España afronta una factura millonaria derivada de la gestión migratoria que no aparece reflejada en una única partida de los Presupuestos Generales del Estado. El dinero para la inmigración ilegal se reparte entre distintos ministerios, comunidades autónomas, administraciones locales, fondos europeos y contratos o subvenciones concedidos a entidades sociales.

Una aproximación global sitúa el coste de los diferentes sistemas de acogida, atención humanitaria, menores extranjeros no acompañados, centros y programas relacionados con la inmigración en una horquilla que puede alcanzar entre 1.200 y 1.500 millones de euros anuales, lo que equivaldría a entre 120 y 125 millones de euros al mes. Todo según las distintas partidas.

La cifra de hasta 1.500 millones anuales, por tanto, debe entenderse como una estimación amplia y no como una partida oficial única. El propio diseño administrativo dificulta conocer cuánto dinero público termina destinándose exclusivamente a personas que han entrado irregularmente en España, ya que determinados programas incluyen también a solicitantes de protección internacional y refugiados.

560 millones solo para el sistema estatal de acogida

Uno de los datos más contundentes procede del propio Ministerio de Inclusión. Su informe sobre el Sistema de Acogida de Protección Internacional señala que el presupuesto anual del sistema alcanzó los 558,86 millones de euros en 2025, frente a 427,98 millones en 2024 y 373,27 millones en 2023.

Eso supone que únicamente esta estructura representa aproximadamente 46,6 millones de euros al mes si se divide el presupuesto de 2025 entre doce meses.

El sistema incluye alojamiento, manutención, cobertura de necesidades básicas, acompañamiento, atención social y otros servicios destinados a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional que carecen de recursos. Su gestión se desarrolla además con la colaboración de entidades sin ánimo de lucro.

En 2025 el sistema estatal dispuso de 56.053 plazas, de las cuales 33.936 correspondieron al Sistema de Acogida de Protección Internacional y 22.117 al Programa de Atención Humanitaria. Ese año fueron atendidas 124.170 personas.

El Gobierno también reconoce que durante 2025 el sistema tuvo capacidad para trasladar aproximadamente 20.500 personas desde Canarias a la Península y atender a más de 4.500 llegadas a Baleares.

La atención humanitaria añade cientos de millones

El coste no termina en los 558,86 millones del presupuesto general del sistema. El BOE recoge además planificaciones específicas para ampliar las plazas y servicios de acogida.

Una resolución publicada en 2025 estableció para el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y junio de 2026 necesidades extraordinarias de acogida por un importe de 243,51 millones de euros. La planificación contempla plazas de primera valoración, derivación y acogida, además de plazas para personas vulnerables.

En paralelo, el programa de atención humanitaria dispone de una planificación plurianual específica. El BOE cifró en 410,76 millones de euros el importe acumulado previsto para cinco años dentro de la acción concertada del programa de atención humanitaria. Para 2025 aparecía una planificación de 80,90 millones y para 2026 de 40,56 millones.

Dinero público para ONG’s que gestionan la acogida

Una parte importante de este sistema se ejecuta a través de entidades sociales y organizaciones no gubernamentales. El propio Ministerio explica que la gestión del sistema de acogida de la inmigración irregular se realiza en colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

El BOE demuestra la magnitud de estas transferencias. En una convocatoria de 2025 se establecieron subvenciones de hasta 20,29 millones de euros para actuaciones en materia de extranjería, derechos humanos, convivencia y cohesión social, de los cuales 20 millones procedían directamente de los Presupuestos Generales del Estado.

Y existen programas específicos adicionales. Por ejemplo, el Ministerio del Interior concedió en 2025 a Cruz Roja una subvención de 1.125 millones de euros para programas asistenciales en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

No todo ese dinero puede atribuirse exclusivamente a inmigrantes en situación irregular, pero sí evidencia que la atención a la población extranjera genera una estructura presupuestaria considerable y repartida por múltiples organismos.

Los menas disparan el gasto autonómico

A esta factura estatal hay que añadir el coste de los menores extranjeros no acompañados, cuya tutela y atención corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas.

Aquí se encuentra uno de los principales problemas para calcular el coste total: no existe una única cuenta estatal que permita sumar automáticamente el gasto de todas las autonomías.

Los costes incluyen centros residenciales, alimentación, personal educativo, atención psicológica, asistencia sanitaria, escolarización, seguridad, manutención y posteriormente programas de emancipación cuando alcanzan la mayoría de edad.

Las estimaciones publicadas por distintos medios y administraciones sitúan el gasto nacional en este ámbito en varios cientos de millones de euros anuales, con una horquilla aproximada de 300 a 500 millones de euros, aunque esta cifra no constituye una liquidación oficial consolidada de todas las comunidades.

La situación de Ceuta ha demostrado, además, hasta qué punto puede crecer rápidamente esta factura. Tras la crisis migratoria de julio de 2026, la ciudad se ha visto obligada a afrontar un gasto extraordinario que, según las estimaciones publicadas recientemente, ya alcanza decenas de millones de euros y podría seguir aumentando durante el año.

CETI, CATE, CIE, traslados y dispositivos extraordinarios

La factura tampoco termina en los centros de acogida. El Estado mantiene los CETI de Ceuta y Melilla, los CATE utilizados para la recepción y primera atención de migrantes llegados por vía marítima, los CIE destinados a extranjeros sometidos a procedimientos de expulsión o devolución y numerosos dispositivos de emergencia.

