La situación de Ceuta y las relaciones del Gobierno con Marruecos han vuelto a incendiar este miércoles la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. Santiago Abascal ha lanzado una de sus intervenciones más duras contra Pedro Sánchez y ha acusado al presidente de encontrarse sometido a Rabat, llegando a preguntarle directamente si Marruecos dispone de información con la que estaría chantajeando al jefe del Ejecutivo. El dirigente de Vox no ha aportado pruebas que acrediten la existencia de ese supuesto chantaje y ha presentado la pregunta como retórica, dentro de una intervención eminentemente política.

«¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su Gobierno?», ha arrancado Abascal desde la tribuna. Acto seguido, ha añadido: «No se preocupe, que es una pregunta retórica. No la conteste, que además le veo muy tenso. Toda España sabe que sí». El presidente de Vox ha elevado posteriormente el tono asegurando que «nuestro Gobierno está en Rabat» y que «la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos».

La intervención de Abascal contra Sánchez por Ceuta se produce con la ciudad autónoma instalada nuevamente en el centro del debate político nacional después de las entradas masivas de finales de julio. Sánchez sostiene que no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que Marruecos organizó deliberadamente aquellos acontecimientos, aunque ha reconocido que durante unas horas las fuerzas marroquíes permitieron los cruces fronterizos. Reuters informó la semana pasada de que el presidente diferenciaba entre una eventual estrategia deliberada de Rabat y una posible situación de inacción o incapacidad de las autoridades marroquíes.

«Nuestro Gobierno está en Rabat»

Abascal no ha hecho esa distinción. El presidente de Vox ha convertido la relación con Marruecos en el eje central de su discurso y ha llegado a sostener que Sánchez estaría dispuesto a entregar «Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario». Se trata de una acusación política para la que el líder de Vox no ha presentado pruebas durante su intervención y que el Gobierno rechaza.

El dirigente de Vox ha extendido posteriormente sus acusaciones al conjunto de la izquierda española, a la que ha responsabilizado de mantener una posición de «sumisión» y ha definido como «una simple embajadora del islamismo». A continuación ha defendido las decisiones adoptadas por Vox allí donde participa en gobiernos y ha celebrado la retirada de determinados programas educativos relacionados con Marruecos.

«Por eso les irrita tanto cuando allí donde gobierna Vox sacamos a los agentes de otros países extranjeros, a los agentes marroquíes de nuestras aulas, donde andaban enseñando cultura marroquí», ha asegurado. Abascal ha enlazado inmediatamente este asunto con los resultados conocidos esta semana del informe PISA, que han vuelto a situar el rendimiento educativo español en el centro de la confrontación política.

La sesión de control ha estado precisamente marcada por Ceuta, PISA y la decisión del Tribunal Supremo sobre la denominada «ley de nietos». También Alberto Núñez Feijóo ha acusado este miércoles a Sánchez de haber «desprotegido» a España frente a una «agresión consentida o impulsada por Marruecos», mientras el presidente del Gobierno ha respondido asegurando que volverá a presentarse ante los ciudadanos y que el PSOE volverá a ganar las elecciones.

Abascal carga contra la izquierda

El presidente de Vox ha continuado su intervención acusando a la izquierda de identificarse con banderas extranjeras antes que con la española. «La del señor Sánchez ya sabemos que es la de Marruecos, la de otros por aquí la de Cuba, la de China, la de Palestina o la de cualquier grupo terrorista que amenace a Occidente. La de España no», ha afirmado.

Abascal ha pronunciado después otra de las frases centrales de su discurso: «España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores». El dirigente ha utilizado de nuevo el término «traidores» para referirse políticamente al Ejecutivo, sin que esa expresión implique la existencia de una condena o declaración judicial por un delito de traición.

Su planteamiento ha ido más allá de Marruecos. Abascal ha asegurado que el próximo Gobierno debe mantener su autonomía respecto de cualquier potencia o centro político extranjero: «El próximo Gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, ni puede estar en ningún otro sitio, ni puede estar en Pekín».

La intervención de Abascal contra Sánchez por Ceuta ha servido así al líder de Vox para construir un discurso más amplio sobre soberanía nacional, política exterior e inmigración, asuntos que el partido pretende situar entre los principales ejes políticos del nuevo curso.

Vox exhibe su victoria cautelar sobre la «ley de nietos»

Abascal también ha aprovechado el pleno para celebrar la resolución conocida este martes sobre la denominada «ley de nietos». «Vamos a derrotar sus intentos de manipulación electoral como de la ley de nietos. Sí, señor Sánchez, lo vamos a hacer como lo hemos logrado en el Tribunal Supremo», ha proclamado.

