El Gobierno ha aprobado una modificación del real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones para blindar su aplicación antes de las elecciones. Según informa El Debate, obliga a los 150 ayuntamientos de ciudades con más de 50.000 habitantes a ponerlas en marcha y a multar a los conductores que las incumplan, con sanciones de 200 euros por infracción.
Qué ha aprobado el Consejo de Ministros
El artículo, firmado por Iván Mingo, explica que el último Consejo de Ministros aprobó la modificación del real decreto con el objetivo, según el medio, de blindar la aplicación de las ZBE. El texto no concreta la fecha exacta del Consejo, ni el número o la fecha de publicación del real decreto en el BOE.
Las sanciones a los ayuntamientos
Los ayuntamientos que no pongan en marcha las ZBE ni sancionen perderían partidas y subvenciones. Quienes incumplan deberían devolver las partidas recibidas con cargo a los fondos Next Generation, un importe que el artículo describe como cientos de millones de euros sin dar la cifra exacta. Según el texto, el Gobierno prevé retirar subvenciones al transporte público en ciudades como Gijón, algo que podría duplicar el precio del autobús.
Más de la mitad, sin cumplir
El medio señala que más de la mitad de los 150 ayuntamientos no han desplegado las ZBE ni sancionan, y que el Gobierno lleva tres años intentando obligarles. Según el artículo, Bruselas no obliga a tener ZBE, pero vinculará los fondos Next Generation y las subvenciones a la calidad del aire. Sus planes incluyen analizar cada tres años la calidad del aire de las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes, empezando el próximo año.
Los precedentes judiciales
El texto menciona que Francia tuvo que eliminar algunas ZBE por una sentencia judicial y que en Barcelona están suspendidas temporalmente por resolución judicial. LaBandera ya recogió que más de dos millones de multas de la ZBE de Madrid pueden ser anuladas, lo que ilustra el riesgo jurídico de estas medidas.
Las críticas
El artículo critica la medida y la califica de despropósito por el coste para los ayuntamientos. Un pie de foto sostiene que los ayuntamientos no son partidarios de las ZBE y que son muy impopulares. Conviene precisar que no cita a ningún cargo político, ayuntamiento ni organismo oficial: las críticas son del propio medio. LaBandera también recogió que Vox frena la zona de bajas emisiones en Mijas y evita restricciones y multas a los conductores.
Qué significa para el conductor
Para los propietarios de vehículos antiguos, sobre todo los de gasolina y diésel sin etiqueta ambiental, la obligación de multar supondría restricciones de circulación en el centro de decenas de ciudades. Una multa de 200 euros por infracción es significativa, y la aplicación efectiva dependerá de las ordenanzas municipales, de las cámaras instaladas y de los recursos que presenten los afectados.
Lo que el artículo no concreta
El texto no precisa la fecha de las elecciones citadas en el titular, ni el importe exacto de los fondos en juego, ni cuándo entrarían en vigor las obligaciones. Tampoco recoge la respuesta del Ministerio ni de la Federación de Municipios. Por eso las cifras de sanciones y devoluciones deben leerse como las describe el medio, a la espera del texto oficial.
Lo que falta por saber
Falta saber cuándo se publicará el real decreto, cuántos ayuntamientos lo recurrirán, si los tribunales volverán a suspender zonas ya aprobadas y cómo afectará a las ciudades más pequeñas. Con la campaña en marcha, la medida llega en un momento políticamente delicado, y los conductores esperan saber si tendrán que dejar el coche en casa o pagar la multa.
