Creada bajo criterios ideológicos, la ley abre la puerta a que se privatice el servicio con entidades del lobby animalista
Entre los absurdos de la ley animalista figura la obligación de que miles de pueblos pequeños, que ni siquiera disponen de médico residente, deban costear un servicio de urgencia veterinaria 24 horas al día los 365 días del año.
En dicha ley, basada en criterios ideológicos y de espaldas a los afectados por ella, se incluyen anhelos del ecologismo de salón urbanita -convenientemente monetizados- como la gestión de colonias felinas y la atención sanitaria y clínica a mascotas 24 horas al día.
Socialismo: animales mejor tratados que las personas
En concreto, el art.22 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece lo siguiente:
“Corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las 24 horas del día”.
La imposición de la ley en ayuntamientos pequeños, donde ni siquiera existe un servicio similar para cuidar la salud de sus habitantes, abre la puerta a que el nuevo servicio obligatorio se externalice en entidades afines al lobby animalista.
Negocio para afines ideológicos del lobby animalista
La ley, que ignora e incluso genera problemas nuevos a los habitantes de la llamada España Vaciada, sí tiene en cuenta el bienestar de los conmilitones ideológicos, pues especifica que la atención 24x7 a los animales podrán realizarla “servicios municipales competentes o entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realicen en colaboración con entidades de protección animal”.
Una ley animalista creada sin escuchar a los afectados ni a los veterinarios
Según ha señalado ‘Jara y Sedal’, en la creación del citado artículo de la ley animalista, en ningún momento se contó con la opinión de los ayuntamientos afectados, ni se tuvo en cuenta al propio colectivo de veterinarios, que también se mostró contrario a la norma.
El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo Sáez, explicó que “en España hay poco más de 250 veterinarios municipales, que ejercen en ciudades y poblaciones grandes, pero existen algo más de 8.100 ayuntamientos, la inmensa mayoría sin capacidad económica para contar con los servicios veterinarios que la normativa les obliga a prestar”.
Por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, subrayó los problemas que genera esta ley ideológica en las poblaciones más pequeñas, porque “existen en España más de 5.000 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes”.
