Un nuevo episodio sacude la investigación sobre la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Fuentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil aseguran que el general de división Antonio Peláez Piñeiro ordenó retirar del informe destinado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón las referencias a Marruecos y a la actuación de agentes marroquíes que los investigadores habían manejado durante las semanas anteriores.

La información, publicada en exclusiva este domingo por El Español, sostiene que la orden se produjo después de conocerse el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, mucho más extenso y en el que sí aparecían indicios sobre el comportamiento de agentes marroquíes durante la invasión de Ceuta. Según esas fuentes, Peláez reunió a los integrantes de la UCE-3 y dejó claro que el documento de la Guardia Civil no debía seguir «la misma línea».

Una orden que sacude Información

La supuesta orden de excluir a Marruecos del informe de la Guardia Civil se habría transmitido cuando el documento todavía no estaba firmado. La UCE-3 llevaba semanas trabajando en él y, según las fuentes internas citadas por el periódico, disponía de información que apuntaba en una dirección semejante a la seguida por los investigadores de la Policía Nacional.

Peláez habría convocado el jueves a responsables de esta Unidad Central Especial, dedicada precisamente a cuestiones relacionadas con seguridad nacional y elementos potencialmente desestabilizadores del Estado. En la reunión participaron, de acuerdo con esas fuentes, tanto miembros implicados directamente en la elaboración del documento como otros agentes de Información.

El mensaje atribuido al general fue inequívoco: no quería que con la Guardia Civil ocurriera lo mismo que había sucedido con el informe policial, cuyo contenido había terminado trascendiendo públicamente, y el nuevo documento no iba a entrar en la responsabilidad de Marruecos.

Es importante la precisión: se trata del relato de fuentes internas de la Guardia Civil publicado por El Español. No consta por ahora una resolución judicial que haya determinado que Peláez manipuló un informe ni que existiera una orden política para hacerlo.

De las cámaras del SIVE al documento final

La controversia aumenta porque los investigadores de Información disponían, según las mismas fuentes, de material propio. Los miembros de la UCE-3 habrían observado durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio, mediante las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la presencia sobre el terreno de personas identificadas por los investigadores como integrantes de los servicios marroquíes.

Esa información ya había sido adelantada en agosto. Sin embargo, las referencias terminaron fuera del documento definitivo remitido a la Audiencia Nacional.

Las fuentes citadas sostienen igualmente que los trabajos preparatorios contenían información de inteligencia recibida antes del 30 de julio que advertía de la posibilidad de una «entrada masiva». Ese extremo resulta especialmente sensible porque uno de los principales interrogantes de la investigación consiste precisamente en determinar qué sabía cada organismo antes de que decenas de miles de personas alcanzaran la frontera.

La versión finalmente remitida por la Guardia Civil reconoció comunicaciones anteriores con organismos estatales, incluido el CNI, pero sostuvo que ninguna anticipaba la dimensión que terminaron alcanzando los acontecimientos.

Peláez se reúne con el DAO

La secuencia descrita por las fuentes incorpora otro movimiento especialmente relevante. Después de aquella primera reunión, Peláez se habría desplazado hasta la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para entrevistarse con el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.

Según la información publicada, posteriormente regresó a las dependencias de Información y volvió a reunir al equipo.

Las fuentes consultadas llegan a hablar de «instrucciones políticas», aunque esa caracterización procede de los testimonios recogidos por el periódico y no está acreditada judicialmente. Tampoco existe, con la información pública disponible, prueba documental conocida que permita establecer quién habría originado una eventual instrucción política.

La supuesta orden de excluir a Marruecos del informe de la Guardia Civil adquiere precisamente relevancia por el resultado posterior: un documento extraordinariamente breve frente al elaborado por la Policía Nacional.

Cinco páginas frente a 55

El contraste entre ambos cuerpos ya había provocado preguntas antes de conocerse esta nueva información. El informe remitido por la Jefatura de Información de la Guardia Civil consta de cinco páginas, según fuentes judiciales citadas por Cadena SER, mientras el documento del CENIF de la Policía alcanza alrededor de 55 páginas.

Existe, no obstante, una explicación alternativa que debe incorporarse: fuentes conocedoras del informe de la Guardia Civil señalaron anteriormente que el Instituto Armado no abordó el origen de la entrada masiva ni el eventual papel de Marruecos porque la juez no le había formulado específicamente esa pregunta.

La magistrada había solicitado a la Guardia Civil información concreta sobre los avisos recibidos en los días anteriores, el dispositivo desplegado, las operaciones de salvamento y los fallecimientos. El informe reconoce comunicaciones previas, aunque sostiene que ninguna permitió anticipar la verdadera magnitud del episodio.

La nueva revelación introduce ahora una cuestión diferente: según las fuentes de la propia unidad citadas por El Español, la ausencia de referencias a Marruecos no obedeció únicamente al perímetro de las preguntas judiciales, sino también a una instrucción expresa de Peláez.

La Policía sí puso el foco en Marruecos

La diferencia resulta todavía mayor al observar el trabajo del CENIF. La Policía Nacional examinó vídeos, publicaciones en redes sociales, teléfonos y fotografías para reconstruir lo sucedido antes y durante la invasión.

