El Ministerio del Interior destinará 290.850 euros a la oficina en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para financiar durante 2026 la participación de cinco especialistas en los procedimientos de protección internacional. Entre las funciones que el acuerdo atribuye expresamente a estos trabajadores figura la mejora de la tramitación de las solicitudes de asilo, con una atención específica a aquellas «formalizadas por menores no acompañados».
El acuerdo internacional administrativo, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 11 de septiembre, fue firmado los días 3 y 4 de agosto por la representante en funciones de ACNUR en España, Carolina Mateos Orellana, y la subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo Sanz, esta última por delegación de firma del ministro. El documento entró en vigor el pasado 4 de agosto y tendrá efectos durante el ejercicio 2026.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska financiará así la participación de ACNUR en el sistema español de protección internacional. Los 290.850 euros no están reservados exclusivamente a expedientes de menores extranjeros no acompañados, sino al conjunto de las actuaciones previstas para estos cinco especialistas. Sin embargo, el propio acuerdo destaca expresamente las solicitudes presentadas por estos menores entre aquellas cuya tramitación se pretende reforzar.
Cinco especialistas para reforzar el asilo y las solicitudes de menores no acompañados
La oficina de ACNUR en España contará con cinco puestos de trabajo especializados en protección internacional que participarán en el procedimiento de reconocimiento previsto por la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Su actividad estará orientada a proporcionar asesoramiento y desarrollar actuaciones destinadas a «fortalecer el procedimiento de asilo». Es precisamente en este apartado donde el acuerdo firmado por Interior y ACNUR introduce una referencia específica a los menores no acompañados.
El BOE establece que estos trabajadores participarán en la mejora de la calidad de la tramitación de solicitudes y pone el acento «en especial [en] las formalizadas por menores no acompañados». A ello se sumará la formación de actores considerados clave para el procedimiento de asilo dentro del propio Ministerio y, cuando resulte oportuno y necesario, la prestación de servicios de interpretación de lenguas.
La misma prioridad aparece recogida entre los compromisos económicos asumidos por Interior. El Ministerio se obliga a financiar la participación de los cinco especialistas para desarrollar esas labores de asesoramiento y mejora de la tramitación, volviendo a mencionar específicamente las solicitudes formalizadas por menores no acompañados.
Interior transferirá 290.850 euros a ACNUR en un único pago
El coste previsto para las arcas públicas asciende exactamente a 290.850 euros durante 2026, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01.131P.490. El acuerdo establece que la aportación se realizará de una sola vez a la sede de ACNUR en España, una vez firmado el documento y previa justificación del gasto correspondiente al ejercicio anterior.
El anexo presupuestario permite conocer además el destino previsto para cada partida. Un total de 273.099 euros corresponde a costes de personal, asesoramiento y formación y al servicio de intérprete contratado por ACNUR. Los 17.751 euros restantes se destinarán a costes indirectos, equivalentes al 6,5 % de los costes directos.
Ese porcentaje destinado a costes indirectos responde, según recoge el documento, a las propias normas internas de ACNUR. El acuerdo también especifica que el dinero aportado por Interior no cubrirá íntegramente los costes salariales de los cinco puestos, por lo que la parte restante será sufragada por el organismo de Naciones Unidas.
ACNUR tendrá que justificar en 2027 en qué ha gastado el dinero
La transferencia de los 290.850 euros estará sometida posteriormente a mecanismos de control y justificación. Durante el primer trimestre de 2027, ACNUR deberá presentar ante la Dirección General de Protección Internacional una memoria final de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos durante 2026, acompañada de la correspondiente documentación justificativa de los gastos.
Si después de ejecutar las actuaciones quedara dinero sin utilizar, ACNUR tendrá que devolver el remanente al Ministerio del Interior en el plazo de un mes desde la presentación de la certificación del gasto. El acuerdo también contempla una comisión de seguimiento presidida por la Dirección General de Protección Internacional y con representación de ambas instituciones. Según el BOE, su funcionamiento no generará gasto alguno.
ACNUR ya interviene en el sistema español de asilo
La participación del organismo internacional en estos procedimientos no nace con esta transferencia. La legislación española atribuye desde hace años un papel a ACNUR dentro del sistema de protección internacional y la propia Ley de Asilo regula su intervención.
El acuerdo recuerda además que España y ACNUR mantienen un Acuerdo Marco de Cooperación firmado en Ginebra en diciembre de 2002 y sostiene que la participación del organismo constituye una de las garantías del sistema español de asilo.
La novedad económica para 2026 está en los 290.850 euros que aportará Interior para financiar la actividad de los cinco especialistas. Estos trabajadores participarán en tareas de asesoramiento, formación, interpretación y mejora de la tramitación de expedientes de protección internacional, con una referencia expresa del BOE a las solicitudes presentadas por menores no acompañados.
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