El Gobierno ha elevado el tono frente a las comunidades autónomas que se resisten a acoger a los menores migrantes llegados a Ceuta. El delegado del Ejecutivo en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, advierte de que la Fiscalía de Menores podría intervenir de oficio si las regiones continúan negándose a recibirlos. La amenaza llega en plena crisis migratoria, con cientos de menores todavía sin identificar en las calles ceutíes.
La disputa entre Madrid y varios territorios autonomicos se agrava a medida que pasan los días sin que se resuelva el reparto de los menores llegados durante la crisis migratoria en la frontera de El Tarajal.
La advertencia de la Fiscalía de Menores de oficio
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, avisó en una entrevista en la Cadena SER de que la Fiscalía de Menores podría actuar de oficio si las comunidades autónomas persisten en su negativa a recibir a los menores no acompañados.
El delegado insistió en que la atención a estos menores «es ley y así tiene que ser», dejando claro que el Gobierno no dará marcha atrás en su intención de repartirlos por el territorio nacional.
Cerca de 500 menores siguen en las calles de Ceuta
Pérez Triano reconoció que no existe todavía una cifra exacta de menores extranjeros no acompañados que permanecen en las calles de la ciudad autónoma, aunque las autoridades locales estiman que rondarían los 500.
La falta de un recuento definitivo refleja el caos organizativo que atraviesa Ceuta más de una semana después de la entrada masiva de inmigrantes por la frontera de El Tarajal.
El argumento de la solidaridad interterritorial
El delegado del Gobierno reclamó solidaridad interterritorial para poder trasladar a estos menores a otras comunidades autónomas, insistiendo en que Ceuta se encuentra bastante desbordada y no tiene capacidad para asumir por sí sola la atención de todos.
A su juicio, los menores estarán mejor atendidos repartidos entre distintos territorios que concentrados en una ciudad que ya roza el colapso asistencial.
Un pulso político entre el Gobierno y las comunidades
La polémica se enmarca en la reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que fija un reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas a razón de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Varias comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de Vox se han mostrado reacias a aplicar este reparto, mientras que el Ejecutivo defiende que se trata de una obligación legal ineludible.
La Fiscalía de Menores, en el centro de la disputa
Con la advertencia de una posible intervención de la Fiscalía de Menores de oficio, el Gobierno endurece su discurso frente a las comunidades autónomas que se resisten a acoger a los menas.
La tensión entre Madrid y varios territorios promete intensificarse en las próximas semanas, mientras Ceuta continúa desbordada por la crisis migratoria.
