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El Supremo rechaza los recursos de dos condenados por los ERE que querían beneficiarse de la reforma del delito de malversación

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El Alto Tribunal considera que el saqueo perpetrado por los socialistas en el ‘Caso ERE’ no es una ‘mera desviación presupuestaria’

La Sala de lo Penal del Supremo ha desestimado los recursos de la exconsejera socialista de Economía de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo y su compinche, el ex director de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, contra la decisión de la Audiencia de Sevilla de no revisar sus condenas por el saqueo de los ERE tras la reforma del delito de malversación.

El Supremo detalló que que “difícilmente” puede considerarse el apoderamiento o sustracción perpetrada de ingentes cantidades del presupuesto público de los socialistas que saquearon los ERE de Andalucía como una “mera desviación presupuestaria”, como argumentaban los condenados.

Carmen Martínez Aguayo y Miguel Ángel Serrano, dos cargos socialistas condenados a 6 años de cárcel

Ambos cargos socialistas fueron condenados en el ‘caso ERE’ por delito de prevaricación, en concurso medial con delito de malversación agravado, a 6 años y 2 días de prisión, la primera, y 6 años y 6 meses, el segundo, penas establecidas por la Audiencia de Sevilla y confirmadas por el Supremo.

Tras la entrada en vigor de la reforma del delito de malversación por la Ley 14/2022, ambos condenados reclamaron a la Audiencia de Sevilla la revisión de sus penas por entender que sus delitos, perpetrados en el ‘caso ERE’, encajaban en el nuevo tipo penal, más favorable a los reos.

La Audiencia de Sevilla rechazó la argumentación y la revisión de las condenas y los condenados recurrieron en casación al Alto Tribunal, que también ha desestimado sus pretensiones.

El Supremo explica la diferencia entre el saqueo de los ERE y la desviación presupuestaria

El Supremo desgrana que la reforma del delito de malversación descansa en la distinción entre: las conductas de apropiación o distracción de los fondos públicos hacia beneficios directos o indirectos de carácter privado y, por otra parte, los comportamientos que suponen una desviación de las finalidades legalmente establecidas, sin comportar una apropiación definitiva o el uso temporal para fines privados.

Por tanto, el Alto Tribunal considera que “difícilmente” “puede reconducirse a una mera desviación presupuestaria”, lo que se describe en la sentencia del ‘caso ERE’ como “el apoderamiento o sustracción perpetrada de ingentes cantidades del presupuesto público, a quien su gestión correspondía, para entregarlo en ilícito e indebido procedimiento a otro ente público para que dispusiera como si fuera propio, sin necesidad siquiera de convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, repartiéndolo sin criterio presupuestario alguno, o (…) “al margen del presupuesto”.

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