El caso Plus Ultra vuelve a colocar a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la actualidad judicial. Julio Martínez Sola, expresidente y fundador de la aerolínea, ha comparecido este lunes durante cerca de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y ha ratificado la versión que ya había trasladado por escrito antes del verano: en la compañía daban por hecho que la comisión equivalente al 1% del rescate público estaba vinculada al denominado «grupo Zapatero», formado, según su interpretación, por el expresidente socialista y el empresario Julio Martínez Martínez.

La cantidad resulta especialmente relevante. Plus Ultra recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros concedido a través de la SEPI, por lo que ese 1% equivalía a aproximadamente 530.000 euros. Martínez Sola sostiene que la compañía aceptó realizar esos pagos porque atravesaba una situación financiera límite y temía que la operación no saliera adelante. Su declaración, no obstante, contiene un matiz fundamental: el empresario reconoce que no sabe qué gestiones concretas realizó Zapatero ante la Administración y que el dinero no se entregó directamente al expresidente.

El 1% que apunta a Zapatero

La declaración del expresidente de Plus Ultra sobre Zapatero supone un nuevo episodio en una investigación que todavía se encuentra en fase de instrucción. Martínez Sola ha comparecido como investigado y ha mantenido ante el magistrado que en la dirección de la aerolínea asumieron que aquel porcentaje estaba destinado a remunerar las gestiones realizadas para conseguir financiación pública.

Distintos medios presentes en la información judicial coinciden en el núcleo de su testimonio. Martínez Sola ha explicado que Plus Ultra aceptó pagar porque se encontraba en una situación extrema y necesitaba garantizar la supervivencia de la compañía. Según El Independiente, el empresario declaró que entendían que Julio Martínez Martínez actuaba en nombre de Zapatero, aunque tampoco pudo concretar qué actuaciones realizó el empresario para favorecer el rescate.

Europa Press también recoge que Martínez Sola ratificó que dedicaron el equivalente al 1% del rescate a la supuesta mediación de Zapatero, pero sin poder especificar las gestiones desarrolladas por el expresidente socialista.

La diferencia resulta jurídicamente importante: existe el testimonio de un investigado sobre lo que él entendía que ocurría, pero corresponde a la investigación determinar si hubo realmente una intervención irregular y quién terminó beneficiándose de los pagos.

Una llamada desde un número oculto

Uno de los episodios más llamativos de la declaración del expresidente de Plus Ultra sobre Zapatero se remonta al 30 de abril de 2020, cuando la pandemia había paralizado prácticamente el tráfico aéreo y la compañía buscaba desesperadamente financiación.

Martínez Sola sostiene que recibió una llamada procedente de un número oculto y que al otro lado estaba Zapatero. La conversación habría durado aproximadamente diez minutos. El empresario explicó al expresidente la delicada situación económica de Plus Ultra y su necesidad de obtener financiación. De acuerdo con la versión aportada por la excúpula de la compañía, Zapatero señaló entonces que podía ayudar y que personas de su entorno entrarían en contacto con la aerolínea.

La existencia y contenido de esa conversación forman parte del relato de los investigados y están siendo examinados judicialmente. EFE ya había recogido antes de la comparecencia que Martínez Sola situaba en Zapatero una «pretensión de cobrar» relacionada con la mediación para conseguir el préstamo público.

A partir de ahí aparece una figura central en la investigación: Julio Martínez Martínez, empresario próximo a Zapatero y propietario de Análisis Relevante.

530.000 euros entre varias sociedades

La investigación no gira únicamente alrededor de conversaciones. Uno de sus elementos centrales es reconstruir el destino de aproximadamente 530.000 euros, cantidad equivalente al 1% de los 53 millones concedidos a Plus Ultra.

Según los escritos presentados por los antiguos responsables de la aerolínea, los pagos se realizaron entre 2020 y 2025 mediante diferentes sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez. La documentación recogida por RTVE detalla 249.000 euros para Análisis Relevante, 98.617 euros para Voli Analítica y 110.799 euros para Domotic Europe, además de unos 69.000 euros que se habrían satisfecho en especie mediante billetes de clase business. Esas cantidades, sumadas, se aproximan al compromiso global de 530.000 euros descrito por los investigados.

La declaración del expresidente de Plus Ultra sobre Zapatero refuerza ante el juez la tesis que Martínez Sola ya había plasmado por escrito: la dirección de la aerolínea relacionaba aquellos pagos con el éxito de las gestiones para conseguir financiación.

Sin embargo, esto no significa que esté judicialmente probado que Zapatero recibiera personalmente esos 530.000 euros. El dinero se canalizó hacia sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez y precisamente uno de los objetivos de la instrucción consiste en reconstruir los movimientos económicos y determinar sus destinatarios finales.

Facturas por informes cuestionados

La documentación aportada por la excúpula de Plus Ultra añade otro elemento que investiga la Audiencia Nacional. Se habrían emitido alrededor de 40 facturas, por cantidades comprendidas entre 6.050 y 7.250 euros, utilizando conceptos relacionados con honorarios mensuales y elaboración de informes.

Los propios antiguos directivos han cuestionado ahora la realidad o utilidad de esos trabajos. Según su versión, no existió el informe que aparentemente justificaba algunos pagos o los documentos entregados tenían escasa relevancia para las necesidades reales de Plus Ultra. La investigación deberá determinar qué servicios se prestaron efectivamente y si la facturación respondía a trabajos reales o tenía otra finalidad.

Esta nueva posición de Martínez Sola contrasta además con su comparecencia de febrero de 2026 en el Senado. Entonces defendió que en el rescate «no hubo trato de favor, ni injerencias ni ayudas ilícitas» y sostuvo que la operación había seguido un procedimiento reglado sometido a controles.

