El Área de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Mijas ha abierto en lo que va de 2026 siete expedientes sancionadores a la UTE FCC Barbetium, adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, con penalidades por un importe conjunto superior a los 6 millones de euros, y le ha descontado además 306.942 euros de las certificaciones mensuales por servicios que no ha llegado a prestar.

Dos de los expedientes están calificados como muy graves: la no prestación reiterada de servicios ordinarios programados y el incumplimiento de las obligaciones de implantación del servicio y de las instalaciones comprometidas en el contrato, este último con una penalidad del 7% del precio del contrato, en torno a 6,09 millones de euros sobre un valor total de 87 millones.

El control que ejerce la Concejalía es diario: todos los servicios que contempla el contrato están registrados e inventariados, de manera que el Ayuntamiento sabe cada jornada qué se ha prestado y en qué condiciones, un seguimiento que se traduce en un balance mensual cuando la adjudicataria presenta la certificación.

Registro diario

«Aquí no se actúa por impresiones: se actúa sobre un registro diario, servicio a servicio, con la documentación delante», ha explicado el concejal de Limpieza Viaria, Eloy Belmonte.

En las ocho certificaciones tramitadas entre enero y agosto se han detraído 286.718 euros por servicios no realizados —169.133 en recogida de residuos y 117.586 en limpieza viaria— y otros 20.224 euros en penalizaciones del Plan de Calidad. Solo julio y agosto concentran 132.929 euros, el 43% de todo lo descontado en el año, en plena temporada alta. «Si un servicio no se ha prestado, lo primero es que no se abona; el expediente viene después, porque ese incumplimiento tiene además un coste para el vecino», ha señalado Belmonte.

Incumplimiento en Mijas

La sanción de 6 millones de euros por el incumplimiento de las obligaciones de implantación se impuso el pasado mes de mayo, cuando se inició su tramitación y se abrió el plazo de alegaciones. La empresa no ha respondido a las alegaciones y el expediente sigue su curso, a la espera de que el departamento municipal correspondiente ejecute la sanción.

Los expedientes tramitados este año atribuyen a la adjudicataria la falta reiterada de prestación de servicios programados, el incumplimiento de las obligaciones de implantación del servicio y las instalaciones comprometidas y la omisión del deber de comunicar averías de vehículos adscritos al servicio.

El concejal ha querido detenerse en la dimensión de la empresa. «No estamos ante una pequeña empresa desbordada por un contrato que le viene grande, sino ante una multinacional líder de su sector, con cientos de contratos municipales a sus espaldas», ha afirmado. «Que una compañía de ese tamaño acumule incumplimientos de esta naturaleza resulta muy difícil de explicar. Si se asume un contrato de 87 millones de euros, lo que hay que hacer es cumplirlo, por ambas partes.»

El PSOE no fiscalizó ni un solo servicio

Belmonte ha recordado que desde que se adjudicó el contrato en 2022 hasta noviembre de 2023, el anterior equipo de gobierno, formado por el PSOE con el apoyo incondicional y necesario de Ciudadanos, no fiscalizó ni un solo servicio: se abonó el 100% de las certificaciones sin revisión alguna y no se tramitó ni una sola sanción ni descuento. Término este que, ha asegurado el edil, está totalmente documentado en el área de limpieza.

El concejal ha insistido en que la función de la Concejalía es hacer cumplir el contrato, y que la fiscalización diaria y la apertura de expedientes son la herramienta de la que dispone para lograrlo, no un fin en sí mismo. «No se trata de sancionar por sancionar: el objetivo es que Mijas esté limpia, y sancionar es la única vía que tenemos para forzar a la empresa a cumplir», ha explicado. Belmonte ha advertido además de que, cuando los incumplimientos alcanzan cierta entidad, como es que se llegara a tres incumplimientos muy graves, cabe la posibilidad de que pudiera rescindirse el contrato.

El contrato, adjudicado en 2022 por el anterior equipo de gobierno, incluye además una revisión de precios anual, de aplicación automática y obligatoria para el Ayuntamiento con independencia del grado de cumplimiento con el que se preste el servicio. «Este es el contrato que Mijas heredó y que esta Concejalía tiene que gestionar; no lo redactamos nosotros y no lo habríamos firmado en estos términos, porque asegura a la empresa una revisión todos los años sin asegurar a los vecinos el mismo nivel de exigencia», ha señalado Belmonte.