El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez ante un tribunal del jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La decisión sitúa definitivamente en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tres bloques de hechos relacionados con la creación y funcionamiento de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, la utilización de su asistente en Moncloa para actividades que el instructor considera privadas y el destino del software desarrollado dentro del proyecto universitario.
La resolución, fechada este 21 de septiembre y de 67 páginas, llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid redujera sustancialmente el perímetro de una investigación que inicialmente llegó a abarcar cuatro delitos. La Audiencia mantuvo que el procedimiento podía continuar ante un jurado por tráfico de influencias y malversación para Gómez, mientras que en el caso de su asistente, Cristina Álvarez, limitó la continuación de las actuaciones a un presunto delito de malversación.
Gómez irá al banquillo
La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez supone que los indicios apreciados por Peinado serán examinados ahora durante un juicio, sin que la resolución determine su culpabilidad. La Fiscalía y la defensa han defendido precisamente la posición contraria durante la fase previa: ambas solicitaron el sobreseimiento y sostienen que los hechos investigados no constituyen delito. En la audiencia preliminar celebrada el pasado 8 de septiembre, las defensas volvieron a reclamar que el procedimiento no llegara al banquillo.
El primer bloque que Peinado lleva a juicio afecta a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. El instructor considera que existen indicios suficientes para que un jurado determine si Gómez se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para conseguir una interlocución privilegiada con responsables de la universidad pública y con compañías que posteriormente colaboraron o financiaron actividades relacionadas con el proyecto.
Entre los elementos destacados por el magistrado se encuentra la reunión que Gómez mantuvo en julio de 2020 en La Moncloa con el entonces rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y la posterior intervención del vicerrector Juan Carlos Doadrio en la creación de la cátedra. Peinado ya había sostenido al cerrar la instrucción en abril que apreciaba indicios de tráfico de influencias relacionados con la obtención de esa cátedra.
La defensa ofrece una interpretación completamente diferente. Mantiene que Gómez ya colaboraba con la Universidad Complutense antes de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia, que la reunión se celebró en Moncloa debido a las restricciones existentes durante la pandemia y que los responsables universitarios no han declarado haber recibido presiones. También sostiene que Gómez no cobraba por dirigir la cátedra y que su constitución siguió los procedimientos establecidos por la universidad.
La asistente de Moncloa
El segundo frente se centra en Cristina Álvarez, empleada de Presidencia del Gobierno destinada a asistir a Begoña Gómez. Peinado considera que existen indicios de que Gómez habría utilizado de forma continuada el trabajo de una empleada pública para actividades relacionadas con su esfera profesional y académica.
El auto recoge, según la información publicada sobre su contenido, actuaciones relacionadas con universidades, empresas patrocinadoras, seguimiento de la cátedra, reuniones y gestiones vinculadas al desarrollo del software. La cuestión que deberá resolver el jurado será si esas actuaciones formaban parte legítimamente de las funciones de Álvarez o si, por el contrario, se utilizaron recursos públicos para atender intereses privados de Gómez.
Álvarez también será juzgada, aunque con un alcance menor que el inicialmente planteado por Peinado. La Audiencia Provincial ya había establecido en julio que el procedimiento con jurado podía continuar contra ella únicamente por un presunto delito de malversación, después de eliminar otros cargos que el instructor había incluido previamente.
La batalla por el software
El tercer bloque afecta a la plataforma informática desarrollada en el marco de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Peinado sostiene que el programa fue creado bajo el paraguas de la Complutense y mediante la colaboración de empresas tecnológicas, pero aprecia indicios de que el activo terminó vinculado a una estructura bajo control privado sin que la universidad recibiera todos los elementos tecnológicos que, según la tesis del instructor, le correspondían.
En este punto aparecen el dominio transformatsc.org, diferentes marcas asociadas al proyecto y la sociedad Transforma TSC SL constituida por Gómez. El juez considera que deberá ser el tribunal el que determine qué ocurrió finalmente con la titularidad y explotación de la plataforma.
La defensa sostiene nuevamente la tesis contraria: afirma que el software estuvo siempre destinado a la Universidad Complutense, que sus técnicos pudieron acceder a él y que Gómez siguió las indicaciones recibidas de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. La esposa del presidente ya había reclamado anteriormente su absolución alegando que no se había apropiado de la plataforma ni había obtenido enriquecimiento alguno.
La propia Universidad Complutense permanece personada como perjudicada y actor civil. Según el auto facilitado a los medios, cifra provisionalmente en 113.509,32 euros el perjuicio relacionado con el desarrollo del software y reclama que Gómez y Álvarez respondan, si finalmente fueran condenadas, en función de la participación que determine la sentencia.
La Fiscalía pide el archivo
La decisión de Peinado choca frontalmente con la posición mantenida por el Ministerio Fiscal. Durante la audiencia preliminar del 8 de septiembre, la Fiscalía volvió a solicitar el sobreseimiento, mientras las defensas de Gómez y Álvarez insistieron igualmente en la inexistencia de delito.
En el otro extremo se encuentra la acusación popular. Según el contenido del auto difundido este lunes, solicita para Gómez dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por la malversación relacionada con la utilización de la asistente de Moncloa y ocho años por la malversación vinculada al software. Para Cristina Álvarez reclama seis años como cooperadora necesaria en este último delito. Se trata de las penas solicitadas por la acusación, no de condenas ni de una valoración asumida por el tribunal.
El procedimiento ha cambiado considerablemente desde junio. Peinado ya había acordado entonces una primera apertura de juicio oral contra Gómez por cuatro delitos —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida— y había incluido también a Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Aquella resolución fue posteriormente corregida por la Audiencia Provincial, que redujo los delitos y el alcance de las actuaciones.
Sin fianza ni bloqueo
Peinado no ha aceptado varias de las medidas solicitadas por las acusaciones. No impone fianza a las dos acusadas ni acuerda bloquear las participaciones de Transforma TSC, las marcas relacionadas con el proyecto, el dominio utilizado por la plataforma o sus activos digitales.
Tampoco recupera las medidas cautelares personales que habían sido anuladas por la Audiencia Provincial. Gómez y Álvarez deberán permanecer a disposición judicial, comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer cuando sean citadas. La Audiencia ya había intervenido durante el verano para reducir el alcance de las restricciones inicialmente impuestas por Peinado.
El instructor ordena además a Hacienda que facilite las cinco últimas declaraciones del IRPF de Begoña Gómez para determinar su capacidad económica ante la eventual multa proporcional solicitada por la acusación por tráfico de influencias.
El caso pasa a la Audiencia
La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez conduce ahora el procedimiento hacia la Audiencia Provincial de Madrid. Peinado concede diez días al Ministerio Fiscal para presentar sus conclusiones provisionales y, posteriormente, las partes tendrán que personarse ante la Audiencia, donde continuará la tramitación necesaria para constituir el tribunal del jurado.
La decisión llega además en los últimos días de actividad profesional de Juan Carlos Peinado. El magistrado tiene prevista su jubilación a finales de septiembre y ya había dejado encaminada la apertura del juicio tras celebrar el pasado 8 de septiembre la audiencia preliminar obligatoria.
A partir de ahora serán el tribunal y, en su momento, el jurado quienes tengan que valorar las pruebas y las posiciones enfrentadas de las partes. La apertura de juicio oral significa que Peinado aprecia indicios suficientes para celebrar el proceso, pero Begoña Gómez y Cristina Álvarez continúan amparadas por la presunción de inocencia y no existe ninguna condena contra ellas por estos hechos.
