La Guardia Civil ha confirmado este viernes ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó información previa sobre la posibilidad de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El dato supone una nueva pieza en la reconstrucción de qué conocían los distintos organismos del Estado antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y llega después de semanas de versiones aparentemente contradictorias dentro del propio Gobierno sobre el alcance de los avisos previos.
La Guardia Civil confirma el aviso del CNI sobre Ceuta en un oficio remitido por su Jefatura de Información a Tardón. No se trata de un informe de inteligencia elaborado específicamente sobre el origen de la entrada masiva, sino de una contestación a las preguntas formuladas por la magistrada para decidir si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar los hechos. La respuesta reconoce la existencia del aviso, pero introduce un matiz fundamental: según la interpretación del Instituto Armado, aquella información no permitía anticipar las dimensiones extraordinarias que finalmente alcanzó la entrada.
El CNI sí trasladó una alerta
La información conocida este viernes confirma documentalmente uno de los extremos que había generado mayor controversia política durante agosto. Según las fuentes citadas por El Periódico, el CNI informó a la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta de una previsión de entrada masiva a nado. Entre las comunicaciones figura la trasladada el 29 de julio, apenas un día antes del comienzo del asalto masivo.
La Guardia Civil sostiene, sin embargo, que aquel aviso carecía de elementos suficientemente precisos para anticipar lo que sucedería pocas horas después. No habría incluido, entre otros datos, una estimación concreta del número de personas que podían intentar acceder a territorio español durante las siguientes 72 horas. El Instituto Armado argumenta además que sus unidades desplegadas sobre el terreno ya manejaban información sobre la presión existente en la frontera. El Periódico
La Guardia Civil confirma el aviso del CNI sobre Ceuta, por tanto, pero distingue entre haber recibido información sobre un posible intento masivo y disponer de una previsión capaz de anticipar la magnitud real de lo que terminó ocurriendo.
Las versiones de Robles y Marlaska
La confirmación resulta especialmente relevante por el enfrentamiento político generado alrededor de los avisos. Margarita Robles ya había asegurado públicamente el 25 de agosto que funcionarios del CNI destinados en Ceuta trasladaron el día 29 información sobre una convocatoria para intentar entrar a nado al día siguiente. La ministra de Defensa defendió entonces que los servicios de Inteligencia habían cumplido con su obligación y compartido la información disponible.
Fernando Grande-Marlaska sostuvo prácticamente al mismo tiempo que «no hubo ningún informe» que advirtiera de una entrada de las dimensiones que terminó registrándose. Interior ha defendido posteriormente que ambas afirmaciones podían ser compatibles: existieron comunicaciones y alertas sobre la presión fronteriza, pero ninguna anticipó una entrada de decenas de miles de personas. RTVE recogió entonces las diferentes explicaciones ofrecidas por ambos ministros y la respuesta de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que negó haber recibido un documento que anticipara lo que finalmente sucedió.
La cuestión pasa ahora del debate político a la documentación remitida a la Audiencia Nacional: sí existió una comunicación previa del CNI a la Guardia Civil, aunque continúa abierta la discusión sobre su grado de precisión y sobre qué medidas justificaba adoptar.
Tardón preguntó qué se sabía
La juez María Tardón había solicitado información a la Guardia Civil dentro de las diligencias abiertas tras una denuncia de Iustitia Europa. La magistrada trata de determinar si los acontecimientos pueden encajar en delitos cuya investigación corresponda a la Audiencia Nacional y pidió información tanto a la Policía Nacional como al Instituto Armado.
Las preguntas remitidas a la Guardia Civil se concentraban en tres grandes bloques: qué dispositivo estaba desplegado durante los días 30 y 31 de julio, cómo se desarrolló la entrada masiva y cuáles fueron sus consecuencias —incluidas las víctimas— y qué información manejaban previamente las fuerzas de seguridad.
La Guardia Civil confirma el aviso del CNI sobre Ceuta al responder precisamente a este último punto. El documento no entra, según las informaciones conocidas, a valorar si Marruecos organizó o facilitó la operación. Fuentes conocedoras de la respuesta explican que Tardón no había preguntado específicamente al Instituto Armado por esa cuestión, por lo que la Jefatura de Información se ha limitado al objeto concreto del requerimiento judicial.
El dato de los 90 cadáveres
El oficio aporta además un dato de enorme relevancia sobre las consecuencias humanas de aquellos días. La Guardia Civil explica a Tardón la actuación de los agentes encargados de la frontera, del Servicio Marítimo y de los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) durante las operaciones de rescate y recuperación de víctimas.
Según el contenido publicado este viernes, los efectivos intervinieron en el rescate de inmigrantes y en la recuperación de 90 cadáveres durante el acceso masivo por la zona del Tarajal. La magistrada había solicitado expresamente información sobre esta cuestión para disponer de una reconstrucción de las consecuencias del episodio.
La cifra refuerza la dimensión excepcional de unos acontecimientos en los que decenas de miles de personas intentaron acceder a Ceuta en un periodo muy reducido. El Gobierno ha sostenido que aproximadamente nueve de cada diez personas que lograron entrar regresaron posteriormente a Marruecos, mientras miles permanecieron en territorio español.
Un informe policial apunta a Marruecos
La respuesta de la Guardia Civil debe diferenciarse de otro documento que ya se encuentra en manos de Tardón y que ha provocado una fuerte crisis política: el elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.
Ese informe analiza vídeos, publicaciones en redes sociales, dispositivos y testimonios, y describe una movilización planificada en la que aparecen fuerzas de seguridad marroquíes permitiendo e incluso, según el análisis policial, orientando determinados movimientos hacia territorio español. El documento sostiene que existió planificación, aunque no ha podido identificar a los responsables de la «dirección estratégica» ni acreditar una orden directa del Gobierno de Marruecos.
La diferencia resulta importante. El oficio conocido este viernes responde fundamentalmente a qué sabía y cómo actuó la Guardia Civil, mientras que el documento del CENIF analiza el desarrollo y posible organización de los acontecimientos. La Jefatura de Información de la Guardia Civil no señala ni exonera a Rabat en su respuesta a Tardón.
El Gobierno publicará los documentos
La Guardia Civil confirma el aviso del CNI sobre Ceuta justo cuando Pedro Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo hará pública la documentación disponible sobre las alertas anteriores a los acontecimientos. El presidente comunicó este jueves en el Congreso su intención de desclasificar y difundir los informes en la medida en que la legislación y la protección de las fuentes de Inteligencia lo permitan.
El Gobierno prepara un dosier que, según fuentes del Ejecutivo, incluirá alrededor de una decena de documentos de distintos organismos. Su publicación deberá pasar previamente por el Consejo de Ministros y tendrá como objetivo reconstruir cronológicamente qué información manejaba cada departamento antes de la entrada masiva.
Esa documentación resultará clave para resolver una cuestión que ha dominado el debate político durante las últimas semanas: no solo si hubo avisos, sino qué decían exactamente, quién los recibió, cuándo llegaron y qué decisiones se tomaron después.
La respuesta enviada ahora a Tardón despeja al menos una de esas incógnitas. El CNI sí trasladó a la Guardia Civil información sobre la posibilidad de una entrada masiva antes del 30 de julio. Lo que queda por determinar es si aquella alerta contenía elementos suficientes para haber activado un dispositivo extraordinario y hasta qué punto los distintos escalones de la Administración conocieron el riesgo que se aproximaba.
