigación abierta sobre el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez, centrada en las subvenciones dudosas que recibió su consultora por parte de la Junta de Andalucía durante el Gobierno socialista.

En concreto, el juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso ERE, investigó presuntos pagos irregulares de dinero público de la Junta del PSOE, entre los años 2009 y 2011, a la empresa Experience Management Group S.L., propiedad de Bienvenido Martínez, cuñado de María Gámez.

El pasado 28 de febrero, el diario ABC informó sobre las sospechas del juez instructor respecto al desvío de parte de los pagos a las cuentas de sendas consultoras creadas por dos hermanos de Bienvenido: Manuel y Juan Carlos Martínez, el marido de María Gámez.

El movimiento del dinero a la consultora Job Management Liberty -de la que Juan Carlos Martínez es administrador único- sirvió, presuntamente, para difuminar el origen de los fondos públicos recibidos. La información citada por el diario se basó en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La grieta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tumbar causas de corrupción

Cabe reseñar que el abogado de Bienvenido Martínez es el mismo que consiguió anular la causa de Isofotón o Avales, aprovechando grietas de la Lecrim, como la reforma en 2015 del artículo 324.

Según ha explicado ABC, La reforma del citado artículo estableció plazos de tramitación para evitar que las investigaciones se eternizaran, pero la saturación de los juzgados, con instrucciones tan complejas como el saqueo socialista de los ERE, complicó ajustarse al tiempo estipulado.

Por su parte, el Supremo estableció en una sentencia (48/2022 de 20 de enero) que los plazos son de “obligado cumplimiento” para evitar la indefensión del investigado. La consecuencia ha sido que varias defensas plantaron que la instrucción de determinadas causas caducó tras superar el plazo previsto sin que se haya adoptado una prórroga de la investigación en el plazo establecido.

El primer beneficiado de esta doctrina del Supremo fue el expresidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Pasarelas por prevaricación, falsedad y fraude en la contratación cuando era alcalde en Puerto Lumbreras.

Por un error judicial en los plazos o defectos similares se archivaron otras causas de corrupción como Isofotón, abierta contra 37 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. En este escándalo se investigaba la concesión irregular de 80,5 millones de euros a Isofotón, una la fotovoltaica que cerró tras recibir ayudas y avales públicos que jamás devolvió.

1 Comment

  1. Michel Debever
    octubre 28, 2023 @ 7:56 am

    Se sorprenderán los que se quieren sorprender. Pequeño Marlaska es muy rencoroso.

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