La visita de Santiago Abascal al programa de TVE ‘La Revuelta’ dejó una de las estampas más reveladoras del debate público actual: la distancia abismal entre la realidad burocrática que sufren los promotores y constructores en España y la desconexión de los relatos mediáticos dominantes.

Durante la entrevista, el presidente de VOX situó el problema de la vivienda como una prioridad nacional, señalando directamente a la sobre-regulación ideológica, la Agenda 2030 y las normativas impuestas desde Bruselas y el Gobierno de Pedro Sánchez como las principales culpables de la escasez y el encarecimiento inmobiliario.

En un momento culminante de la noche, Abascal denunció cómo el sector se ve ahogado por trámites disparatados, citando la obligación de incorporar la llamada "perspectiva de género" en el diseño, la planificación urbanística y la gestión de las obras. Ante la sorpresa del presentador, David Broncano, quien reaccionó ironizando y sugiriendo que la "edificación con perspectiva de género" era una simple exageración o invención de la derecha, el líder de VOX se mantuvo firme: «Es una denuncia directa de los propios constructores e ingenieros. Esto genera un infierno de papeleo, retrasos interminables, costes desorbitados y una burocracia insoportable que al final termina pagando el comprador de su bolsillo».

El entramado burocrático que frena las grúas

Lejos de tratarse de una anécdota, las palabras de Abascal pusieron el dedo en la llaga de un entramado regulatorio que paraliza licencias y expedientes en toda España. Bajo el pretexto de integrar el género en la edificación, el urbanismo y la obra pública, las administraciones sanchistas y autonómicas han comenzado a exigir complejos diagnósticos y evaluaciones de impacto sociológico en proyectos de arquitectura e infraestructura.

Estas normativas imponen condicionantes en los planeamientos municipales que van desde el rediseño obligatorio de la movilidad mediante los denominados "trayectos de cuidado" (desplazamientos no lineales) hasta minuciosos requisitos sobre visibilidad, eliminación de puntos ciegos o iluminación estratégica.

Diseño inclusivo

Lo que sobre el papel se vende como diseño inclusivo se traduce en la práctica en una cascada de informes preceptivos, estudios técnicos adicionales y trabas administrativas que dilatan durante años la concesión de licencias urbanísticas y encarecen notablemente el metro cuadrado construido.

A este laberinto en el diseño urbano se le suma la hiperregulación laboral impuesta a las empresas del sector. En un ámbito productivo acuciado por la falta de mano de obra cualificada y el encarecimiento de las materias primas, la legislación obliga a la implantación de exhaustivos planes de igualdad universales, auditorías de brecha salarial y protocolos específicos de prevención que exigen incluso evaluar las herramientas y Equipos de Protección Individual (EPIs) bajo parámetros biométricos y teóricos específicos.

Jornadas institucionales y documentos impulsados por organismos como el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan) o las inspecciones de trabajo confirman el despliegue de guías e inspecciones dirigidas a fiscalizar el cumplimiento de estos criterios en las empresas de la construcción. Para el sector real —pymes y autónomos que intentan poner ladrillo sobre ladrillo—, este escenario supone destinar recursos económicos y horas de trabajo a la gestión de expedientes ideológicos en lugar de a la construcción de viviendas a precios asequibles.

VOX promete liberación de suelo y el fin de la ingeniería social

Frente al modelo de intervención estatal y paternalismo burocrático que defiende el Ejecutivo central junto a las directivas de la UE, Santiago Abascal reiteró el compromiso inequívoco de VOX: desmantelar de inmediato todas las trabas ideológicas que impiden la libre edificación.

VOX propone una simplificación radical del marco normativo mediante la derogación de los preceptos de la Agenda 2030 y las leyes de género aplicadas al urbanismo. Entre las medidas defendidas por la formación se encuentran:

• Liberación total del suelo: Declarar urbanizable todo el suelo que no esté legalmente protegido por razones ambientales objetivas y de verdadero valor ecológico.
• Derogación de la burocracia ideológica: Eliminar la obligatoriedad de presentar estudios de impacto de género, informes de lenguaje inclusivo y trabas ecosostenibles desproporcionadas en la tramitación de planeamientos y licencias de obra.
• Seguridad jurídica e incentivos: Facilitar la inversión privada y agilizar la edificación para multiplicar la oferta disponible de vivienda, rebajando de forma drástica el precio de compra y alquiler para las familias españolas.

La intervención de Abascal en ‘La Revuelta’ no solo dejó en evidencia la falta de información con la que los altavoces de la televisión pública abordan los problemas reales de los sectores productivos, sino que consolidó a VOX como la única alternativa dispuesta a cortar de raíz las políticas de ingeniería social que han convertido el acceso a un hogar en una misión imposible.