Pedro Sánchez ha admitido lo que buena parte de la oposición llevaba semanas denunciando: una parte de las cerca de 80.000 personas que cruzaron la frontera de Ceuta por El Tarajal el pasado 30 de julio permanecerá en España si acredita derecho de asilo. La confirmación, realizada este 7 de septiembre ante el Grupo Parlamentario Socialista, certifica que el Gobierno da por hecho que buena parte de quienes entraron de forma masiva no serán devueltos a Marruecos.
Quienes tienen derecho a asilo, lo tendrán en España
Sánchez fue directo en su intervención: "Quienes tienen derecho a asilo, lo tendrán en España", afirmó, en una frase que zanja cualquier duda sobre el destino final de una parte significativa de quienes protagonizaron la mayor entrada masiva registrada en la frontera de Ceuta en los últimos años.
Tres prioridades y 309 millones de euros
El presidente del Gobierno enmarcó su respuesta en tres objetivos: atender la crisis humanitaria "con principios democráticos y dignidad humana", ayudar a los vecinos de Ceuta a recuperar la normalidad con recursos del Estado, e investigar lo ocurrido para reforzar la infraestructura fronteriza y evitar que se repita. Para ello, el Ejecutivo ha aprobado 309 millones de euros en nuevas partidas destinadas a Ceuta y Melilla.
Vox denuncia a Sánchez y Marlaska
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. Vox ha presentado denuncias contra Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por presunta dejación de funciones y colaboración con estructuras vinculadas al terrorismo en relación con la gestión de la crisis. El propio Sánchez, por su parte, ha acusado tanto a PP como a Vox de deslealtad y de utilizar la crisis migratoria con fines partidistas.
Una defensa amparada en la legalidad internacional
El presidente defendió que su actuación se ajusta en todo momento a la legislación española y a los compromisos internacionales de España en materia de asilo, y aprovechó su intervención para criticar a las formaciones de derecha europeas que, a su juicio, instrumentalizan este tipo de crisis con fines electorales.
La admisión de Sánchez llega apenas horas después de que su propio Gobierno reconociera que le resulta imposible ofrecer una cifra exacta de cuántos inmigrantes permanecen todavía en Ceuta, lo que añade una capa adicional de incertidumbre sobre cuántas de esas personas terminarán, finalmente, asentadas en territorio español al amparo del derecho de asilo.
Una crisis que sigue sin cifras claras ni plazos definidos
El Gobierno no ha concretado cuántas de las 80.000 personas que entraron el 30 de julio podrían acogerse finalmente al derecho de asilo, ni en qué plazos se resolverán los expedientes pendientes. Esta falta de concreción alimenta las críticas de una oposición que reclama cifras claras y una respuesta más firme frente a lo que consideran una utilización sistemática de la frontera sur por parte de Marruecos como instrumento de presión migratoria.
Mientras el Ejecutivo insiste en presentar su gestión como ajustada a derecho y guiada por principios humanitarios, la realidad sobre el terreno —miles de personas sin identificar, plazas de acogida que no dejan de crecer y un goteo constante de expedientes de asilo— dibuja una crisis que, dos meses después de estallar, sigue lejos de estar resuelta.