Su informe describe una movilización organizada y habla de «guiado activo» por parte de agentes marroquíes uniformados y de paisano. El documento incorporó además 32 fotografías relacionadas con la actuación de esos efectivos y señaló comportamientos que, según los investigadores, resultaban incompatibles con una simple gestión ordinaria de la frontera.

El análisis policial no establece, sin embargo, que exista prueba concluyente de que el Gobierno de Marruecos ordenara desde Rabat toda la operación. Esa distinción resulta esencial. Los investigadores describen indicios sobre la actuación de agentes sobre el terreno y una movilización que consideran organizada, pero determinar una eventual responsabilidad estatal exige un nivel probatorio diferente.

La investigación también constató la extraordinaria importancia de las redes sociales y los grupos de mensajería utilizados para movilizar a miles de personas hacia Ceuta.

Los teléfonos apuntaban mayoritariamente a Marruecos

Uno de los elementos más llamativos del análisis del CENIF afecta precisamente a la campaña digital previa. Según datos del informe conocidos esta semana, el 90,8% de los teléfonos que participaron en la agitación de la marcha hacia Ceuta tenían prefijo marroquí.

Los investigadores detectaron mensajes distribuidos mediante Instagram, TikTok, Facebook y posteriormente grupos privados de WhatsApp. Entre ellos circularon informaciones falsas que aseguraban que la frontera estaba abierta y animaban a desplazarse inmediatamente hasta Ceuta.

La Policía identificó alrededor de una veintena de grupos y consideró que la difusión presentaba una estructura suficientemente sofisticada como para requerir conocimientos especializados. El análisis forma parte del conjunto de indicios utilizados por el CENIF para rechazar que todo respondiera a una concentración completamente espontánea.

El dato no demuestra por sí mismo quién estaba detrás de la movilización, pero proporciona una pieza adicional para reconstruir cómo se produjo.

Interior niega una autoría de Rabat

El Ministerio del Interior ha mantenido durante los últimos días una interpretación mucho más prudente. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostiene que no existe un informe policial que permita atribuir a las fuerzas de seguridad marroquíes la «planificación o ejecución» de toda la entrada masiva.

El Gobierno diferencia así entre la posible actuación de agentes concretos y la existencia de una decisión organizada desde las autoridades políticas de Marruecos.

También se ha producido una fuerte controversia sobre el alcance probatorio del informe del CENIF. El Ejecutivo sostiene que los elementos recogidos no permiten concluir que Rabat diseñara la operación y ha defendido que otras informaciones de inteligencia tampoco permiten establecer esa autoría de forma concluyente.

La investigación de la Audiencia Nacional será, en última instancia, la que determine qué valor concede a los diferentes informes y si existen elementos suficientes para avanzar hacia responsabilidades concretas.

Un DAO investigado en otra causa

La figura de Manuel Llamas añade otra capa política al episodio. El DAO de la Guardia Civil continúa en su puesto mientras figura como investigado en el denominado caso Leire, una causa completamente distinta de la investigación sobre Ceuta.

En julio, el Ministerio de Defensa descartó iniciar en ese momento un procedimiento disciplinario contra Llamas después de su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. El criterio jurídico fue que no procedía abrir expediente disciplinario en aquella fase de la investigación. Llamas mantiene, por supuesto, la presunción de inocencia y no existe condena contra él por esos hechos.

Su situación adquiere relevancia ahora únicamente porque las fuentes de Información sitúan la reunión entre Peláez y el DAO en mitad del proceso de elaboración del documento para la Audiencia Nacional.

La existencia de esa reunión no demuestra por sí misma que se impartiera una orden ilícita. Lo que convierte el episodio en noticia es el contenido que las fuentes internas atribuyen a las instrucciones posteriores.

La pregunta que llega ahora a la Audiencia

La supuesta orden de excluir a Marruecos del informe de la Guardia Civil abre así una nueva incógnita sobre una investigación que ya había generado fuertes tensiones entre Interior, Policía, Guardia Civil y la Audiencia Nacional.

Hasta ahora podía sostenerse que las diferencias entre ambos informes respondían al distinto encargo recibido por cada cuerpo. Desde este domingo existe una acusación mucho más grave: fuentes de la propia Jefatura de Información aseguran que había datos sobre Marruecos en los trabajos preparatorios y que una orden superior impidió que llegaran al documento definitivo.

Será necesario determinar si esa versión puede acreditarse documentalmente, si existieron borradores anteriores, qué información manejaba exactamente la UCE-3 y cuáles fueron las instrucciones transmitidas entre Peláez y Llamas.

Por ahora hay dos realidades claramente diferenciadas: la Policía entregó un extenso informe que analiza la actuación de agentes marroquíes y la Guardia Civil remitió otro mucho más breve que no entra en esa cuestión. Lo que queda por esclarecer es si esa diferencia fue consecuencia del encargo de la juez o, como sostienen ahora fuentes internas del Instituto Armado, de una decisión deliberada tomada desde la cadena de mando.