La sustituta del condenado, Teresa Peramato, evita pierda su condición de fiscal y le deja regresar a la carrera con posibilidad de promoción
Como el condenado no entra en la cárcel, se le permite ejercer en otro puesto y no se le expulsa de la carrera fiscal. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, firmó el decreto que archiva el expediente disciplinario abierto contra Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo por el grave delito de revelación de secretos. Esta resolución de la sustituta del condenado evita que este pierda de forma definitiva su condición de fiscal y le permite volver a ejercer en la Carrera Fiscal.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal, le impuso una multa de 7.200 euros y le aplicó una inhabilitación especial para el cargo de fiscal general durante dos años, aunque sin pena de prisión.
Interpretación favorable de la norma
La Fiscalía aplicó por analogía el artículo 379 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que solo aparta de manera permanente a jueces y magistrados cuando reciben pena privativa de libertad por delito doloso. Fuentes internas explicaron a The Objective que el artículo 32.1 del Reglamento de la Carrera Fiscal no provoca la pérdida de la condición porque la inhabilitación resulta especial y concreta y no general para todo cargo público.
Además, recurrieron al artículo 44 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por analogía y sustituyeron cualquier suspensión por una sanción menor, dado que la pena de prisión no superó los seis meses y no ingresó en prisión.
Regreso al Supremo y posible ascenso
Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal de Sala en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que se ocupa de la jurisdicción Social. Fuentes consultadas indican que podría optar a la plaza de jefe de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio, vacante desde que Antonio Vercher se jubiló en septiembre. García Ortiz cuenta con experiencia en esta materia: ejerció como delegado de Medio Ambiente en Galicia y representó al Ministerio Público en el juicio del caso Prestige.
Mientras tanto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado preparan un incidente de nulidad o corrección de la sentencia del Supremo para presentarlo ante el Tribunal Constitucional. Con esta acción buscan anular o modificar el fallo condenatorio que recayó sobre el exfiscal general.
