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La ley del maltrato animal reprocha penalmente a personas jurídicas

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El maltrato animal puede imputarse por partida doble a un proveedor y al negocio hostelero que le compra el producto

El maltrato animal que, a ojos de la extrema izquierda urbanita se soluciona con leyes elaboradas con la técnica jurídica de un tuitero preadolescente, incluye una modificación del Código Penal que genera situaciones delirantes. Puede existir una doble imputación, por ejemplo, a una explotación ganadera y al restaurante que le compra el producto.

La reforma, en vigor desde el pasado mayo, amplía las medidas contra el abandono y el maltrato animal y, además, incluye a las personas jurídicas, además de las físicas, entra aquellas que pueden enfrentar responsabilidades penales.

En otros términos, la ley no sólo afecta a negocios que tratan directamente con los animales (granjas, mataderos, etc) sino prácticamente cualquier empresa que emplee productos animales suministrados poor los antedichos, como la hostelería y la restauración.

Leyes ideológicas creadas a espaldas de la realidad

El pasado 16 de marzo de 2023, el Gobierno sacó adelante dos cambios legislativos impulsados por la vía de urgencia desde la facción animalista y anticaza del ejecutivo: la Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal que incluye penas de prisión por maltratar a un vertebrado.

El digital Confilegal recogió este lunes las declaraciones al respecto del abogado Felipe García. “Puede haber una doble imputación tanto para los responsables materiales, es decir, la persona que maltrata al animal, y quien se beneficia de esta acción”, afirma el letrado del despacho Círculo Legal.

El abogado señaló que es necesario probar que existe un beneficio directo o indirecto, y puso como ejemplo que un granjero, pare ahorrar costos, no construya una nave separada para cerdos enfermos. Con la reforma aprobada, la empresa que adquiere la carne queda obligada a incrementar sus controles sobre sus propios proveedores.

Debe tenerse en cuenta que los malos tratos psicológicos también están penados por la nueva ley, extendiéndose de la misma manera las empresas que pudieran obtener una ganancia directa o indirecta con dicho maltrato. La comisión de este tipo de maltrato es más nebulosa y depende del criterio de veterinarios o especialistas en detectar el sufrimiento y el miedo de los animales.

El nuevo marco legal se aplica también fuera de las explotaciones ganaderas, e incluye el transporte de los animales. En caso de considerarse que las condiciones del transporte provocan sufrimiento animal, pueden ser objeto de acciones penales, tanto los conductores, como las empresas con las que tienen contratos para proveerles de productos animales.

Normas y controles que ya existen se vuelven más rígidos

Este proceso, denominado “due diligence”, consiste en la investigación de la empresa proveedora. La empresa cliente deberá encargarse de pedir toda clase de certificados, informes o seguros para conocer si sus proveedores cumplen la normativa.

“También van a tener que controlar los catálogos de riesgos de los modelos de cumplimiento normativo (compliance)”, añadió el abogado en alusión a que los procedimientos que se impondrán para el bienestar animal deberá contar con un análisis de riesgos penales que determinen si son altos o bajos, según el sector.

“Al final, un problema con un proveedor crítico incide en la empresa que lo contrata por no controlar, puede crear un problema importante de “compliance” que incluso puede llevar a la ruina económica de la misma”, advirtió el entrevistado.

Si bien las empresas del sector primario en España son de las mejores del mundo y poseen desde hace años herramientas para auditar cada eslabón de la cadena de valor, la legislación ideológica actual añade procedimientos de inspección y una burocracia mucho más rígida.

1 Comment

  1. Julio Dámaso
    junio 6, 2023 @ 6:10 pm

    A nadie nos gusta que maltraten a los animales, pero una cosa es protegerlos y otra cosa ya es esto.

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