A esto se añaden alimentación, limpieza, vigilancia, seguridad, asistencia sanitaria, transporte, traslados entre islas y Península, alquileres de inmuebles, hoteles, reformas y ampliaciones de instalaciones. Por ejemplo, una sola subvención para asistencia en CIE ascendió a 1,125 millones de euros en 2025.

Una factura que no aparece en una sola línea de los Presupuestos

El problema para el contribuyente es que no existe una casilla llamada “coste de la inmigración irregular” donde pueda consultarse el importe final.

El gasto está fragmentado entre Inclusión, Interior, comunidades autónomas, ayuntamientos y otros organismos. Además, algunos programas son financiados parcialmente mediante fondos europeos, lo que hace todavía más complicado establecer una cifra única.

Por eso, hablar de 1.500 millones de euros anuales no significa afirmar que exista una partida presupuestaria oficial con ese nombre. Significa realizar una estimación amplia incorporando los principales bloques de gasto conocidos: acogida estatal, atención humanitaria, plazas extraordinarias, menores extranjeros no acompañados, centros, subvenciones, traslados y otros dispositivos.

La cifra permite visualizar la dimensión económica del fenómeno: hasta 125 millones de euros al mes, unos 4,1 millones de euros diarios, destinados a mantener toda esta estructura.

El Gobierno oculta los datos

Y la cuestión adquiere especial relevancia cuando el número de llegadas aumenta. En 2025, pese a que las llegadas de migrantes a España descendieron un 42,6% respecto al año anterior, el Ministerio informó de que el sistema estatal atendió a 124.170 personas y mantuvo más de 56.000 plazas.

La discusión, por tanto, ya no se limita a cuántas personas llegan a España, sino a cuánto cuesta al conjunto de los españoles mantener el sistema de acogida, atención y protección asociado a esa llegada.

Y mientras el Gobierno no publique una contabilidad única que permita conocer con precisión cuánto dinero público se destina específicamente a inmigrantes en situación irregular, la factura seguirá estando repartida entre decenas de partidas y administraciones, dificultando que el ciudadano pueda conocer el coste real y completo de la política migratoria.

Principales partidas recogidas en el BOE. PGE e Inclusión

principales partidas utilizando datos oficiales del BOE, los Presupuestos Generales del Estado y documentos del Ministerio de Inclusión.

1. Sistema estatal de acogida y atención humanitaria

El principal gasto estatal corresponde al sistema de acogida gestionado por el Ministerio de Inclusión, que incluye plazas en centros, hoteles, pisos, traslados, atención jurídica, sanitaria y programas gestionados en gran parte por ONG como Cruz Roja, Accem, CEAR, etc.

Presupuesto oficial:

• 2023: 373 millones de euros.
• 2024: 428 millones.
• 2025: 558,9 millones de euros.

El propio BOE recoge contratos de acogida, plazas de emergencia, atención en costas, traslados y servicios asociados.

Esto supone una media aproximada de 46,5 millones de euros al mes solo para acogida estatal.

2. Programa de atención humanitaria

Dentro del sistema anterior se incluyen:

• atención en costas;
• plazas de emergencia;
• traslados desde Canarias, Ceuta o Baleares;
• alojamiento temporal;
• gestión por ONG.

En 2025 el Estado atendió a más de 124.000 personas mediante estos programas.

3. CETI y CATE

Los CETI (Ceuta y Melilla) y CATE (Canarias, Andalucía, Levante) dependen principalmente de Interior e Inclusión. No hay una cifra consolidada anual pública, pero mantenimiento, personal, alimentación, seguridad, asistencia sanitaria, reformas e infraestructuras suponen varias decenas de millones al año.

Como ejemplo, solo la reforma de un CATE en Lanzarote ascendió a 2,46 millones de euros. Además, la Unión Europea aprobó recientemente 114,7 millones extraordinarios para gestión migratoria, fronteras y acogida en Ceuta.

4. Menores extranjeros no acompañados (MENA)

Este gasto recae sobre las comunidades autónomas.

Ejemplos:

• Comunidad Valenciana: unos 23 millones anuales para aproximadamente 900 menores.
• Canarias, Andalucía, Ceuta, Melilla y Cataluña destinan cifras mucho mayores.

Diversas estimaciones autonómicas sitúan el gasto nacional en menores extranjeros no acompañados entre: 300 y 500 millones de euros anuales, aunque no existe una contabilidad estatal única.

5. Subvenciones y convenios con ONG

Las principales ONG que gestionan acogida reciben fondos mediante contratos y convenios públicos: Cruz Roja. Accem. CEAR. Cáritas. MPDL. Cepaim.

No todo el presupuesto de estas entidades está dedicado a inmigración irregular, ya que también trabajan con refugiados, pobreza, empleo o exclusión social.

Como ejemplo: Cáritas recibió unos 10,7 millones del Estado central en 2024, aunque la mayor parte de su financiación es privada.

Estimación global razonable

Sumando:

• acogida estatal: ~560 millones;
• atención humanitaria extraordinaria: 100–200 millones;
• CETI y CATE: varias decenas de millones;
• menores extranjeros: 300–500 millones;
• subvenciones y programas sociales asociados.

La horquilla total podría situarse aproximadamente entre: 1.200 y 1.500 millones de euros al año. Pero ojo, sin incluir:

• sanidad ordinaria;
• educación;
• justicia;
• policía y Guardia Civil;
• operaciones de vigilancia fronteriza;
• fondos europeos adicionales.

Eso equivaldría aproximadamente a: entre 100 y 125 millones de euros al mes.

Es importante señalar que estas cifras incluyen tanto inmigración irregular como solicitantes de asilo, refugiados y programas humanitarios, ya que la Administración no publica un desglose completamente separado para cada categoría.