La investigación sobre las presuntas maniobras para interferir en el procedimiento judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, suma nuevos elementos. La jueza Beatriz Biedma ha presentado un escrito de alegaciones y solicitud de diligencias ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que incorpora un total de 652 mensajes de WhatsApp relacionados con los movimientos de las personas investigadas.

En su escrito, la magistrada considera que existen «indicios racionales» de que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada habría formado parte de la organización criminal investigada y habría participado plenamente en las actuaciones desarrolladas contra ella.

La documentación aportada recoge conversaciones mantenidas durante más de un año entre varios integrantes del grupo, un periodo que coincide con los momentos de mayor actividad de la instrucción judicial relacionada con David Sánchez.

Los 652 mensajes que centran la investigación de la UCO

Uno de los elementos principales del escrito presentado por Biedma son las conversaciones intervenidas y analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La magistrada identifica dos bloques de comunicaciones. El primero corresponde al grupo de WhatsApp denominado «Vacaciones y Viajes», en el que se registraron 476 mensajes entre el 23 de agosto de 2024 y el 3 de julio de 2025.

El segundo bloque incluye 176 mensajes intercambiados directamente entre Leire Díez y Luis José Sáenz de Tejada entre el 26 de septiembre de 2024 y el 8 de diciembre de 2025.

En conjunto, los investigadores han contabilizado 652 mensajes que, según la interpretación recogida en el escrito, permiten reconstruir parte de la actividad del grupo.

Biedma destaca que estas comunicaciones se produjeron durante una etapa especialmente relevante de la investigación contra David Sánchez, iniciada a finales de mayo de 2024 y elevada a la Audiencia Provincial en noviembre de 2025.

Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Joaquín Parra y Sáenz de Tejada: los integrantes del grupo

El grupo de WhatsApp estaba integrado por cuatro personas: Leire Díez, el abogado Javier Pérez Dolset, el empresario Joaquín Parra y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada.

Las conversaciones reflejarían, según el análisis de la UCO, que sus integrantes debatían sobre la estrategia que pretendían desarrollar.

Uno de los mensajes destacados se produjo el 27 de agosto de 2024. En esa fecha, Sáenz de Tejada insistió en la necesidad de establecer una estrategia común. La respuesta de Leire Díez fue contundente: «Ya tenemos una estrategia» y «llevamos meses trabajando en ella».

Díez añadió que el plan no se limitaba a realizar actuaciones en los medios de comunicación. Según los investigadores, entre las prioridades que señaló figuraba «el Presidente».

Pocos días después, el 2 de septiembre de 2024, los cuatro integrantes mantuvieron una reunión en un inmueble situado en el sexto piso del número 36 de la calle Diego de León, en Madrid.

Joaquín Parra explicó posteriormente ante la UCO, en una declaración prestada el 28 de mayo de 2026, que Leire Díez y Javier Pérez Dolset se referían a ese lugar como «un piso franco del PSOE».

Durante aquel encuentro, según el testimonio de Parra, Sáenz de Tejada realizó un repaso de jueces y funcionarios, entre los que se encontraba la propia Beatriz Biedma.

También se habría abordado la posibilidad de que David Sánchez sustituyera a su abogado por el exjuez, una propuesta que, de acuerdo con ese relato, habría rechazado el hermano del presidente del Gobierno.

Las anotaciones de Leire Díez sobre la jueza que investigaba a David Sánchez

A los mensajes de WhatsApp se suman varias anotaciones manuscritas localizadas en las libretas intervenidas a Leire Díez y documentación recuperada de los dispositivos electrónicos de los investigados.

Entre las frases recogidas figura una referencia directa al procedimiento judicial: «Paso 1: destruir procedimiento».

Otra de las anotaciones alude expresamente a Beatriz Biedma y señala que «le ha caído a la del 3, que es la que menos tiene pero tiene».

Asimismo, en el teléfono de Javier Pérez Dolset se encontró una nota en la que se describía a la magistrada de forma despectiva y se afirmaba que «Luis Sáenz de Tejada tiene toda la info».

Estos documentos forman parte del material que la magistrada ha incorporado a sus alegaciones para respaldar su petición de nuevas diligencias judiciales.

