El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, eligió un edificio de Madrid recientemente rehabilitado para reclamar el respaldo del Congreso a la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia. Durante la visita, el dirigente recorrió el inmueble acompañado por una de sus vecinas y utilizó el ascensor instalado para mejorar la accesibilidad como uno de los elementos centrales de la puesta en escena de un acto destinado a defender los cambios legislativos impulsados por su departamento.

Bustinduy pidió un «consenso unánime» de las fuerzas parlamentarias para culminar la aprobación de ambas reformas, que serán debatidas en el Congreso después de su paso por el Senado. El ministro llegó a calificarlas como «la mayor reforma social de la legislatura y la mayor transformación del sistema de protección social en décadas», mientras las imágenes difundidas de la visita mostraban al responsable de Derechos Sociales utilizando el nuevo ascensor junto a una residente del edificio.

Sin embargo, el Ministerio que dirige Bustinduy no habría financiado la instalación de ese ascensor, según la información facilitada a este periódico por una propietaria del inmueble después de consultar expresamente el asunto con el presidente de la comunidad. Las ayudas recibidas para las obras procedieron de los fondos Next Generation y del Ayuntamiento de Madrid, mientras que los vecinos tuvieron que hacer frente también a importantes derramas para sufragar la rehabilitación.

Bustinduy no se atribuyó el ascensor, pero tampoco aclaró que su Ministerio no lo había financiado

Existe un matiz relevante. Bustinduy no afirmó durante la visita que el Ministerio de Derechos Sociales hubiera pagado la instalación del ascensor ni se atribuyó expresamente el mérito de su construcción. Sin embargo, tampoco explicó en ningún momento del acto que el departamento que dirige no había participado en la financiación de la obra, según la información disponible y el testimonio recabado por este medio.

La elección del escenario adquiere así especial importancia. El ministro acudió a un inmueble cuya accesibilidad había mejorado gracias a la instalación del ascensor para reivindicar precisamente las políticas de discapacidad y dependencia de su departamento. Las cámaras recogieron su recorrido por las instalaciones y su encuentro con una vecina cuya vida había mejorado después de la ejecución de las obras, mientras Bustinduy reclamaba el apoyo parlamentario a su iniciativa.

La puesta en escena podía asociar visualmente las mejoras realizadas en el inmueble con el mensaje político que el ministro pretendía trasladar sobre la actuación de su departamento. Lo que no se explicó durante esa presentación es que el Ministerio de Derechos Sociales no había aportado fondos para instalar el ascensor, de acuerdo con la versión trasladada a este diario por una de las propietarias tras consultar al presidente de la comunidad.

Los vecinos afrontaron importantes derramas para rehabilitar el edificio

La propietaria que ha hablado con este periódico, y cuya identidad se mantiene en el anonimato, asegura haber desembolsado alrededor de 40.000 euros por las actuaciones realizadas en el inmueble. Esa cantidad, conviene precisar, no corresponde exclusivamente al ascensor, sino al conjunto de una profunda rehabilitación que incluyó diferentes intervenciones necesarias debido a la antigüedad y al deterioro del edificio.

Según relata la vecina, los propietarios tuvieron que afrontar diferentes pagos conforme avanzaban las obras. Primero abonaron «mil y pico» euros, posteriormente alrededor de 34.000 y finalmente otros 5.000 euros correspondientes a nuevas actuaciones, entre ellas la instalación de placas solares.

La reforma contempló también el revestimiento del edificio debido al deterioro que presentaban los ladrillos y a las filtraciones de agua que estaban afectando a algunas viviendas, además de las actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad. «He pagado 40.000 pavos», explica la propietaria, que asegura que el desembolso obligó a algunos residentes a recurrir a préstamos personales.

En su caso, sostiene que tuvo que tomar una decisión todavía más drástica para afrontar el coste de la rehabilitación. «Tenía un apartamento en Ávila y lo tuve que vender para pagar la derrama», asegura en conversación con este medio.

Las ayudas procedieron de fondos Next Generation y del Ayuntamiento de Madrid

Después de conocer la visita de Bustinduy y comprobar las fotografías difundidas del acto, la propietaria decidió averiguar si el Ministerio de Derechos Sociales había participado económicamente en las obras. Para ello, según explica, trasladó directamente la consulta al presidente de la comunidad de propietarios.

La respuesta recibida, siempre según el testimonio facilitado a este periódico, fue que el edificio no había recibido ninguna ayuda del Ministerio dirigido por Bustinduy para estas actuaciones. Las subvenciones públicas vinculadas a la rehabilitación procedieron de fondos europeos Next Generation y del Ayuntamiento de Madrid.

Esto significa que las obras sí contaron con financiación pública, por lo que no puede afirmarse que toda la rehabilitación fuera sufragada exclusivamente por los propietarios. Lo relevante respecto a la visita ministerial es que esa financiación no habría procedido del departamento cuyo responsable utilizó posteriormente el inmueble como escenario para defender su política de discapacidad y dependencia.

«Como que quieren apuntarse el tanto»

La propietaria cuestiona precisamente la utilización política que, a su juicio, se hizo posteriormente de las instalaciones. Explica que comenzó a interesarse por lo ocurrido después de observar las numerosas fotografías de la visita que circulaban en el grupo de WhatsApp de la comunidad.

«Como que quieren apuntarse el tanto, como que lo hubieran movido ellos, y lo hemos pagado todos», lamenta la vecina. Se trata de su valoración sobre la visita y no de una afirmación realizada por Bustinduy, que en ningún momento aseguró haber financiado personalmente ni a través de su Ministerio la instalación.

La crítica de la propietaria tampoco cuestiona la utilidad del ascensor. El inmueble es antiguo y, según su relato, necesitaba una rehabilitación importante. Su reproche se centra en que una infraestructura por la que los propietarios han tenido que realizar un considerable esfuerzo económico terminase convertida en escenario de un acto político de un Ministerio que, según la información que asegura haber confirmado con el presidente de la comunidad, no contribuyó a financiarla.

El ascensor, escaparate para reclamar el respaldo del Congreso

Bustinduy utilizó la visita para reclamar a los grupos parlamentarios que respalden definitivamente la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia. El ministro considera que los cambios representan una de las principales transformaciones sociales de la legislatura y escogió un caso concreto de mejora de la accesibilidad para acompañar visualmente su mensaje.

El problema no reside, por tanto, en que Bustinduy afirmase haber pagado una obra que no financió. No lo hizo. La cuestión es que utilizó el ascensor como escenario para defender la actuación política de su departamento sin aclarar durante el acto que su Ministerio no había participado económicamente en su instalación, según la información recabada por este periódico.

Mientras el responsable de Derechos Sociales reclamaba un «consenso unánime» para sacar adelante su reforma, algunos de los propietarios del edificio todavía tenían muy presente el coste de unas obras por las que tuvieron que afrontar importantes derramas. Una de ellas asegura haber desembolsado cerca de 40.000 euros y haber vendido otra propiedad para poder pagarlas.

La imagen política y la realidad económica de la comunidad confluyeron así en el mismo ascensor: Bustinduy lo utilizó para ejemplificar la importancia de la accesibilidad y defender su reforma, mientras una propietaria denuncia que el ministro no explicó que el departamento que dirige no había financiado aquella instalación.