El Ministerio de Transportes, a través de Adif, encargó el mantenimiento de la seguridad de la línea Madrid-Sevilla, incluido el tramo del accidente de Urda, a una empresa que había sido sancionada con 17 millones de euros por participar en un cártel. Así lo sostiene El Debate en una información en la que, además, se atribuye a Transportes saber de esa multa cuando adjudicó el contrato. Se trata de una valoración del diario, no de una conclusión judicial ni de una respuesta del Ministerio, que no aparece en el texto.
Un contrato adjudicado en enero de 2024 con una única oferta
Según el diario, Adif adjudicó el contrato en enero de 2024, dos meses después de que Óscar Puente tomara posesión como ministro, y lo hizo con una única oferta. La adjudicataria es GTS Transportation Spain, una unión temporal de empresas participada en un 80 % por la filial ferroviaria de Thales y en un 20 % por Sistemas y Montajes Industriales. El importe fue de 72.161.510 euros más IVA, a cuatro años, frente a un presupuesto de licitación de 72,52 millones, lo que supone una rebaja del 0,5 %, unos 362.000 euros.
El contrato cubre las líneas Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga y el ramal La Sagra-Toledo, e incluye el sistema LZB que falló la mañana del 28 de octubre, cerca del kilómetro 118, donde se produjo el accidente. Entre las exigencias figuran personal de guardia las 24 horas y un plazo máximo de 60 minutos para llegar a las instalaciones.
La multa de 17 millones por el cártel
Thales España fue multada en 2021 por la CNMC con 17.029.041 euros por participar en un cártel entre 2002 y 2017. Según el organismo, las empresas coordinaron ofertas para repartirse 82 licitaciones convocadas por Fomento, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y Adif. Las multas superaron los 127 millones y se sancionó a diez directivos, entre ellos el presidente y consejero delegado de Thales, con 60.000 euros.
El diario cita además un correo de 2014 en el que un directivo de la compañía hablaba de respetar un «acuerdo histórico», con un reparto de tramos y del mantenimiento durante veinte años. Son documentos incorporados al expediente sancionador, y El Debate no afirma que existan vínculos con la adjudicación actual más allá de la identidad de la empresa.
Un contrato un 27 % más caro
La comparación con el contrato anterior, también adjudicado a Thales en 2019, resulta llamativa: costó 56,8 millones sin IVA a 48 meses, con una rebaja del 20 % y dos ofertas. El de 2024 es, según el diario, un 27 % más caro. Conviene recordar que los alcances pueden no ser idénticos, y el texto no detalla si las prestaciones de ambos contratos son equiparables.
El papel de los técnicos y el cambio de titular
El diario señala que el responsable de Adif que firmó el contrato figuraba también, según los documentos de licitación, entre los técnicos que en 2021 validaron una oferta de Thales con una rebaja del 28,45 %, por encima del umbral de oferta anormal. Es un dato que el medio aporta sin acusar a nadie de ninguna irregularidad.
En mayo de 2024, el negocio ferroviario de Thales pasó a Hitachi Rail, que mantiene hoy la línea. El diario añade que técnicos del Ministerio habían detectado un sobrecoste de 10,9 millones en el contrato de renovación de seguridad que un tercero exigió, y que el departamento de Puente habría encargado a cinco funcionarios revisar el expediente para atribuir la culpa a la adjudicataria. Todo ello procede del propio medio.
Lo que no se ha demostrado
Es importante subrayar lo que la información no dice. El diario no afirma que la multa impidiera legalmente a la empresa contratar con la Administración, ni que la adjudicación fuera irregular, ni que el mantenimiento tuviera relación con el accidente. Las causas del siniestro, que según el último balance dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos, siguen bajo investigación de la Guardia Civil, la CIAF y un juzgado de Orgaz.
LaBandera ya ha recogido otras derivadas de la gestión ferroviaria, como que el sistema de seguridad que pudo evitar el choque debía estar listo en enero de 2026 y que su retraso podría costar penalizaciones.
Las preguntas pendientes
Quedan por responder qué comprobaciones hizo Adif sobre la adjudicataria, por qué solo se presentó una oferta, si las condiciones del contrato eran las más ventajosas y qué responsabilidad tiene, en su caso, el mantenimiento en lo ocurrido. La información no recoge ninguna respuesta oficial del Ministerio ni de Adif, de modo que la versión del Gobierno sigue siendo una incógnita.
