Vox elevará a los tribunales su ofensiva contra el Gobierno por la gestión de la invasión de Ceuta registrada a finales de julio. La formación ha anunciado este lunes que presentará una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a quienes pretende atribuir presuntos delitos de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones.
El anuncio ha sido realizado por el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, después de que el Comité de Acción Política del partido autorizara la iniciativa. La querella, sin embargo, todavía no se ha presentado, por lo que las acusaciones formuladas por la formación no han sido examinadas ni admitidas por ningún tribunal. Europa Press confirma que la futura acción judicial se dirige contra Sánchez y Marlaska por la gestión de la entrada masiva en Ceuta y recoge los delitos anunciados por Vox.
Vox abre otra vía judicial
La querella de Vox contra Sánchez por Ceuta constituye una nueva vía jurídica distinta de la iniciativa anunciada anteriormente para intentar activar el artículo 102 de la Constitución.
Buxadé ha explicado que la formación pretende concentrar en esta querella aquellos delitos que, según su interpretación, no quedan comprendidos específicamente dentro de la acusación de traición o de los delitos contra la seguridad del Estado. Vox sostiene que la actuación y las omisiones del Ejecutivo durante los acontecimientos de finales de julio podrían tener relevancia penal y pretende que sean los tribunales quienes determinen si existe base para investigar esas conductas.
El anuncio incorpora delitos de enorme gravedad, especialmente el de colaboración con organización terrorista, además de homicidio y lesiones. Sin embargo, su inclusión en una querella política no significa que esos delitos hayan sido cometidos ni que exista una resolución judicial que los atribuya a Sánchez, Marlaska o Calvo.
Será necesario esperar a la presentación formal del escrito, conocer qué hechos concretos imputa Vox a cada querellado y comprobar posteriormente si el órgano judicial competente aprecia indicios suficientes para admitir la acción.
Buxadé vuelve a señalar a Marruecos
El dirigente de Vox ha acompañado el anuncio con algunas de sus acusaciones políticas más duras contra Sánchez. Buxadé ha afirmado que el presidente sería un «agente de Marruecos» y ha acusado al PSOE de actuar como su «red de difusión por toda España».
Son acusaciones políticas de Vox, no hechos acreditados judicialmente.
La formación sostiene desde los acontecimientos del 30 y 31 de julio que la entrada masiva no debe analizarse únicamente como un fenómeno migratorio, sino como una actuación vinculada a Marruecos. Esta tesis ha estado presente en las intervenciones parlamentarias de Vox durante las últimas semanas. En el Congreso, sus diputados han llegado a calificar lo ocurrido como una «invasión» y un supuesto acto de «guerra híbrida orquestado por Marruecos».
Hasta ahora, sin embargo, no existe una conclusión judicial que determine que el Gobierno marroquí ordenó la operación, aunque diferentes informes e informaciones policiales han abierto interrogantes sobre la actuación de agentes marroquíes durante aquellas jornadas.
Esa diferencia es determinante: una cosa son los indicios, testimonios o valoraciones políticas sobre el papel de Marruecos y otra que esté acreditada una decisión estatal marroquí para organizar la entrada.
La ofensiva del artículo 102
La querella de Vox contra Sánchez por Ceuta discurrirá en paralelo a otra estrategia que la formación puso en marcha durante agosto: intentar activar el artículo 102 de la Constitución para reclamar responsabilidades penales al presidente y otros miembros del Ejecutivo por una eventual acusación de traición.
La Constitución establece un procedimiento especialmente exigente. Cuando se pretende acusar al presidente del Gobierno o a alguno de sus ministros por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos durante el ejercicio de sus funciones, la iniciativa debe contar con una cuarta parte de los miembros del Congreso y posteriormente ser aprobada por mayoría absoluta.
Eso significa que Vox no puede poner en marcha el mecanismo en solitario. Buxadé ha señalado que su grupo dispone de 32 diputados y necesita sumar apoyos hasta alcanzar los 88 necesarios para impulsar la iniciativa.
RTVE ya recogió en agosto que Santiago Abascal había anunciado esta estrategia alegando que existían, a juicio de Vox, indicios sobre el conocimiento previo que habría tenido el Gobierno acerca de los acontecimientos de Ceuta.
Prevaricación, terrorismo, homicidio y lesiones
El catálogo de delitos anunciado por Vox convierte esta acción en una de las iniciativas judiciales más graves formuladas por un partido contra el actual Ejecutivo a raíz de lo ocurrido en Ceuta.
La formación habla de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones. Sin embargo, por ahora se desconoce la construcción jurídica completa que utilizará Vox para intentar conectar cada uno de esos tipos penales con decisiones concretas adoptadas por Sánchez, Marlaska o Aina Calvo.
