La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un plazo de 15 días naturales al Consejo de Ministros para que desclasifique documentos e informes relacionados con la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, en una decisión que puede resultar determinante para esclarecer uno de los episodios más graves de la crisis fronteriza.
La magistrada ha elevado una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que reclama, con carácter urgente, la desclasificación de documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluyendo notas e informes difundidos a distintas autoridades desde el 30 de julio de 2026. En particular, exige conocer todos los documentos clasificados relativos a la actuación de las autoridades marroquíes.
Tardón considera que esta información es «indispensable» para averiguar la verdad de lo sucedido y determinar qué responsables políticos y administrativos conocían la convocatoria de la entrada masiva, desde cuándo estaban al corriente y qué decisiones adoptaron —o dejaron de adoptar— ante las alertas recibidas.
La juez también reclama el listado de autoridades que recibieron los informes del 27 y 30 de julio, así como las comunicaciones posteriores, con indicación de las fechas y horas de envío y certificación de su recepción.
La instructora sostiene que la documentación solicitada no compromete la seguridad del Estado, sino que resulta necesaria para esclarecer cómo pudo producirse una vulneración de esa seguridad de semejante magnitud.
Tres marroquíes declararán ante la Audiencia Nacional
La investigación dará un nuevo paso este miércoles, cuando Tardón interrogue presencialmente a tres ciudadanos marroquíes que entraron ilegalmente en Ceuta durante el asalto del 30 de julio. Los tres habían acudido previamente a declarar de forma voluntaria ante la Policía Nacional.
La decisión llega después de que la magistrada escuchara este martes a tres consejeros del Gobierno de Ceuta, quienes coincidieron en denunciar la ausencia de ayuda concreta por parte del Ejecutivo central durante la crisis.
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán, confirmó que mantuvo contactos con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, antes de la entrada masiva. También reveló que propuso instalar boyas en la frontera del Tarajal para frenar las llegadas, una medida que Interior descartó inicialmente por el riesgo de que las mallas atraparan a los inmigrantes, pero que terminó aplicando como elemento disuasorio días después.
Cadáveres de Marruecos
La consejera de Sanidad, Nabila Benzina, relató además que tuvieron que hacerse cargo de 90 cadáveres después de que Marruecos rechazara su entrada, lo que provocó una grave emergencia en una ciudad cuyo Instituto de Medicina Legal apenas disponía de siete plazas.
Por su parte, el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, aseguró haber observado a agentes marroquíes mostrando una actitud de absoluta pasividad mientras miles de personas cruzaban la frontera.
La declaración de los tres consejeros se suma a los testimonios de mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que también apuntaron a la falta de colaboración del Gobierno central.
La decisión de Tardón de reclamar los informes secretos del CNI abre ahora una cuestión fundamental: ¿sabía el Gobierno que se estaba preparando la invasión de Ceuta y por qué no actuó para impedirla? La respuesta puede marcar el futuro de una investigación que amenaza con poner en evidencia la gestión de Sánchez y Marlaska de la seguridad de las fronteras españolas.