Ahora, ante el juez y dentro de una investigación penal, su relato incorpora elementos considerablemente diferentes sobre las circunstancias en las que Plus Ultra aceptó pagar por las gestiones relacionadas con la obtención de financiación.

De negar favores a señalar pagos

El cambio entre ambas versiones se ha convertido inevitablemente en uno de los puntos más llamativos de la jornada. Cuando compareció ante la comisión de investigación del Senado, Martínez Sola defendió la regularidad del procedimiento y afirmó que nadie había regalado nada a Plus Ultra.

Meses después, ha ratificado judicialmente que la compañía aceptó desembolsar un porcentaje vinculado al resultado de las gestiones. Según El País, el antiguo responsable de la compañía ha reconocido que no existió un verdadero trabajo de consultoría que justificara determinados pagos y sostiene que estos estaban relacionados con conseguir que la operación de financiación terminara teniendo éxito.

El cambio de estrategia de la antigua dirección de Plus Ultra comenzó antes del verano. Martínez Sola y el exconsejero delegado Roberto Roselli abandonaron sus cargos después de presentar escritos ante la Audiencia Nacional en los que detallaban su relación económica con Julio Martínez Martínez y el entorno investigado.

Roselli está citado para comparecer este martes, 8 de septiembre, por lo que su declaración permitirá comprobar hasta qué punto coincide con el relato ofrecido este lunes por Martínez Sola.

Zapatero está investigado, no condenado

La situación procesal de Zapatero obliga a mantener una distinción esencial. El expresidente del Gobierno está investigado en la causa, pero no existe una sentencia que haya determinado su responsabilidad penal por estos hechos.

El juez José Luis Calama mantiene abierta una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La instrucción trata de esclarecer si alrededor del rescate de Plus Ultra existió una estructura que utilizó contactos políticos para obtener beneficios económicos.

El magistrado ha encargado además a la UDEF un estudio sobre la evolución del capital social de Plus Ultra y el peso de la inversión venezolana en la compañía. La investigación policial se extiende asimismo a movimientos económicos relacionados con Zapatero, familiares, colaboradores y distintas sociedades, según la información incorporada al procedimiento.

Zapatero ha combatido judicialmente la investigación y ha planteado recursos contra las decisiones del magistrado. La existencia de estas diligencias, por tanto, no permite presentar como probado que cobrara una comisión ilegal ni que cometiera los delitos investigados.

La incógnita de las gestiones

Aquí se encuentra precisamente una de las principales debilidades que todavía debe resolver la investigación. Martínez Sola asegura que la aerolínea asumía que los pagos estaban relacionados con Zapatero, pero reconoce que no hizo un seguimiento de las gestiones concretas realizadas para obtener el rescate.

Cadena SER señala además que, durante su declaración, el antiguo presidente de Plus Ultra explicó que Zapatero no le pidió directamente una contraprestación. Su relato sitúa el pago en la relación posterior con Julio Martínez Martínez y en la percepción de la compañía de que este último actuaba como intermediario del expresidente.

Ese matiz será fundamental para Calama. Una cosa es acreditar que existieron pagos a sociedades relacionadas con una persona próxima a Zapatero y otra distinta demostrar que el expresidente ordenó, recibió o se benefició de una comisión a cambio de ejercer una influencia irregular sobre organismos públicos.

La declaración del expresidente de Plus Ultra sobre Zapatero aporta una pieza importante, pero no resuelve por sí sola esa incógnita.

Un rescate de 53 millones bajo la lupa

Plus Ultra recibió en marzo de 2021 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. La ayuda se concedió en plena crisis provocada por la pandemia, cuando numerosas compañías afrontaban graves problemas de liquidez derivados de las restricciones.

Desde entonces, el rescate ha estado rodeado de polémica política y judicial. La actual investigación trata de esclarecer tanto los pagos realizados alrededor de las gestiones para conseguir financiación como determinadas operaciones vinculadas al accionariado y al origen del capital de la aerolínea.

El asunto ha adquirido una dimensión mucho mayor después de que los antiguos responsables de Plus Ultra decidieran colaborar con la investigación y modificaran sustancialmente el relato que habían mantenido públicamente.

Ahora la Audiencia Nacional tendrá que determinar qué parte de esas declaraciones puede respaldarse con documentación bancaria, comunicaciones, contratos y otras pruebas independientes. El testimonio de Martínez Sola abre una vía, pero la responsabilidad penal de cada investigado dependerá de las pruebas que consiga reunir el procedimiento.

El martes declara el antiguo CEO

La siguiente cita importante llegará inmediatamente. Roberto Roselli, antiguo consejero delegado de Plus Ultra, está llamado a declarar este martes ante Calama y su testimonio puede convertirse en otra pieza relevante para reconstruir cómo se negociaron los pagos.

Martínez Sola y Roselli presentaron antes del verano versiones que apuntaban en una dirección semejante. Ambos reconocieron la existencia del compromiso económico del 1% y situaron a Julio Martínez Martínez como figura fundamental de las gestiones. La comparecencia de Roselli permitirá conocer si mantiene íntegramente esa versión cuando responda directamente ante el magistrado.

Mientras tanto, la frase pronunciada este lunes por el antiguo presidente de la aerolínea concentra buena parte del impacto político del caso: daba por hecho que aquel porcentaje estaba relacionado con el «grupo Zapatero».

Pero será la Audiencia Nacional, y no las declaraciones de los distintos investigados, la que tendrá que establecer si aquellos 530.000 euros vinculados al rescate de Plus Ultra fueron el precio de servicios legítimos, una comisión por intermediación o parte de una actuación ilícita.