El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra ante una nueva contradicción entre su discurso político y sus propias decisiones. Mientras el Ejecutivo y sus socios han convertido a los llamados «fondos buitre» en uno de sus principales enemigos políticos y han impulsado restricciones a su actividad inmobiliaria, el propio Estado vendió en 2024 uno de sus activos inmobiliarios más importantes a un fondo de inversión.
Se trata del complejo administrativo de María de Molina 50, situado en pleno barrio de Salamanca de Madrid y considerado durante años uno de los inmuebles más valiosos del patrimonio estatal.
La operación, cuya subasta fue tramitada en 2023 y culminó en 2024, se cerró por 204,7 millones de euros. Pero, según una investigación exclusiva publicada por The Objective, la venta está rodeada además de acusaciones sobre presuntas irregularidades en el procedimiento y de un testimonio que apunta a una supuesta comisión del 3%.
La contradicción del discurso contra los «fondos buitre»
La operación adquiere especial relevancia por el contexto político actual. El Gobierno ha utilizado repetidamente el término «fondos buitre» para atacar a grandes inversores inmobiliarios y ha defendido medidas destinadas a limitar determinadas operaciones de estas empresas en el mercado de la vivienda.
Los últimos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo incluían precisamente restricciones sobre la adquisición de viviendas por parte de grandes tenedores e inversores. Sin embargo, mientras Sánchez y sus socios parlamentarios cargaban públicamente contra estos fondos, el Estado puso en venta uno de sus inmuebles más cotizados y terminó adjudicándolo a un fondo de inversión por más de 200 millones de euros.
La contradicción resulta especialmente llamativa porque María de Molina 50 no es un inmueble cualquiera: se encuentra en una de las zonas más caras y exclusivas de Madrid.
Una operación bajo sospecha
Pero el elemento más delicado de la operación no se encuentra únicamente en la identidad del comprador. Según la investigación de The Objective, empresarios que estudiaron participar en la adquisición denunciaron posteriormente que las condiciones de la subasta habrían sufrido modificaciones y que el comprador habría contado con determinadas facilidades de pago.
La adjudicación fue recurrida ante la Audiencia Nacional por uno de los aspirantes al inmueble, que cuestionó las condiciones del procedimiento. Y a esta controversia se suma un testimonio todavía más comprometedor.
La presunta comisión del 3%
Un empresario dedicado a la intermediación de operaciones inmobiliarias de gran volumen declaró a The Objective que, durante las conversaciones mantenidas en 2023 para estudiar la adquisición del inmueble, se le habría exigido una comisión equivalente al 3% del precio de la operación. Según este testimonio, el dinero estaría destinado a «un primo de la ministra Montero».
La cifra sería extraordinariamente elevada. Sobre los 204,7 millones de euros finalmente pagados por el inmueble, un 3% equivaldría aproximadamente a 6,14 millones de euros. El propio testigo habría situado posteriormente la comisión en torno a 4,7 millones, según la información publicada por el medio.
Es importante precisar que se trata de la declaración de un testigo recogida por The Objective y no de una comisión cuya existencia haya sido acreditada judicialmente.
El empresario aseguró que la exigencia le resultó extraña porque, según su relato, la persona que supuestamente iba a cobrarla no había realizado labores de intermediación que justificasen ese porcentaje.
El inmueble acabó convertido en apartamentos de lujo
El caso adquiere además otra dimensión al observar qué ha ocurrido posteriormente con el inmueble. El edificio estatal terminó en manos de una empresa vinculada a la inversión inmobiliaria que desarrolla actualmente apartamentos de lujo en la propiedad. Es decir, el patrimonio inmobiliario público terminó transformándose en una operación de inversión privada en una de las zonas de mayor valor de Madrid.
Una circunstancia difícil de encajar con el discurso de un Gobierno que acusa a los grandes inversores inmobiliarios de contribuir a la especulación y que presenta como una de sus prioridades ampliar el parque público de vivienda.
La doble vara de medir del Gobierno
El caso de María de Molina 50 deja así una fotografía políticamente incómoda para Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Por un lado, el Ejecutivo acusa a determinados fondos de inversión de contribuir al problema de la vivienda y pretende limitar su actividad. Por otro, el propio Estado vendió a un fondo uno de sus inmuebles más valiosos por más de 200 millones de euros.
Y, además, sobre aquella operación existen recursos judiciales y testimonios que cuestionan el procedimiento y apuntan a una supuesta comisión millonaria.
La presunta mordida del 3%, si finalmente se acreditara, convertiría una operación inmobiliaria de enorme dimensión en un asunto todavía mucho más grave. Por ahora, sin embargo, la comisión forma parte de las acusaciones y del testimonio publicado, no de un hecho probado judicialmente.
Lo que sí está documentado es la venta del inmueble y su importe. Y la contradicción política resulta evidente: el Gobierno que señala a los «fondos buitre» como enemigos de la vivienda también hizo negocio con ellos cuando se trató de vender patrimonio del Estado.
Una nueva historia en la que el discurso oficial y la gestión del patrimonio público parecen transitar por caminos muy diferentes.

























