Incluye vuelos, hoteles, alquileres, visados y helicópteros
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una licitación por un importe máximo de 604,8 millones de euros destinada a gestionar los viajes oficiales de los ministerios, organismos y entidades públicas estatales durante un periodo de 18 meses. El procedimiento aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El contrato engloba una amplia variedad de servicios relacionados con los desplazamientos de la Administración pública. Entre ellos se encuentran los billetes de avión y tren, transporte marítimo, ferris, autobuses y helicópteros, además de la reserva de hoteles, alquiler de vehículos, gestión de visados y organización de viajes para grupos.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14:00 horas del 16 de septiembre. El concurso está estructurado en cinco lotes y una misma compañía podrá concurrir a todos ellos, con la posibilidad de resultar adjudicataria de los cinco.
¿Qué servicios incluye el contrato de viajes del Gobierno?
La licitación contempla prácticamente todas las necesidades habituales asociadas a los desplazamientos oficiales de la Administración General del Estado y otros organismos públicos.
El contrato incluye la gestión de viajes en avión, tren, barco, ferry, autobús y helicóptero, así como la contratación de alojamiento y el alquiler de coches, motocicletas y autobuses.
También forman parte del servicio la tramitación de visados y la organización de desplazamientos colectivos. A estas prestaciones se suman determinados servicios adicionales relacionados con los hoteles contratados.
En este último apartado podrán incluirse, cuando sean servicios ofrecidos directamente por el establecimiento, elementos como salas de reuniones, equipos audiovisuales y de comunicación, servicios de restauración o personal auxiliar.
Servicios que quedan fuera
El contrato establece también algunas exclusiones. Entre ellas figuran los servicios de taxi, los trenes de cercanías y el transporte urbano.
Tampoco se contempla el alojamiento en residencias militares o edificios administrativos, ni la contratación de vuelos chárter.
Un contrato de 604,8 millones para 18 meses
El valor máximo estimado de la licitación alcanza los 604,8 millones de euros, una cantidad destinada a cubrir las necesidades de desplazamiento de los organismos incluidos en el contrato durante un año y medio.
Esta cifra representa el importe máximo previsto y no implica que necesariamente se vaya a ejecutar en su totalidad. El gasto final dependerá de las necesidades reales de los ministerios, organismos y entidades públicas durante la vigencia del contrato.
El procedimiento se tramitará mediante un concurso abierto y estará dividido en cinco lotes, correspondientes a diferentes grupos de organismos públicos.
Las empresas deberán acreditar una elevada solvencia económica
Las compañías que quieran optar al contrato deberán cumplir determinados requisitos de capacidad económica y financiera.
En el caso del lote 1, por ejemplo, las empresas tendrán que acreditar un volumen de negocio anual de al menos 6 millones de euros. Para el lote 2, el requisito económico mínimo se sitúa en 4 millones de euros.
Estos criterios buscan garantizar que las compañías adjudicatarias cuentan con la capacidad suficiente para gestionar un volumen elevado de desplazamientos y reservas para la Administración pública.
El precio y los descuentos en vuelos tendrán un peso importante
La adjudicación no dependerá exclusivamente de la oferta económica. Los cargos de gestión tendrán un peso del 40% en la valoración de las propuestas presentadas por las empresas.
A este porcentaje se suma otro 20% correspondiente a los descuentos aplicados sobre la facturación de los servicios aéreos. Por tanto, las condiciones económicas relacionadas con los vuelos tendrán una influencia significativa en el resultado final del concurso.
La Administración también valorará otros aspectos de las ofertas, entre ellos las mejoras en las coberturas de los seguros y el periodo durante el que las empresas se comprometan a mantener las condiciones económicas ofrecidas.
