El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas en el madrileño distrito de Retiro, suma un dato hasta ahora poco conocido sobre las condiciones económicas de su histórico contrato: el alquiler propiamente dicho que pagaba por el piso era de 204 euros mensuales. Así lo ha explicado este lunes Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, la sociedad propietaria del inmueble, durante una entrevista en Espejo Público en la que ha ofrecido su versión del conflicto después de semanas de enorme repercusión mediática.

La cifra introduce un matiz relevante respecto a las cantidades que se han manejado durante la cobertura del desahucio. Desde hace años diferentes informaciones han situado alrededor de los 440 o 500 euros la cantidad mensual abonada por Maricarmen, pero esa suma no correspondía íntegramente a la renta de la vivienda. Según la explicación ofrecida ahora por la propiedad, Maricarmen pagaba 204 euros de alquiler, a los que había que añadir aproximadamente entre 220 y 250 euros correspondientes a la comunidad y otros conceptos, entre ellos determinados suministros. El desembolso conjunto se situaba así alrededor de los 450 euros mensuales, pero menos de la mitad correspondía estrictamente al alquiler.

204 euros por 90 metros

El dato resulta especialmente llamativo por las características y ubicación del inmueble. Se trata de una vivienda de aproximadamente 90 metros cuadrados situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, una zona donde actualmente se anuncian viviendas equivalentes por cantidades muy superiores. Ya en 2024, cuando el caso comenzó a adquirir repercusión nacional, El País señalaba que pisos de características similares en la zona se ofrecían por encima de los 2.500 euros mensuales.

La explicación de semejante diferencia se encuentra en el origen del contrato. Los padres de Maricarmen alquilaron la vivienda en 1956 bajo el régimen conocido como renta antigua, caracterizado por rentas reducidas y fuertes mecanismos de prórroga y subrogación. Tras el fallecimiento de su padre, el contrato pasó a su madre y, después de la muerte de esta en 2005, Maricarmen se subrogó en él.

Precisamente esa segunda subrogación terminó convirtiéndose en el núcleo de la batalla judicial. Urbagestión sostuvo que Maricarmen no tenía derecho a permanecer indefinidamente en el inmueble después del fallecimiento de su madre y llevó el asunto a los tribunales. Tras años de procedimientos judiciales, el Tribunal Supremo terminó avalando la extinción del contrato, lo que abrió definitivamente la puerta al desahucio ejecutado el pasado 23 de septiembre.

La cifra que se confundía

Hasta ahora era habitual encontrar referencias a que Maricarmen pagaba aproximadamente 440, 450 o incluso 500 euros mensuales por vivir en la vivienda. En mayo de 2024, por ejemplo, El País hablaba expresamente de 440 euros, mientras que informaciones más recientes han elevado la cifra hasta aproximadamente 500 euros.

La explicación ofrecida este lunes por Alonso permite distinguir los conceptos: una cosa era el alquiler de Maricarmen de 204 euros y otra el desembolso total asociado a permanecer en la vivienda una vez añadidos comunidad y otros gastos. Esta distinción resulta relevante a la hora de explicar las condiciones extraordinariamente ventajosas que conservaba gracias al antiguo contrato firmado por sus padres hace 70 años.

El propietario también ha defendido públicamente que el problema que terminó en los tribunales no era un impago de Maricarmen. Su posición es que la mujer permanecía en el inmueble sin título válido una vez transcurrido el periodo durante el cual, según su interpretación posteriormente avalada judicialmente, podía beneficiarse de la segunda subrogación. «Maricarmen está ocupando la vivienda desde 2007 sin justo título», aseguró Alonso este lunes.

El conflicto no fue por impago

Este punto resulta fundamental para entender el caso: Maricarmen no fue desahuciada por dejar de pagar los 204 euros de alquiler. El procedimiento se produjo por la controversia jurídica sobre la vigencia del contrato de renta antigua y el derecho de Maricarmen a continuar subrogada en él.

El contrato original había sido firmado por sus padres en 1956. Tras la muerte de su madre en 2005, Maricarmen pasó a ocupar la posición contractual, pero la propiedad defendió posteriormente que aquella segunda subrogación únicamente podía prolongarse durante dos años. Urbagestión adquirió el inmueble años después y cuestionó la continuidad del contrato, iniciándose el procedimiento judicial que acabaría llegando hasta el Supremo.

La empresa también ha negado en los últimos días algunas de las versiones difundidas alrededor del caso y sostiene que nunca pretendió simplemente multiplicar unilateralmente una renta vigente. Esa interpretación es discutida por los representantes de Maricarmen y por el Sindicato de Inquilinas, que han mantenido durante todo el procedimiento que la mujer debía poder permanecer en su vivienda. La controversia continúa incluso después del desahucio.

De 204 a miles de euros

La diferencia entre el alquiler de Maricarmen de 204 euros y el valor actual de una vivienda de esas características ayuda también a entender el enorme conflicto económico existente alrededor del inmueble. Las distintas partes han manejado durante los últimos años cantidades muy diferentes para un eventual nuevo contrato. En 2024 se habló de una propuesta de alrededor de 1.650 euros mensuales y, en los últimos días antes del desahucio, aparecieron cifras de hasta 2.500 o 2.650 euros para un alquiler a precios actuales.

No se trataba, por tanto, de que la renta antigua hubiera pasado automáticamente de 204 a 2.650 euros de un mes para otro, sino de dos escenarios jurídicos distintos: por una parte, el antiguo contrato cuya continuidad reclamaba Maricarmen y, por otra, las condiciones económicas planteadas para permanecer en el inmueble una vez que la propiedad consideraba extinguido aquel arrendamiento.

El alquiler de Maricarmen de 204 euros constituye así uno de los datos más significativos para comprender por qué el piso se encontraba tan alejado de los precios actuales del mercado madrileño. La mujer disfrutaba de las condiciones derivadas de un contrato firmado por sus padres en 1956 y había permanecido en la misma vivienda prácticamente toda su vida. La batalla que terminó con su desalojo no se produjo porque dejara de pagar aquella renta, sino porque los tribunales terminaron considerando extinguida la relación contractual que le permitía conservar unas condiciones imposibles de encontrar actualmente en el mercado libre.