Ese punto será esencial. Una querella penal debe individualizar hechos y explicar qué conducta se atribuye a cada persona, no limitarse a expresar una crítica sobre la gestión política de una emergencia.
Tampoco se conoce todavía sobre qué hechos específicos pretende Vox sustentar la acusación de colaboración con el terrorismo, una figura penal que exige presupuestos muy concretos y que no puede confundirse automáticamente con una supuesta pasividad administrativa, una discrepancia sobre política migratoria o una acusación política de connivencia con otro Estado.
La querella de Vox contra Sánchez por Ceuta, por tanto, abre un nuevo frente, pero su recorrido dependerá de las pruebas y argumentos jurídicos que acompañen al escrito cuando se presente.
Vox habla de una Ceuta «asediada»
Junto a Buxadé ha comparecido el presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, que ha dibujado un escenario especialmente crítico en la ciudad autónoma.
«La situación se degrada por días, puedo decir incluso por horas», ha afirmado. Redondo sostiene que Ceuta continúa sometida a una situación extraordinaria después de la entrada de decenas de miles de personas y ha denunciado la aparición de nuevos asentamientos en distintas zonas de la ciudad.
El dirigente ha utilizado expresiones como «asediada», «ocupada» e «invadida» para describir la situación, además de cifrar en más de 20.000 las personas que permanecerían en la ciudad. Son afirmaciones de Vox y esa cifra debe distinguirse de los balances oficiales que puedan ir actualizando las administraciones competentes.
La situación en Ceuta sigue condicionando la agenda parlamentaria. La primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso tendrá precisamente la situación de la ciudad autónoma como uno de sus principales asuntos, con preguntas dirigidas especialmente a Marlaska.
El Gobierno bajo presión por Marruecos
La ofensiva de Vox llega además en un momento en el que la explicación sobre el papel de Marruecos continúa generando enfrentamientos políticos.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes que el Gobierno todavía desconoce completamente las causas de la entrada masiva y ha señalado la desigualdad y la pobreza como factores últimos de los movimientos migratorios.
Desde la oposición, sin embargo, se reclama una explicación más detallada sobre la actuación de Rabat y sobre las alertas recibidas por las autoridades españolas antes de los acontecimientos. Vox ha convertido precisamente esas cuestiones en una de las bases de su ofensiva política.
La formación sostiene que hubo advertencias suficientes para actuar de otra manera y que el Gobierno no desplegó las medidas necesarias. El Ejecutivo, por su parte, ha defendido su actuación y mantiene una posición prudente respecto a cualquier acusación directa contra el Estado marroquí.
Las discrepancias sobre ese punto serán previsiblemente fundamentales si finalmente la querella llega a los tribunales.
La querella aún tiene que presentarse
Hay una precisión especialmente importante en esta noticia: Vox ha anunciado y autorizado políticamente la querella, pero todavía no la ha materializado.
Eso significa que aún no existe una resolución judicial, ni una admisión a trámite, ni una investigación abierta a Sánchez o Marlaska por esos delitos como consecuencia de esta iniciativa.
Una vez presentada, corresponderá al tribunal competente estudiar su contenido y decidir si reúne los requisitos necesarios y si los hechos descritos justifican la apertura de diligencias. También podrá rechazarla si considera que no existe base jurídica suficiente.
Por ello, el titular debe reflejar con claridad que es Vox quien acusa y anuncia la acción judicial, no que Sánchez o Marlaska hayan cometido prevaricación o colaboración con el terrorismo.
Una ofensiva política y judicial creciente
La querella de Vox contra Sánchez por Ceuta se suma así a una estrategia más amplia con la que el partido pretende mantener abierta la presión sobre el Ejecutivo por los acontecimientos de finales de julio.
Primero llegó la propuesta de activar el artículo 102 de la Constitución por una eventual acusación de traición. Ahora se incorpora una querella ordinaria con varios delitos que Vox considera derivados de la gestión de la entrada masiva y sus consecuencias.
La batalla tendrá desde este momento tres escenarios distintos: el político, con la exigencia de explicaciones al Gobierno; el parlamentario, mediante el intento de reunir los apoyos necesarios para el artículo 102; y el judicial, si finalmente la querella anunciada este lunes se presenta y supera el primer filtro de admisión.
La clave estará en comprobar qué pruebas aporta Vox para sostener acusaciones tan graves. Hasta entonces, Sánchez, Marlaska y Calvo no pueden ser presentados como responsables de esos delitos, sino como destinatarios de una acción judicial anunciada por un partido de la oposición.