La denuncia contra Biedma llegó a la Fiscalía General del Estado

El escrito también reconstruye los pasos que se habrían seguido para presentar una denuncia contra la magistrada ante la Fiscalía General del Estado.

Según la documentación aportada, el 17 de septiembre de 2024 Sáenz de Tejada remitió a Leire Díez un borrador de la denuncia para que pudiera revisarlo.

Díez intervino en el contenido del documento y comunicó que había eliminado determinados fragmentos porque, según sus propias palabras, «producía excesiva dureza».

El 16 de octubre de ese mismo año dio su aprobación definitiva mediante un mensaje en el que escribió «adelante mañana». La denuncia terminó registrándose en la Fiscalía el 21 de octubre de 2024.

Biedma sostiene que, una vez presentada, Leire Díez trasladó inmediatamente el documento a una persona identificada en las comunicaciones como «Santos».

La actividad contra la jueza continuó durante los meses siguientes. El 27 de noviembre de 2024, coincidiendo con la fecha en la que Biedma imputó a David Sánchez, Sáenz de Tejada volvió a presentar la denuncia mediante burofax.

Posteriormente, el exjuez intentó personarse como acusación popular en el procedimiento, una solicitud que fue rechazada por la magistrada el 5 de marzo de 2025 por considerar que existía un abuso de derecho.

También promovió la recusación de Biedma, que fue desestimada por haberse presentado fuera de plazo y por no acreditar un interés legítimo.

La UCO apunta a una posible estrategia para presionar y apartar a la magistrada

Las conclusiones de la Guardia Civil recogidas en el procedimiento constituyen otro de los elementos centrales de las alegaciones.

La UCO aprecia indicios de una actuación coordinada que habría tenido como objetivos recopilar información sobre la jueza, desacreditarla, ejercer presión sobre ella y conseguir que abandonara la investigación judicial.

Según el análisis policial, la finalidad última de estas actuaciones habría sido proteger determinados intereses relacionados con procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y, directa o indirectamente, a integrantes del Gobierno o al propio presidente.

Estas conclusiones se apoyan en el conjunto de comunicaciones, documentos y actuaciones que los investigadores han incorporado a las diligencias.

Biedma solicita nuevas declaraciones y documentación policial

A partir de los nuevos elementos aportados, la magistrada solicita que se practiquen tres diligencias para seguir esclareciendo los hechos.

La primera consiste en reclamar al juzgado de Badajoz el testimonio de las actuaciones relacionadas con la personación de Sáenz de Tejada y su posterior recusación. La Fiscalía ya había considerado procedente esta petición el 25 de septiembre.

La segunda solicitud es que Cintia Rocho declare como testigo. Esta mujer explicó a la UCO que había recibido una llamada telefónica de Sáenz de Tejada en la que, supuestamente, le dijo que «había que eliminarla».

Rocho manifestó que interpretó esas palabras como una posible amenaza de agresión física. También relató que el exjuez se había referido a Biedma con expresiones como «puto grano en el culo» y «a palos aprende el burro».

La tercera diligencia solicitada consiste en que la Policía Nacional de Badajoz remita el atestado policial destinado a identificar a la persona que utilizaba el perfil de Facebook denominado «José García Fernández».

La acusación particular denuncia una posible campaña de calumnias contra Biedma

La acusación particular sostiene que las diferentes denuncias y quejas promovidas por Sáenz de Tejada contra la magistrada han terminado siendo inadmitidas o archivadas.

En consecuencia, considera que las afirmaciones realizadas contra Biedma podrían constituir un delito continuado de calumnias si se demuestra que carecían de fundamento.

Además, el escrito plantea la posible existencia de una «evidente estafa procesal» por la utilización de actuaciones judiciales que, según sostiene esta parte, habrían perseguido apartar a la jueza del procedimiento.

La incorporación de los 652 mensajes de WhatsApp, junto con las anotaciones y el resto de la documentación analizada por la UCO, sitúa de nuevo en el centro de la investigación las presuntas maniobras para influir en el procedimiento contra David Sánchez y las actuaciones dirigidas contra la magistrada que instruía la causa.