Nuevo y severo revés judicial a la estrategia electoral de Pedro Sánchez en el exterior. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción contra nueve diplomáticos y cónsules españoles destinados en enclave estratégicos de Hispanoamérica: La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas. El escrito exige investigar presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa en la concesión masiva de la ciudadanía española al amparo de la polémica 'Ley de Nietos' (derivada de la Ley de Memoria Democrática).
Fotocopias sin cotejar y 'coladero' de requisitos legales
La denuncia, firmada por el secretario general de la entidad, Miguel Bernad, pone al descubierto las gravísimas deficiencias en la tramitación de los expedientes en el extranjero. Según la documentación presentada ante el Ministerio Público, los diplomáticos denunciados habrían incurrido en un alud de irregularidades con tal de aligerar el colapso administrativo y acelerar los trámites de nacionalización.
- Aprobaciones con simples fotocopias: El texto señala que los consulados flexibilizaron de forma temeraria los protocolos de verificación, aceptando solicitudes validadas mediante meras fotocopias, sin realizar el preceptivo cotejo de documentos ni comprobar su autenticidad.
- Vulneración de los plazos del exilio: Se acusa a las delegaciones diplomáticas de admitir de forma ilícita expedientes de aspirantes cuyos antepasados habían emigrado de España antes del 18 de julio de 1936, una maniobra destinada a dar cobertura legal a quienes carecían del derecho exigido por la norma para acceder a la ciudadanía.
La sombra de la hermana de Óscar Puente en la trama normativa
El escándalo salpica de lleno a las altas esferas del Ministerio de Justicia durante la etapa de Sofía Puente Santiago —hermana del ministro Óscar Puente— como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Fue precisamente la hermana del ministro quien, el 25 de octubre de 2022, estampó su firma en la controvertida instrucción administrativa que articuló la 'Ley de Nietos'. Aquella resolución introdujo una «presunción de exilio» arbitraria para cualquier salida de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Manos Limpias fundamenta que la hermana del ministro Puente se extralimitó en sus competencias, dado que una simple instrucción interna no puede ampliar por la vía de atrás los derechos contemplados en una ley de rango superior para regalar la nacionalidad española.
Alerta por el impacto en las elecciones del 29 de noviembre
La maniobra adquiere un tinte de máxima gravedad ante la inminencia de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. La investigación penal abre una profunda brecha sobre la limpieza y composición del censo del Voto CERA (Residentes Ausentes en el Extranjero), bajo sospecha tras la incorporación masiva de miles de nuevos votantes en el continente americano.
El cuestionamiento jurídico coincide, además, con el varapalo del Tribunal Supremo, que ya ha puesto en entredicho los efectos electorales de unos 163.000 nuevos españoles nacionalizados a toda prisa bajo la cobertura de la Ley de Memoria Democrática. Aunque el Defensor del Pueblo ha acudido al Tribunal Constitucional para amortiguar el impacto del Supremo, la denuncia ante Anticorrupción pone de relieve el temor de que la coladero consular responda a una maniobra deliberada para alterar el resultado de las urnas mediante la adquisición exprés de derechos políticos por parte de ciudadanos extranjeros.
Corresponde ahora a la Fiscalía Anticorrupción dilucidar el alcance del fraude y determinar si los diplomáticos incurrieron en los delitos tipificados en los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal.
