El Gobierno ha decidido no esperar al juicio para fijar su versión de los hechos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado un "escarnio público" hacia Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y ha ido un paso más allá: ha presionado abiertamente al futuro jurado popular para que la declare inocente.
Es inocente, sentencia el Gobierno antes del juicio
Saiz no dejó lugar a la ambigüedad sobre cuál debería ser, a su juicio, el desenlace del proceso judicial. "Y en este caso eso significa que es inocente", afirmó la ministra al referirse a lo que, según ella, constituiría hacer justicia, una declaración que llega antes incluso de que el jurado popular haya sido constituido.
Una presión insoportable, según Moncloa
La portavoz gubernamental calificó de "insoportable" la presión que, a su juicio, sufre Begoña Gómez por el mero hecho de ser "la mujer de un presidente progresista", en un intento de enmarcar el proceso judicial como una persecución política más que como una causa penal con indicios suficientes para llegar a juicio con jurado.
Tráfico de influencias y malversación, los cargos que afronta
La instrucción, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, se prolonga desde hace más de dos años y ha terminado con la apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El Gobierno califica la investigación de "arbitraria e injusta", en línea con la estrategia de defensa que ha mantenido Moncloa desde que se conocieron las primeras diligencias, como ya recogía este medio al informar de que Peinado envió a Begoña Gómez a juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación.
Presionar al jurado antes de que exista
Lo llamativo del posicionamiento del Gobierno no es tanto que defienda a Begoña Gómez, algo esperable dada su cercanía al presidente, sino el momento y la forma elegidos: presionar públicamente sobre cuál debe ser el veredicto de un jurado popular que todavía ni siquiera se ha constituido, en un ejercicio que muchos juristas consideran, cuando menos, delicado desde el punto de vista de la separación de poderes.
Un Ejecutivo que no oculta su implicación en la causa
Lejos de mantener la distancia institucional que cabría esperar del Gobierno ante un proceso judicial que afecta directamente a la familia del presidente, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de exposición pública constante, denunciando cada paso de la instrucción como una persecución y anticipando ya, en boca de una ministra, cuál debería ser el resultado de un juicio que todavía ni siquiera ha comenzado.
