La amenaza de un menor tutelado contra una trabajadora de un centro de protección de Zaragoza ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad de los profesionales que trabajan con menores bajo tutela. La víctima, una educadora social de 27 años, se encuentra de baja médica tras denunciar semanas de presunto acoso y un episodio que el Gobierno de Aragón califica de extrema gravedad.
Los hechos ocurrieron en el centro CAIIMA de Movera, en Zaragoza, donde un interno de 17 años, de origen magrebí según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, protagonizó un episodio de gran agresividad que obligó a intervenir a la Policía Nacional.
Una amenaza de extrema violencia
Según la versión ofrecida por el Gobierno de Aragón, el menor profirió amenazas de muerte y de carácter violento contra la educadora durante el incidente.
Entre las frases denunciadas figura una especialmente grave:
"Tu cara es muy pequeña, te la voy a chafar contra la pared y te voy a sacar los ojos con mis dedos".
La trabajadora tuvo que recibir asistencia sanitaria y posteriormente inició una baja laboral como consecuencia de lo sucedido.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que este episodio no fue un hecho aislado, sino el desenlace de varias semanas de presunto acoso continuado por parte del mismo interno, circunstancias que, según indican, también habrían quedado reflejadas en la denuncia presentada.
La Policía intervino para controlar la situación
La tensión generada durante el incidente hizo necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional en las instalaciones del centro.
Según la información difundida por el Gobierno aragonés, el joven fue finalmente detenido tras el episodio de agresividad.
La Consejería de Bienestar Social ha anunciado además un seguimiento permanente del caso con el objetivo de prestar apoyo jurídico y psicológico a la víctima y estudiar todas las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.
Nolasco reclama la actuación inmediata de la Fiscalía
Tras conocerse lo ocurrido, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha reclamado públicamente la intervención de la Fiscalía.
El dirigente considera que la gravedad de los hechos y la supuesta reincidencia del menor justifican una actuación rápida por parte del Ministerio Fiscal.
Asimismo, ha solicitado que se agilice la práctica de las pruebas biológicas de determinación de edad cuando existan dudas sobre la minoría de edad de algunos inmigrantes tutelados.
El debate sobre la seguridad en los centros de menores vuelve a escena
El caso ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en los centros de protección de menores y la protección de los profesionales que desarrollan su trabajo en estos recursos asistenciales.
Sindicatos y trabajadores del sector llevan tiempo reclamando mayores medidas de seguridad, más personal especializado y protocolos de actuación más eficaces ante situaciones de violencia.
Aunque la mayoría de menores tutelados no protagonizan incidentes graves, los episodios violentos que trascienden públicamente vuelven a generar un intenso debate político y social sobre el funcionamiento del sistema de protección.
El Gobierno de Aragón anuncia apoyo total a la trabajadora
Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que mantendrán un "estrecho seguimiento" del caso y que pondrán a disposición de la educadora todos los recursos necesarios tanto desde el punto de vista jurídico como asistencial.
Mientras avanza la investigación y la Fiscalía decide las actuaciones oportunas, el incidente vuelve a situar sobre la mesa una cuestión que periódicamente genera controversia: cómo garantizar la seguridad de quienes trabajan diariamente en los centros de protección de menores sin comprometer el objetivo de reinserción y atención que persigue este sistema.
