Transparencia rechaza revelar los documentos que sustentan la acción judicial del Ministerio de Cultura sobre la Fundación
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido mantener en secreto los informes que sirvieron de base para solicitar la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).
Según publica The Objective, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha denegado el acceso a esos documentos, alegando que tienen “carácter interno”, pese a que fueron determinantes para que el Ministerio de Cultura —dirigido por Ernest Urtasun— impulsara la demanda de extinción judicial de la entidad.
La resolución, fechada en agosto, responde a una petición de acceso a la información pública amparada por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
El informe, elaborado en mayo de 2025 y remitido al Ministerio de Cultura, concluye que la Fundación Franco “realiza apología del franquismo y humilla a las víctimas”, lo que vulneraría la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fundaciones. Con esos argumentos, Cultura presentó en abril de 2026 la solicitud de cierre ante la jurisdicción civil.
El fundamento legal y la polémica
La ley de memoria establece que una fundación puede ser disuelta si no persigue fines de interés general o realiza actividades contrarias a él. Se considera contraria al interés general cualquier exaltación del franquismo que menosprecie la dignidad de las víctimas o incite al odio. Urtasun defendió que el expediente es “sólido” y que “en una democracia no puede haber espacio para organizaciones que blanquean la dictadura”.
Por su parte, la Fundación Francisco Franco sostiene que su actividad es “ajena a cualquier manifestación de odio” y que el Gobierno vulnera sus derechos fundamentales. En un comunicado, la FNFF denunció que la actuación del Ministerio “atenta contra las libertades públicas” y anunció un recurso contencioso-administrativo para frenar el proceso.
Un debate sobre transparencia y memoria
La negativa del Gobierno a publicar los informes ha reavivado el debate sobre la opacidad institucional en materia de memoria democrática. Mientras el Ejecutivo defiende la confidencialidad de los documentos, juristas y asociaciones memorialistas reclaman mayor transparencia en las decisiones que afectan a entidades vinculadas al franquismo.
Si el recurso de la Fundación prospera, el procedimiento judicial podría quedar paralizado, frustrando la intención del Ministerio de Cultura de culminar la legislatura con la extinción definitiva de la Fundación Francisco Franco.
