La instrucción dictada en 2022 por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, cuando dirigía la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, habría permitido nacionalizar a familias enteras con la partida de nacimiento de un bisabuelo del siglo XIX. Así lo sostiene OKDiario en una información que sostiene que su alcance va más allá de lo que establece la ley. La propia Sofía Puente está siendo investigada por un juzgado de Madrid, pero se trata de una causa abierta y no de una condena, y el texto no incluye respuesta del Ministerio ni de ella.
Qué decía la instrucción
Según el diario, el documento extendió la Ley de Nietos, integrada en la Ley de Memoria Democrática, a los descendientes de emigrantes españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir probar el motivo de su marcha. Podían optar, según la instrucción, quienes hubieran nacido en el extranjero de un progenitor o un abuelo originariamente españoles, sin vínculo con el exilio.
La ley, en su disposición adicional octava, se refiere a quienes nacieron fuera de España de padre o madre españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por el exilio, por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual. El diario sostiene que la instrucción amplió ese ámbito y que sus efectos llegan incluso a los descendientes de emigrantes económicos del siglo XIX, según su propia información previa.
«Familias enteras» y «la partida de nacimiento»
El diario recupera unas declaraciones del cónsul de España en Rosario, Pablo Platas, en una entrevista de hace unos dos años. Platas explicó que el trámite dura entre seis y ocho meses, que se necesitan cuatro documentos y que el 95 % de los solicitantes presentaba el expediente «muy bien preparado». Sobre lo más difícil, dijo que es conseguir la partida de nacimiento, y sobre las familias, que las solicitudes llegan «juntas» y en grupos muy extensos. El consulado de Rosario tramita, según el diario, más de 1.000 concesiones al mes.
Las cifras que maneja el Gobierno
Con datos del Gobierno hasta el 31 de agosto, se han aprobado 600.700 solicitudes de nacionalidad y hay unas 370.000 personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). Antes de la ley, el cónsul calculaba 40.000 españoles en su demarcación y preveía llegar a 120.000.
LaBandera ya había informado de que el Supremo suspendió las altas en el censo de la ley de nietos a petición de Vox, y de que Sofía Puente cambió presuntamente los formularios de los consulados cuatro meses después.
El caso de Montreal
El diario cuenta que el consulado de Montreal rechazó la solicitud de un descendiente cuyo abuelo nació en 1942 en São Paulo y no era exiliado. El solicitante presentó su petición en mayo de 2023 y, poco después de una consulta del consulado, Puente habría ordenado reconocer la nacionalidad a descendientes incluso sin documentos acreditativos de la expatriación. Es una secuencia que el medio presenta, pero que no se ha acreditado judicialmente.
La querella y el Supremo
Un juzgado de Madrid admitió una querella de HazteOír contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación en relación con esta instrucción, como ya recogió LaBandera en una jueza de Madrid abre causa contra la hermana de Óscar Puente. Admitir una querella no significa que haya indicios probados, y la investigada goza de presunción de inocencia. El Tribunal Supremo, por su parte, ha pedido a los consulados que acrediten que los beneficiarios probaron el exilio de sus antepasados.
Lo que falta por saber
Quedan sin aclarar cuántas de las concesiones se apoyaron en la instrucción, cuántas se concedieron sin acreditar el exilio y cómo resolverán los tribunales la causa abierta. Habrá que esperar a las decisiones del juzgado y del Supremo para saber si la instrucción se ajustó o no a la ley.
