Tras los atentados de Mannheim, Solingen y Aschaffenburg, el Gobierno de Friedrich Merz convierte el control migratorio en prioridad y acelera deportaciones
Alemania ha dado un giro histórico en su política migratoria. De la acogida generosa impulsada por Angela Merkel en 2015 se pasa ahora a una estrategia firme de “efecto expulsión”, con más controles fronterizos, deportaciones masivas y medidas para desincentivar la llegada de nuevos migrantes.
El cambio en Alemania, impulsado por el canciller conservador Friedrich Merz, responde a la creciente presión social y a una serie de ataques terroristas que han marcado la opinión pública.
El país alemán alberga actualmente más de tres millones de refugiados y personas bajo protección internacional, entre ellos cerca de un millón de sirios llegados durante la crisis de 2015 y más de un millón de ucranianos.
Apuñalamientos mortales
Sin embargo, los apuñalamientos mortales en Mannheim, Solingen y Aschaffenburg —en los que los agresores tenían solicitudes de asilo rechazadas o órdenes de expulsión pendientes— han actuado como catalizadores.
La incapacidad percibida del Estado para ejecutar sus propias decisiones judiciales y administrativas ha hecho que la demanda de mayor control migratorio deje de ser exclusiva de AfD para convertirse en una prioridad transversal que hoy define la acción del Gobierno.
Desde que Merz llegó al poder en coalición con los socialdemócratas, el Ejecutivo ha colocado el endurecimiento migratorio en el centro de su agenda. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, figura clave en esta línea dura, ha impulsado controles reforzados en las fronteras con Polonia, República Checa y Austria: medidas impensables hace pocos años en el corazón del espacio Schengen.
20.000 deportaciones en Alemania
Alemania deportó el pasado año a más de 20.000 personas, la cifra más alta de los últimos tiempos, y ha reanudado los vuelos de expulsión a Afganistán.
Además, se han reducido las ayudas sociales a nuevos refugiados ucranianos y se impulsa la ampliación de la lista de “países seguros” para agilizar rechazos y devoluciones. Merz ha llegado a afirmar que alrededor del 80% de los sirios residentes en Alemania deberían regresar para contribuir a la reconstrucción de su país. También se ha suspendido la vía rápida de nacionalización introducida por el anterior Gobierno.
Este viraje refleja una tendencia europea más amplia, visible en el Pacto Migratorio y de Asilo que entra en vigor y en el impulso a centros de retorno. Solo España se mantiene en una posición claramente contraria, mientras la mayoría de socios comunitarios apoyan o se abstienen.
Población irregular
Con una población irregular que Eurostat sitúa en torno a 250.000 personas detectadas en 2024 (la más alta de la UE), Alemania busca ahora responder a la pregunta que ya no es “cuántos podemos acoger”, sino “quién puede quedarse y cómo evitamos seguir siendo el destino más atractivo de Europa”. El debate ha abandonado las calles para instalarse en las instituciones, marcando el fin de una era de acogida sin límites.