La afirmación de Abascal sobre una supuesta «manipulación electoral» constituye la interpretación política de Vox y no una conclusión establecida por el Tribunal Supremo. Lo que ha hecho el Alto Tribunal es estimar parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa frente al acuerdo adoptado el pasado 16 de julio por la Junta Electoral Central.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dejado en suspenso determinadas altas y efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas que accedieron a la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La excepción afecta a quienes acrediten mediante los registros consulares que descienden de españoles que sufrieron exilio por los motivos contemplados legalmente. La medida es cautelar y no supone una sentencia sobre el fondo del asunto ni anula las nacionalidades concedidas.

Sánchez y Vox chocan por el voto exterior

La decisión judicial ha introducido un nuevo frente en la batalla entre Gobierno y oposición. Según los últimos datos oficiales citados en la información publicada sobre el procedimiento, hasta el 31 de mayo se habían presentado 1.225.188 solicitudes en oficinas consulares, con 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones practicadas. El alcance electoral definitivo dependerá de la situación individual de cada expediente y de la sentencia que posteriormente dicte el Supremo.

El Gobierno no comparte la decisión cautelar. Vox, por el contrario, la presenta como una primera victoria judicial frente a lo que considera una interpretación expansiva de la Ley de Memoria Democrática. Esa discrepancia ha llegado directamente al hemiciclo apenas 24 horas después de conocerse la resolución.

Abascal ha utilizado el pronunciamiento para reforzar su ofensiva contra Sánchez: «El Gobierno de España va a servir a los intereses de los españoles, a esos que usted ha traicionado durante los últimos ocho años». Y ha continuado: «Les ha mentido, les ha arruinado, les ha traicionado».

El dirigente de Vox ha cerrado esa parte de su discurso con otra advertencia: «Durante mucho tiempo traicionar a España tenía recompensa. Pero eso se acabó. A partir de ahora traicionar a España no tendrá recompensa».

Abascal vuelve a señalar el artículo 102

El momento políticamente más relevante de la intervención de Abascal contra Sánchez por Ceuta ha llegado al final, cuando el presidente de Vox ha vuelto a reclamar la activación del artículo 102 de la Constitución contra Pedro Sánchez.

«Por eso hay que activar urgentemente el artículo 102, para llevarle al señor Sánchez ante el Supremo y para saber exactamente cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara», ha concluido Abascal.

El artículo 102 regula la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno. Cuando la acusación sea por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa únicamente puede plantearse por una cuarta parte de los miembros del Congreso y necesita la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.

Por tanto, la petición de Abascal no supone que exista actualmente una declaración judicial de que Sánchez haya cometido traición ni que el Tribunal Supremo haya asumido una causa por ese delito. Se trata de la estrategia política y parlamentaria defendida por Vox para tratar de impulsar el procedimiento constitucional.

Ceuta domina el regreso al Congreso

La dureza del enfrentamiento refleja hasta qué punto los acontecimientos de Ceuta han condicionado el inicio del nuevo curso parlamentario. El Congreso ya acogió el pasado 3 de septiembre una comparecencia específica de Sánchez para explicar la actuación del Ejecutivo desde el 30 de julio y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la frontera española y europea. El orden del día oficial recogía expresamente la situación provocada por el incremento de entradas ilegales desde Marruecos.

Sánchez defendió entonces que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron que priorizar la protección de vidas cuando numerosos grupos comenzaron a atravesar el espigón del Tarajal. El presidente reclamó «unidad y lealtad institucional» y defendió la actuación desarrollada por el Estado desde el comienzo de los acontecimientos.

Vox mantiene una interpretación radicalmente diferente. Ya la semana pasada Abascal calificó al Ejecutivo de «traidor» y lo acusó de «complicidad» con Marruecos, mientras el PP exigía responsabilidades políticas a Sánchez por su gestión de Ceuta.

«¿Cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara?»

La intervención de Abascal contra Sánchez por Ceuta termina así elevando todavía más una confrontación que ya no gira exclusivamente alrededor de la política migratoria. Vox ha unido en un mismo discurso la entrada masiva de julio, las relaciones con Marruecos, la educación, la «ley de nietos», la soberanía nacional y la posible utilización del artículo 102 de la Constitución.

Abascal ha construido toda su intervención alrededor de una acusación: que Sánchez habría subordinado los intereses españoles a los de Rabat. El presidente de Vox no ha presentado pruebas de un supuesto chantaje marroquí ni de que el jefe del Ejecutivo pretenda entregar territorios españoles, por lo que ambas afirmaciones deben entenderse como acusaciones políticas formuladas desde la tribuna parlamentaria.

El choque deja, sin embargo, una frase destinada a protagonizar la jornada política. Después de preguntar a Sánchez si Marruecos dispone de información comprometedora sobre él, su familia y su Gobierno, Abascal ha terminado reclamando activar el mecanismo constitucional para llevar al presidente ante el Supremo y preguntando desde el Congreso: «¿Cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara?».