El TSJC tumba parcialmente el decreto del catalán en las aulas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia que anula parcialmente el Decreto 91/2024, la norma con la que el Govern de Salvador Illa pretendía regular el régimen lingüístico del sistema educativo catalán. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), lo que supone que los preceptos anulados quedan sin aplicación mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación pendientes.
La resolución judicial, dictada este lunes, es interpretada desde los sectores favorables al castellano en las aulas como un freno directo a la política de imposición lingüística que la Generalitat lleva décadas aplicando en la escuela pública catalana.
VOX: «Una victoria judicial para las familias castellanohablantes»
El diputado de VOX en el Parlament, Manuel Acosta, valoró este martes la sentencia en rueda de prensa y la tildó de «victoria judicial» para miles de familias que llevan años reclamando el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Según Acosta, estas familias son tratadas como «extranjeras en su propio país» por un sistema que prioriza el catalán de forma excluyente.
«Se trata de un terrible varapalo judicial para el Govern y un alivio para las familias castellanohablantes», subrayó el diputado de VOX, que no dudó en criticar con dureza al presidente de la Generalitat: «Repugna escuchar a Illa decir que la orden del TSJC es un ataque al catalán y al modelo de Catalunya».
VOX alerta: la Generalitat tiene un largo historial de incumplimientos
A pesar de la satisfacción por la resolución judicial, el representante de VOX lanzó una advertencia que refleja el escepticismo acumulado tras años de desobediencia institucional: «Celebramos esta orden del TSJC, pero lamentablemente creemos o sospechamos que no se ejecutará si vemos el largo historial de incumplimientos por parte de la Generalitat».
Este temor no es infundado. Los tribunales han dictado en reiteradas ocasiones sentencias que ordenan impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano, pero la administración catalana ha ignorado sistemáticamente esas resoluciones sin que el Estado haya tomado medidas coercitivas efectivas.
La escuela catalana, acusada de usar el idioma como «muro de exclusión»
Manuel Acosta fue contundente en su diagnóstico sobre el modelo educativo catalán: «Es un modelo fracasado y caduco que usa el catalán no como riqueza, sino como muro de exclusión». En su intervención, acusó a la Generalitat de perseguir activamente a las familias que piden escolarizar a sus hijos en la lengua cooficial del Estado.
La imposición del catalán como única lengua vehicular en la práctica —pese a lo que digan las leyes— afecta especialmente a los hijos de familias que proceden de otras regiones de España y que no encuentran en el sistema público catalán ninguna garantía efectiva para el ejercicio de sus derechos lingüísticos.
La AEB y los recursos de casación, pendientes en el Supremo
La Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidad que interpuso el recurso estimado por el TSJC, ha liderado durante años la batalla judicial para que el castellano tenga presencia real en las aulas catalanas. La sentencia del TSJC deja en suspenso los preceptos anulados hasta que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente los recursos de casación que las partes han presentado.
La decisión judicial llega en un momento de máxima tensión en el debate sobre el modelo lingüístico en Cataluña, con el Govern de Illa apostando por una aplicación aún más restrictiva del catalán como lengua de enseñanza y la oposición constitucionalista exigiendo el cumplimiento efectivo de las sentencias ya dictadas.
El derecho al castellano en las aulas, una batalla que continúa
España es el único país de la Unión Europea donde una administración autonómica puede impedir en la práctica la enseñanza en la lengua oficial del Estado a los ciudadanos que la soliciten. La sentencia del TSJC es un paso importante, pero mientras la Generalitat no cumpla las resoluciones judiciales con lealtad institucional, miles de familias seguirán viendo vulnerado su derecho más básico: el de educar a sus hijos en su lengua materna.
La situación tiene precedentes claros en el debate más amplio sobre la deriva identitaria del sanchismo y sus cesiones continuas a los nacionalismos periféricos. Como ha señalado en repetidas ocasiones la derecha española, el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido mirar hacia otro lado antes que defender los derechos de los hispanohablantes en Cataluña.
También en el ámbito educativo, VOX ha propuesto blindar en la Constitución la enseñanza en castellano como única forma de poner fin a la discriminación lingüística que sufren cientos de miles de familias en toda España. La sentencia del TSJC demuestra que la razón jurídica está de su lado; falta que la razón política acompañe.
Un debate que trasciende las aulas
La cuestión del modelo lingüístico en la escuela catalana es inseparable del debate más amplio sobre la España de las cesiones permanentes al independentismo. Mientras Sánchez siga necesitando a los partidos separatistas para mantenerse en el poder, ningún decreto autonómico contrario a la Constitución encontrará oposición efectiva desde el Ejecutivo central.
La sentencia del TSJC es, por tanto, mucho más que una resolución sobre el reparto horario de las lenguas en las aulas. Es un recordatorio de que el Estado de Derecho sigue vivo, aunque sus gobernantes lo ignoren.
